Fue noticia destacada anteayer la adhesión del régimen castrista al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), una institución jurídica financiera de carácter internacional, establecida por los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, mediante convenio constitutivo de fecha 13 de diciembre de 1960.
Adicionalmente, el 23 de septiembre de 1963, Costa Rica fue incluida como miembro fundador. Y mediante protocolo suscrito el 2 de septiembre de 1989, y con vigencia a partir de 1992, se permitió la participación de socios extrarregionales. El Banco inició operaciones el 31 de mayo de 1961, y tiene su sede en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.
El retorno del régimen castrista a las instituciones financieras internacionales, aunque este banco sea relativamente pequeño y su ámbito sea limitado, es una buena noticia. No solo por lo que dice la propaganda castrista en Granma, en el sentido de que "permitirá fortalecer aún más las ya amplias relaciones de la Isla con los países de la región centroamericana, y el apoyo del BCIE a proyectos de desarrollo económico social y de integración", sino por lo que puede y debe suponer para la economía castrista de exigencia de credibilidad, solvencia y responsabilidad.
Conocida fue la posición de Fidel Castro, el Che y demás durante los "años revolucionarios" en contra de las instituciones financieras internacionales en las que Cuba, curiosamente, había desempeñado un papel fundamental en sus procesos de creación, como el FMI derivado de los acuerdos de Bretton Woods, tras la Segunda Guerra Mundial, o el Banco Mundial y otras entidades similares.
Para Castro, el FMI fue durante décadas el enemigo de los pobres, el culpable de la extrema dureza de las políticas neoliberales, el instrumento de control del "Imperio" y otras acusaciones de corte similar que servían para esconder el rechazo del régimen a asumir la responsabilidad, credibilidad y solvencia exigida por estas instituciones para obtener créditos.
La adhesión de Cuba al BCIE arrancó cuando el mes de abril la Asamblea Extraordinaria de la entidad dio apoyo unánime a la solicitud planteada anteriormente por el régimen.Pese a que se trata de una buena noticia, no le auguro grandes éxitos en esas políticas de desarrollo económico y social que anuncia la propaganda castrista en Granma.
¿De dónde se puede obtener esta conclusión? Pues ni más ni menos que de la información del BCIE contenida en sus Notas a los Estados Financieros, en el punto (2) titulado "Resumen de Principales Políticas de Contabilidad", cuando se refiere a las operaciones con el sector público. (La Administración del Banco considera que esta metodología refleja razonablemente la estimación del riesgo que el Banco tiene en las actividades de préstamos al sector público y, por consiguiente, considera que el monto resultante de la provisión para préstamos al sector público es adecuado.)
El régimen castrista, en que el ejercicio de la propiedad privada se encuentra limitado, será cliente de sector público del Banco y por tanto, la operatoria del crédito se ajustará a lo dispuesto. Veamos.
Tal y como se indica, en las Notas..., "los préstamos al sector público se otorgan a gobiernos de los países miembros, a gobiernos locales y municipales de los países miembros, a instituciones de derecho público, a entidades, instituciones y/o sociedades cuya estructura de capital cuenta con una participación mayoritaria del Estado o de entidades públicas, ya sea de manera directa o indirecta, así como a entidades que desarrollen un proyecto de interés público cuya propiedad económica o su control sea del Estado". Hasta aquí no hay problema alguno. Pero, la "existencia de compromisos financieros directos y exigibles al Estado para asegurar el equilibrio financiero de dicho proyecto" parece algo más complicada.
Además, "la política interna de préstamos al sector público debe estimarse con base en la exposición neta, la probabilidad de incumplimiento y la severidad de la pérdida de cada una de las operaciones de crédito". La forma que tiene el BCIE de definir estos indicadores deja pocas oportunidades para el régimen castrista.
Por ejemplo, el indicador de "exposición" para el sector público, se basa en "la calificación de riesgo asignada a cada país por las agencias calificadoras internacionales de riesgo (Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's), la información de mercado disponible de las probabilidades de incumplimiento de las agencias calificadoras internacionales de riesgo, el vencimiento efectivo de cada operación (plazo promedio) y considerando si la operación cuenta con garantía soberana o no".
Aún estamos esperando que estas agencias de calificación realicen algún informe relativo a la solvencia de la economía cubana. En tales condiciones, la concesión de crédito por el BCIE tendrá una naturaleza política. Algo que suele disgustar a los consejos de administración.
Pero hay más aspectos para la duda. En las Notas... se señala que cuando "el Banco posee el estatus de acreedor preferente, para los préstamos con garantía soberana solidaria, dicho factor se considera para ajustar las probabilidades de incumplimiento con respecto a la información de mercado. Para la severidad de la pérdida se aplican parámetros determinados con base en las recomendaciones del Basilea II", que son procedimientos bancarios al uso.
La cuestión es que la deuda soberana de Cuba, al menos actualmente, pasa toda a manos del Banco Central, de acuerdo con la normativa de los presupuestos, lo que significa que cualquier operación de préstamo con garantía solidaria en estos bonos, solo se podrá realizar mediante la venta previa de los mismos o su puesta en aval. Operaciones que en Basilea II no están admitidas.
Llama la atención en las Notas del BCIE la metodología "para determinar el ajuste de las probabilidades de incumplimiento para el sector público considerando que el estatus de acreedor preferente se determina de mejor manera con el indicador de deuda multilateral, que mide la deuda multilateral como porcentaje de la deuda externa total de un país, y con el stock de deuda externa como porcentaje del ingreso nacional bruto".
La deuda externa del régimen castrista, tanto la condonada en su día por el Club de París y otros países como Rusia o Japón, continúa siendo elevada, no existen datos objetivos de la misma y los cumplimientos están condicionados por la escasez de divisas, agravada por el freno de las ventas de petróleo de Venezuela. Dada la importancia que el BCIE da a situaciones de pérdida para el tipo de deuda, ya sea senior o subordinada, y la trayectoria poco creíble del régimen en sus compromisos internacionales, las posibilidades de desarrollo no serán muchas.
De lo expuesto cabe aceptar que esta relación entre el régimen castrista y el BCIE no irá muy lejos. Primero porque la economía cubana no está en su mejor momento, la apuesta de largo plazo es muy arriesgada y además, las prácticas del BCIE tienen poco que ver con la ejecutoria macro de las autoridades del régimen.
Aunque es bueno que Cuba se integre en las instituciones internacionales y vaya situando su economía en un formato similar al de otros países, el objetivo de credibilidad está muy lejos de ser conseguido, porque las políticas en curso no ayudan a conseguirlo.
Tal vez sea el momento de reflexionar sobre la cuestión. O después será muy tarde.
Este artículo apareció en el blog Cubaeconomía. Se reproduce con autorización del autor.