El Gobierno cubano debe introducir una nueva legislación que garantice que todas las víctimas de la trata de personas puedan ser identificadas y ayudadas, y que las autoridades puedan tomar medidas contra los delincuentes, dijo este jueves la relatora especial de la ONU para ese tema, Maria Grazia Giammarinaro, quien visitó la Isla durante cinco días la semana pasada, reporta EFE.
En su declaración, difundida en Ginebra, Giammarinaro señaló también que la protección de los niños contra los delitos de carácter sexual debe extenderse a todos los menores de 18 años.
"Reconozco la voluntad política del Gobierno cubano para hacer frente a la trata de personas y valoro su fuerte enfoque en materia de prevención", dijo Giammarinaro, quien había hecho ya una declaración similar.
Recalcó que, aunque los casos de trata en el país pueden parecer pocos, el número de procesamientos penales y víctimas asistidas es "aún demasiado modesto y demuestra que se necesita un enfoque proactivo para detectar el problema".
La relatora encomió el Plan Nacional de Acción de Cuba para la prevención y lucha contra la trata de personas y la protección de las víctimas (2017-2020), aprobado justo antes de su visita y basado en un enfoque coordinado y multidisciplinario.
Sin embargo, sostuvo que "el verdadero reto será la implementación de las medidas, especialmente las destinadas a identificar y apoyar a las víctimas, respetando sus derechos humanos", señaló.
"El enfoque de la acción de Cuba contra la trata hasta ahora ha sido la explotación sexual. Sin embargo, los acontecimientos recientes que han creado nuevas oportunidades para iniciativas individuales en el sector turístico requieren vigilancia para eliminar cualquier caso de explotación laboral", subrayó.
Por ejemplo, el uso de trabajadores extranjeros en la industria de la construcción "debe ser monitoreado", dijo.
El reporte de EFE no indicó si Giammarinaro mencionó en su informe el caso de los trabajadores cubanos que son enviados por el Gobierno al exterior con contratos abusivos y limitación de sus libertades.
La experta de la ONU elogió los sistemas de educación, salud y seguridad social cubanos, y opinó que han ayudado a reducir la vulnerabilidad de los cubanos a la trata.
Sin embargo, advirtió, la emigración en condiciones inseguras, especialmente a Estados Unidos, crea situaciones de peligro.
Desde finales de 2015 miles de personas quedaron atrapadas en países de tránsito como Ecuador, Colombia, Costa Rica y México, perdieron todo su dinero durante el viaje y quedaron expuestas a la trata y explotación como resultado, afirmó.
Dijo que, según conversaciones que ha mantenido (al parecer con funcionarios cubanos), hay casos de mujeres jóvenes que querían trabajar temporalmente en el extranjero, con contratos firmados aparentemente legales, pero que en su destino fueron retenidos sus pasaportes y se encontraron en manos de bandas criminales decididas a explotarlas.
"Cuando intentaron forzarlas a la prostitución, las mujeres lograron comunicarse con sus familias en Cuba y fueron rescatadas gracias a la acción inmediata de las embajadas cubanas", añadió.
Muchos emigrantes en apuros se han quejado, sin embargo, del desinterés que han mostrado por ellos los diplomáticos del Gobierno.
Antes del viaje de Giammarinaro a Isla, el primero de un relator de la ONU en 10 años, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba le sugirió tener en cuenta que no estaría visitando "una sociedad abierta" y que los funcionarios del régimen filtrarían y monitorearían sus contactos y la información que recibiría.
La sociedad cubana "constituye un entorno propicio para que las instituciones estatales y los actores no estatales fomenten y se beneficien de diversas formas de trata de personas", advirtió la Fundación y recomendó a Giammarinaro reunirse con actores independientes.
Giammarinaro pidió que se elimine el estigma social que rodea a la prostitución y el cierre de los llamados "centros de rehabilitación", donde las mujeres son detenidas a pesar de que la prostitución no sea un crimen.