A inicios de la década de los 90 del pasado siglo, la economía cubana estaba sumida en una grave crisis como consecuencia de la desintegración de la Unión Soviética. Entonces el Gobierno cubano se vio compulsado a tomar medidas aperturistas. Para ello, puso en vigor el decreto-ley 141 del 8 de septiembre de 1993 que autorizaba la actividad privada en Cuba.
En el mismo día de la puesta en vigor del Decreto-Ley 141 entró en vigencia la resolución conjunta 1 de los Comités Estatales de Trabajo y Finanzas. La misma autorizaba las actividades que las personas (con la excepción de los graduados universitarios) podían ejercer de manera privada. La cantidad de actividades se incrementaría o reduciría de acuerdo a la conveniencia de las autoridades.
La nueva norma jurídica autorizaba a los trabajadores privados la comercialización de sus producciones y servicios directamente a la población. El precio se fijaba de acuerdo a las leyes del mercado, pero ajustado a las regulaciones vigentes y adoptando medidas para evitar la proliferación de vendedores no autorizados en áreas que estaban prohibidas.
La resolución conjunta 1, que derogó la puesta en vigor el 23 de diciembre de 1985, autorizó el desempeño de117 actividades que podían realizar todos aquellos que tuvieran sus licencias y abonaran los impuestos correspondientes.
Después de tres años de estar en vigencia la resolución conjunta 1 de 1993, en 1996 entró en vigor la resolución conjunta 1 de los recién creados ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de Finanzas y Precios (FP) que aumentó a 157 las actividades que podían realizar aquellos que tuvieran licencias
La resolución 1 hacía énfasis en que la actividad privada en sectores como la gastronomía, el comercio y los servicios era una nueva vía de empleo, que se revertiría en el incremento de los ingresos personales, además de ser una nueva fuente de ingreso a las arcas del Estado por la recaudación de los impuestos.
Dicha resolución dejaba claro que los trabajadores privados podían realizar las ventas de sus productos y servicios directamente a la población en sus domicilios, locales y aéreas habilitadas, previa autorización, pero no autorizaba la contratación de trabajadores.
La resolución conjunta indicaba que los pequeños restaurantes, pizzerías y cafeterías no podían ofertar platos que contuvieran pescados, mariscos, y mucho menos carne de res o caballo. La violación de esta disposición implicaba el retiro de la licencia y el cierre definitivo del negocio.
A dos años de estar vigente la resolución conjunta 1 del MTSS y el MFP, esta fue derogada por la resolución conjunta 1 de 1998, la cual mantuvo el mismo número de actividades que la anterior, pero en esta ocasión especificaba que en lo adelante los trabajadores privados podían abonar sus impuestos y la declaración jurada anual en pesos o en dólares.
El año 1996 fue el de mayor auge y expansión de la actividad privada en Cuba. Si bien no hay cifras oficiales, por diferentes vías se ha podido conocer que 275.000 personas poseían licencias para el desempeño de las 157 actividades autorizadas. El mayor número, elaboradores de alimentos y arrendadores habitaciones y casas para turistas y empresarios extranjeros.
Ante el auge que cobraban los pequeños negocios privados, el Gobierno empezó a verlos con mucha preocupación, ya que una parte de la población comenzaba a acumular dinero de manera lícita y se le iba de su control
Entonces, Fidel Castro decidió poner fin a la expansión y consolidación de una emergente pequeña clase media cubana.
Luego del derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996, que provoco la implementación por Washington de la Ley Helms-Burton, se inició el desmontaje de las medidas de apertura en la economía, en lo que es conocido como "la contrarreforma".
La primera acción legal dirigida a poner fin a la actividad privada fue la puesta en vigor de la resolución 8 de 31 de marzo de 2003 del MTSS, que solo autorizó 107 actividades, 50 menos de las 157 que hasta ese momentos estaban autorizadas.
La resolución 8 especificaba que de las actividades aprobadas, a 22 no se les volvería otorgar nuevas licencias. Dicha medida estaba dirigida contra los elaboradores de alimentos, a los que luego de cumplir con sus obligaciones tributarias, el saldo final de sus ganancias les era favorable.
No conforme con las limitaciones impuestas para el ejercicio de la actividad privada, el gobierno de Fidel Castro puso en vigor la resolución 11 de 25 de marzo de 2004 del MTSS. En esta resolución hubo un aumento de 11 actividades, elevándose a 118, pero si en la anterior resolución a 22 actividades no se le otorgarían nuevas licencias, la que entro en vigor las aumentó a 40.
Con el propósito de consolidar su alienante política estatista en la economía, Fidel Castro en 2005 puso en marcha la "Batalla de Ideas", que fue su particular versión de la Revolución Cultural China, dirigida contra aquellos que tendían a desarrollar el capitalismo en Cuba.
Muestra del interés marcado del Gobierno cubano de reducir a su mínima expresión la actividad privada fue la puesta en vigor de la resolución 9 del 11 de marzo de 2005 del MTSS, en la que mantuvieron las 118 actividades, pero no hubo cambio alguno respecto a las 40 actividades a las que no se otorgarían nuevas licencias.
La campaña dirigida a poner fin la actividad privada en Cuba fue realmente abusiva y arbitraria. A los medios oficiales se les dio órdenes de guardar silencio.
La acción de las autoridades cubanas contra los dueños de los pequeños negocios contó con el apoyo incondicional del Partido Comunista, el Parlamento y los sindicatos verticales.
Cuando Raúl Castro asumió la presidencia, en febrero de 2008, de los pequeños negocios privados como restaurantes, cafeterías, pizzerías más del 90% habían desaparecido.
De acuerdo a datos proporcionados por diferentes fuentes, ninguna oficial, de las 275.000 personas con licencias para el ejercicio de la actividad privada al cierre de 1998, solo quedaban 90.000.
El gobierno de Raúl Castro reconoció por primera vez que en todo el sistema empresarial cubano había un sobregiro del personal emplantillado que sobrepasaba los 1,5 millones de trabajadores y la solución para que encontraran nuevos empleos era flexibilizar la política con los deprimidos y en proceso de extinción pequeños negocios privados.
A tenor de esa nueva política, el Gobierno puso en vigor la resolución 32 de 7 del octubre 2010 del MTSS que autorizaba el desempeños de 178 actividades privadas, que por primera vez estaban regidas por un reglamento.
A los medios oficiales se les autorizó que informaran sobre la actividad privada, pero de manera muy limitada y deliberadamente distorsionada. Por primera vez reconocieron que la expansión de los pequeños negocios privados posibilitaría dar empleo a miles de trabajadores que quedarían disponibles por el recorte de las sobregiradas plantillas de las empresas estatales.
Trascurrido un año, con sus altas y bajas, con miras a mejorar y reajustar ciertos mecanismos de la actividad privada que no funcionaban como se esperaba, se puso en vigor la resolución 33 del 6 de septiembre de 2011 del MTSS, que derogó la resolución 32.
Lo más novedosos de esta nueva resolución fue que elevó a 181 las actividades privadas, y que su artículo 7 autorizaba a los dueños de pequeños negocios a comercializar sus productos y servicios a entidades estatales dentro de los límites financieros establecidos.
Por la resolución 33, a los dueños de los pequeños restaurantes se les autorizó una capacidad de 50 sillas (12 mesas).
Al cierre de 2013 el Ministerio de Turismo informó que en Cuba funcionaban 2.000 de estos establecimientos.
Una de las actividades privadas que en el trienio 2010-2013 cobró un inusitado auge fue la venta de ropas, calzados y bisuterías importadas. En esos negocios estaban involucrados, entre dueños y trabajadores contratados, más de 90.000 personas.
Finalizado el primer semestre de 2013 sonaron las alarmas en el Grupo de Administración Empresarial (GAE) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que ostentan el monopolio del comercio minorista en divisas en Cuba. Al comprobar que en sus Tiendas Recuperadoras de Divisas (TRD) los inventarios aumentaban por la cada vez menores ventas, esto lo atribuyeron a la proliferación del negocio por toda la Isla de la venta de artículos importados. Entonces, el Gobierno decidió poner fin a este floreciente y rentable negocio.
Con el propósito de darle un viso legal a tan arbitraria medida, se puso en vigor la resolución 42 del 22 de agosto de 2013 del MTSS que derogó la resolución 33, la cual aumentó a 201 las actividades autorizadas, la explicación de los alcances y límites de cada una y las entidades que autorizaban su ejercicio.
Tal ha sido el crecimiento de la actividad privada en los tres últimos años que el titular de Economía y Planificación, Marino Murillo Jorge, en la reunión del Consejo de Ministros, el pasado 21 de junio, afirmó que al cierre de mayo 467.000 personas poseían licencias para ejercer el negocio privado en Cuba.
Pero el Gobierno cubano ha dejado bien claro que dentro de su estrategia para la actualización de su modelo económico no está ampliar y mucho menos consolidar la pequeña y mediana empresa privada.
En línea con esta política, Murillo Jorge ha dicho que con la aplicación de los altos impuestos y el no acceso a los mercados mayoristas, se evitará la consolidación y extensión de una clase media adinerada e influyente.
Trascurridos exactamente 50 años de la primera medida que reguló el trabajo privado en Cuba, aunque resulte difícil creerlo, no existen fuentes fiables que permitan disponer de información bibliográfica, materiales estadísticos o trabajos periodísticos relacionados con el desarrollo de esta actividad. Una muestra evidente del total hermetismo en torno a esta actividad impuesto por las autoridades.
Se desconoce si el Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, ha realizado estudios y si dispone de un fondo bibliográfico sobre la historia de los pequeños negocios privados en Cuba en estos últimos 50 años. Los académicos más visibles y conocidos de dicho centro, como Juan Triana Cordoví, Pavel Vidal y Osmar Everleny, en ninguna de sus conferencias y trabajos publicados han abordado el asunto.
El Gobierno cubano no quiere que haya informaciones sobre los pequeños negocios privados en Cuba. Cuando se autoriza a los medios oficiales a informar sobre la actividad privada lo hacen de manera general y con el empleo de metalenguaje, como "trabajadores por cuenta propia" o "actividad no estatal".