Exfuncionarios, políticos y empresarios han pedido a la Administración de Barack Obama la aplicación de una serie de medidas para flexibilizar el embargo estadounidense. La iniciativa, coordinada por Cuba Study Group (CSG) y el Consejo de las Américas (CA), descansa en dos conceptos que merecen ser examinados: "emprendedores independientes" y "sociedad civil".
¿Quién aseguró a los firmantes de esa carta la existencia de emprendedores independientes en la Isla? Las leyes cubanas prohíben ejercer cualquier actividad profesional de manera autónoma. Y las actividades autorizadas, fundamentalmente artesanales y de supervivencia, tampoco gozan de independencia. Los cuentapropistas no tienen derecho a libre asociación, de manera que no pueden ser considerados como sociedad civil.
Sin embargo, es a esos ficticios emprendedores independientes a los que se refiere esta iniciativa cuando habla de "aumentar el apoyo a la sociedad civil cubana", y en ningún momento considera a posibles asociaciones de ciudadanos, grupos religiosos, sindicatos independientes, organizaciones de derechos humanos o activistas políticos en la oposición.
Con el pretexto de reforzarla, la carta abierta coordinada por CSG y CA supone una versión falseada de lo que es hoy, aunque rudimentaria todavía, la sociedad civil en Cuba. Olvidando que el origen de la crisis cubana es nacional y no de relaciones con EEUU, no exige al castrismo mayores reformas. Y, por otra parte, propone una versión desmovilizadora de sociedad civil.
Antes que la democratización de todo un país, los promotores de esta iniciativa procuran el encumbramiento de unos cuentapropistas. Piden ayuda a Washington para inventar en Cuba el supertimbiriche.