Durante la segunda mitad del pasado siglo, muchos economistas e historiadores latinoamericanos, casi todos muy apegados a las ideas marxistas, sostenían que el proteccionismo era la solución para los problemas que padecían las economías de la región. Había que limitar las relaciones comerciales con los países industrializados, pues ello propiciaba el denominado "intercambio desigual". Es decir, que América Latina ofertaba a bajos precios sus materias primas, y recibía productos manufacturados de mayor valor.
La práctica económica, sin embargo, se encargaría de ir modificando semejante concepción hacia los años noventa. La creciente demanda de nuestros productos primarios por parte de las economías desarrolladas provocó un alza en los precios de las materias primas, y así asistimos al boom de las exportaciones latinoamericanas, con la consiguiente obtención de altos índices de crecimiento económico para buena parte de las naciones del área.
En ese contexto se inscriben los tratados de libre comercio que muchos países latinoamericanos han firmado —o se hallan en vías de concreción— con Estados Unidos y la Unión Europea. Las poderosas economías del Norte acceden a recibir preferencialmente determinados rubros exportables del Sur latinoamericano, y estos últimos abren también sus economías para que penetren las manufacturas y bienes de consumo de su contraparte.
El beneficio que tal relación reporta a las naciones latinoamericanas resulta obvio: además del ya mencionado despegue de las exportaciones, podrían deshacerse de aquellas industrias ineficientes o poco competitivas, al tiempo que los consumidores estarían en condiciones de acceder a productos de mayor calidad y más bajo precio. Todo en sintonía con el principio de las ventajas comparativas enunciado por el economista inglés David Ricardo en el siglo XIX.
Claro, el hecho de que ese tipo de intercambio comercial se estableciera con Estados Unidos y la Unión Europea le posibilitó a la más intransigente izquierda política —por supuesto, incluidos la cubana— articular un discurso anticapitalista y de rechazo a las "políticas neoliberales". Mas, la aparición de China —en teoría un país socialista y solidario con la causa de las naciones tercermundistas— en el escenario económico mundial obliga a otras consideraciones.
Precisamente, el acuerdo de establecer un Foro de Cooperación China-CELAC, emanado de la recién finalizada II Cumbre de esta última organización, muestra el interés de Latinoamérica por impulsar aún más su relación con el gigante asiático.
Según datos de la CEPAL, desde el año 2001 el comercio latinoamericano con China ha conocido un incremento anual superior al 30%. Y aunque los teóricos de la izquierda insisten en que se trata de un ejemplo de relación Sur-Sur, lo cierto es que no se diferencia mucho del que América Latina sostiene con las referidas potencias occidentales. En ambos casos nuestros países exportan materias primas y recursos naturales, e importan productos industriales y bienes de consumo. Entonces el éxito de este tipo de intercambio comercial no depende del signo ideológico de los participantes, sino de la complementariedad de sus economías; complementariedad que existe entre América Latina y los otros actores mencionados.
A pesar de estas evidencias, los gobernantes cubanos persisten en llevar a cabo una política diferente. Porque más allá de consideraciones coyunturales relacionadas con la escasez de moneda dura o el diferendo con Estados Unidos, la consigna castrista de "sustituir importaciones" parece ser la opción estratégica de un Gobierno que intenta desconocer los beneficios del libre comercio.
Aun a mediano o largo plazo, Cuba debería basar su actividad económica en tratados de libre comercio, parecidos a los que hoy mantienen otras naciones de la región. Nuestro país podría cifrar sus esperanzas de ingresos en un no muy amplio abanico de renglones exportables, entre ellos el turismo, el níquel, el azúcar —si se recuperara— y los productos farmacéuticos. Esos ingresos coadyuvarían a abrir la economía para importar todo aquello que no somos capaces de producir con eficiencia. De esa forma, además, se aliviaría la crónica escasez de bienes de consumo que ha sufrido la población del país.
Por supuesto, lo anterior requiere de voluntad para implementar auténticos cambios económicos y hasta políticos. Porque, por ejemplo, no se trataría solo de reducir las plantillas infladas en las entidades estatales, sino de desmantelar gradualmente las empresas y sectores no competitivos. Ello demandaría el posible traslado de mano de obra hacia los sectores que generan las exportaciones, pero principalmente hacia las actividades privadas. Y esto último solo es posible si las autoridades eliminan sus inconsecuencias en lo referido al trabajo por cuenta propia. Resulta improcedente hablar de flexibilización hacia ese sector emergente de la economía, si tenemos en cuenta que una cifra similar a los cuentapropistas en activo ha solicitado la baja debido a trabas institucionales y leoninas políticas impositivas.