Un grupo bipartidista del Congreso de Estados Unidos pidió este viernes al secretario de Estado, John Kerry, que niegue una visa de entrada al país a Antonio Castro Soto del Valle, hijo de Fidel Castro, quien podría sumarse al equipo de béisbol cubano que participará en un torneo amistoso la próxima semana, informa EFE.
En una carta dirigida a Kerry, los legisladores republicanos de Florida, Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz Balart, y el demócrata de Nueva Jersey, Albio Sires, dijeron estar "profundamente preocupados" por la posibilidad de que Estados Unidos otorgue una visa de entrada a Antonio Castro.
Una equipo de peloteros de la Isla disputará del 18 al 23 de julio en varias ciudades de Estados Unidos un tope con la selección nacional universitaria de ese país.
En la misiva, los legisladores, todos de origen cubano, señalaron que Castro acompaña con frecuencia a los jugadores de béisbol cubanos que viajan al exterior "para intimidarles" e impedir su fuga.
"Los hermanos Castro y sus familiares representan un régimen opresivo que priva al pueblo cubano de sus derechos humanos y libertades básicas", afirmaron en la carta.
Los legisladores ya habían criticado la concesión de visas a Josefina Vidal Ferreiro, directora de Estados Unidos en la cancillería cubana; Mariela Castro, hija del gobernante Raúl Castro, y al historiador de La Habana, Eusebio Leal.
Para los legisladores, la concesión de una visa al hijo de Fidel Castro y sobrino de Raúl Castro, "minaría nuestros esfuerzos por promover la democracia y la libertad dentro de la Isla, y perjudicaría nuestra política de larga data de fortalecer los vínculos con el pueblo cubano y aislar a sus opresores".
El Departamento de Estado tiene como política no comentar sobre las solicitudes de visa para viajar a Estados Unidos ni sobre las decisiones que toma al respecto.
Los congresistas destacaron que sería especialmente un error dar la visa a Antonio Castro cuando el Gobierno cubano mantiene en prisión al subcontratista estadounidense Alan Gross, detenido en Cuba en diciembre de 2009 y sentenciado a 15 años de cárcel bajo cargos de crímenes contra el Estado, por introducir ilegalmente equipos de comunicaciones en la Isla.