El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha dado instrucciones para manejar una diplomacia de perfil bajo en sus relaciones con Cuba. Más allá de la veracidad de la noticia filtrada, esto resulta evidente en las negociaciones que sostienen ambos gobiernos en los últimos tiempos y en el discurso que las envuelve. Una diplomacia de bajo perfil que se traduce en evitar declaraciones y acciones que puedan incomodar al régimen cubano, tales como dialogar con la oposición o expresar preocupación por los derechos humanos. España quiere "rebajar la tensión" y "mantener la mejor sintonía" con La Habana, y para ello ha ordenado restringir la agenda mediática, escoger las palabras, medir los gestos y adoptar "una postura serena" ante el caso cubano.
Al parecer, esta es la respuesta que ofrece España ante las expectativas de ciertos sectores de la opinión pública que esperaban que la repatriación de Ángel Carromero supusiera un cambio en la percepción y evaluación de los hechos en los que se vio envuelto este político español. Unos hechos no esclarecidos, que han sido manipulados desde una lógica totalitaria para establecer una versión oficial que ha aceptado —o consolidado con su actitud—el gobierno de un Estado democrático. Unos hechos que han obligado a un intenso trabajo de ambas cancillerías, cuyo principal resultado quizás haya sido una actualización de las reglas del juego para la política exterior de ambos actores.
La muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero conlleva la desaparición de una de las principales figuras de un hipotético proceso de transición. Fundador del Movimiento Cristiano de Liberación y premio Sajarov a la libertad de conciencia, Oswaldo Payá había logrado articular iniciativas políticas de calado dentro de la vigilada realidad cubana. Su Proyecto Varela había presionado al régimen en su propio terreno, utilizando sus propias leyes, y esto era algo que nunca le perdonaría la élite en el poder. La misma que se ha encargado de certificar "el accidente" con datos que nadie ha podido contrastar, y con declaraciones tomadas a los implicados en condiciones inadmisibles en cualquier Estado de derecho.
Prácticamente secuestrados por las autoridades cubanas, incomunicados, sometidos a las técnicas de interrogatorio de la policía política, José Ángel Carromero y el ciudadano sueco Jens Aaron Modig fueron exhibidos ante la prensa internacional confirmando la versión oficial del accidente. Desde un primer momento, resultó llamativa la manera en que los principales medios españoles y europeos trataron la noticia, sin preocuparse mucho por los cabos sueltos de la historia y asumiendo las arbitrariedades del régimen como parte de los procedimientos habituales en estos casos; o como si en suelo cubano fuese natural asociar el activismo pro-derechos humanos al espionaje.
No le dieron importancia a los mensajes de móvil que, según la familia de Payá, se enviaron en el momento del accidente y que mencionaban a un coche que les perseguía y les embestía. Tampoco les resultaron chocantes las declaraciones de los implicados, auténticas puestas en escena made in Totalitarian Regime. Ninguno de estos medios acudió al lugar de los hechos ni entrevistaron a posibles testigos, sino que se conformaron con las dos o tres fotos sacadas por la policía cubana, y con informar sobre una vista oral que presenciaron por circuito cerrado y anotaron con papel y lápiz.
La tensión de las autoridades cubanas era palpable; el miedo de Carromero y Modig era visible en sus rostros, más que el dolor y el arrepentimiento sinceros. Sin embargo, la prensa libre apenas ha investigado o reflexionado sobre la sospechosa muerte de un líder de la oposición cubana, sobre el hecho de que ya hubiera sufrido un "accidente" similar, sobre el proceso de instrucción del caso, las posibles implicaciones derivadas de su nacionalidad española, o el trasfondo político de este asunto. Una reflexión que podría abarcar desde la política exterior de la UE y los principios y valores que proyecta, hasta la situación de los derechos humanos en Cuba tras medio siglo de experiencia represora y dictatorial.
La amnesia de Modig (el sueco ileso), su desaparición de la escena pública, los esfuerzos de España centrados en la repatriación de su ciudadano, la no invitación de la disidencia a la celebración de la fiesta nacional (un reclamo constante en el discurso del Partido Popular de la última década), la apariencia de normalidad y transparencia de un juicio "procesalmente impecable": todo ello se justificaba con el objetivo de no dejar a Carromero en las cárceles cubanas. Se buscaba salvaguardar su integridad física y moral, y evitar que se convirtiera en el Alan Gross de la ayuda al desarrollo española (si los cubanos se las gastan al Imperio, qué puñetas no le harían al Reino, o a ese objeto político no identificado que es la UE). Pero, una vez librado de todas esas desgracias, ¿por qué se debe seguir guardando silencio?
En juego, intereses españoles
La pregunta es, ¿qué pactó España con el Gobierno cubano a cambio de la repatriación de este sujeto, cuya única desgracia actual quizás sea la de no poder "organizar sus ideas" nunca más? En primer lugar, es evidente que Madrid aceptó la versión oficial cubana con todas sus consecuencias, es decir, culpabilidad de Carromero en un homicidio imprudente (lo cual descarta toda hipótesis de un posible asesinato político) y, por tanto, nada de investigaciones independientes. A estas se le suman otras consecuencias colaterales como avalar las presuntas reformas del régimen, aceptar sus condiciones para el diálogo (una condicionalidad que este no tolera a la inversa y que supone el aislamiento de la oposición y la sociedad civil), aparcar el compromiso con los derechos humanos en Cuba y por último, pero no menos importante, dar la espalda al dolor de las familias.
En apenas un año de gobierno, el Partido Popular ha tenido que tragarse su discurso sobre Cuba, aceptar su incapacidad para plantear una estrategia diferente de relaciones con este país y lidiar con las maniobras gato-parduzcas de un régimen que viene aplicando metódicamente la lógica de la confrontación en sus relaciones internacionales. Y encima, ha tenido que retomar la visión que tanto criticó a los socialistas de negociar una nueva política exterior europea hacia Cuba, argumentándola con igual fragilidad.
¿Y qué obtiene España a cambio? Además de la repatriación de su ciudadano, el Gobierno español elude posibles complicaciones derivadas de una confrontación directa con Cuba. Un conflicto de esta naturaleza puede afectar a sus intereses en la región. Los países del eje bolivariano, donde España tiene importantes intereses económicos, podrían interpretarlo como una maniobra conspirativa. Otros países como Brasil y Argentina, que mantienen buenas relaciones con el Gobierno cubano —o incluso Colombia, cuyas negociaciones con la guerrilla pasan ahora por La Habana—, no mirarían con buenos ojos el papel de España en un escenario semejante.
Todo parece indicar que la suerte de Carromero no era lo principal que estaba en juego, sino los intereses españoles. Su repatriación pudo haber sido una cuestión menor frente a la posibilidad de que Cuba echase mano de su legislación y su aparato propagandístico para demostrar la existencia de un complot de España y de Europa, quienes, violando sus leyes y su soberanía, enviaban a políticos de derechas a reunirse con grupos disidentes y financiar supuestas actividades contrarrevolucionarias.
Visto así se podría concluir que, mientras no cambie el status quo, el Gobierno español dará por cerrado este asunto y preferirá que no se hable más de él. El hecho de que se hayan dado instrucciones para "rebajar la tensión y mantener la sintonía" —estando ya Carromero en territorio español—, demuestra que se sigue apostando por una estrategia de distensión que facilite las cosas con el régimen cubano. Se podría especular sobre la existencia de información comprometedora de los servicios secretos cubanos, o sobre las implicaciones de un conflicto con La Habana para los intereses españoles en la región. El caso es que este Gobierno da señales ostensibles de querer superar este capítulo, pasando página y aceptando las reglas del juego que parecen haber quedado establecidas implícitamente tras el incidente.
Al mismo tiempo, no es descartable la posibilidad de que España contemple en su estrategia este comportamiento como una forma de generar confianza para ganar mayor presencia y relevancia en el futuro. No sería la primera vez que se intenta establecer las bases necesarias para un diálogo político que propicie el cambio desde arriba. De hecho este es el modelo que siempre ha defendido España y ha logrado consensuar en la UE, el de una transición pacífica iniciada por el propio Gobierno a través de un proceso gradual de reformas económicas y políticas. Sin embargo, tampoco sería la primera vez que España y Europa fracasan en sus pretensiones ante un régimen inflexible y rocoso, que se siente amenazado por todo aquello que signifique una pérdida de poder, o alteración de su ejercicio según su visión totalitaria.
Por último, cabría la posibilidad de que España estuviera a la espera de que evolucionen aún más los acontecimientos para desclasificar sus archivos del caso. Los eventos que pueden sobrevenir en Cuba, en Venezuela o en los propios EE UU —y por extensión en la región—, podrían motivar un cambio de estrategia de España. El esclarecimiento del affaire Carromero podría ser una de las decisiones encaminadas a mejorar su imagen y aparecer como un actor proactivo en un escenario de transición en la Isla.
En todo caso, lo cierto es que Europa y España están en crisis, que la desafección política crece entre sus ciudadanos, que la opinión pública está saturada de ver actuar a sus gobiernos de forma poco transparente en nombre de la democracia, y que los medios de comunicación parecen cada vez más sometidos a los poderes que los controlan. En medio de semejante panorama, se hace cada vez más evidente que el destino de Cuba pasa por lo que sean capaces de articular los propios cubanos. Pero eso es… harina de otro costal.