Vladímir Putin firmó el miércoles 10 de junio una ley que faculta al Gobierno de Rusia para confiscar las propiedades y los fondos bancarios de rusos que viven en el extranjero y que sean acusados de actuar "en contra de los intereses de Rusia".
La ley, que entra en vigor el 1 de septiembre, abarca una amplia gama de delitos, incluyendo "desacreditar" al Ejército ruso; pedir sanciones contra Rusia; violar las leyes del país sobre "agentes extranjeros"; afiliarse a una organización "indeseable" y promover el "extremismo", todas a partir de definiciones de las leyes rusas.
Las autoridades ya no tienen que esperar a una sentencia judicial para incautar los bienes de rusos exiliados. La ley permite la confiscación de bienes en el momento en que una persona es formalmente acusada, saltándose el proceso judicial para imponer una sanción económica inmediata en ausencia, precisó el medio independiente The Moscow Times.
Aunque los tribunales rusos ya habían multado anteriormente a críticos exiliados del Kremlin por diversos cargos administrativos, esta legislación formaliza y amplía la represión.
En la práctica, la ley ofrece al Gobierno una nueva herramienta para castigar a los críticos del Kremlin que viven en el extranjero, incluidos periodistas y activistas exiliados.
La legislación fue propuesta por primera vez en octubre de 2024 por legisladores regionales en la República de Tartaristán antes de que la Duma Estatal la aprobara a finales del mes pasado.
Durante las sesiones de votación en el parlamento, el presidente de la Duma Estatal, Vyacheslav Volodin, elogió la legislación, presentándola como una medida necesaria para proteger a los soldados rusos que luchan en Ucrania.
