La aprobación en primera discusión de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, ocurrida este 5 de febrero en la Asamblea Nacional de Venezuela, ampliamente controlada por el oficialismo, ha reavivado un debate central el giro político post-Maduro: ¿está el chavismo dispuesto a liberar a todos sus presos políticos, o mantendrá algunos como "rehenes" para preservar su poder?
En distintos momentos (salvo en 2002, tras el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez) la llamada Revolución Bolivariana se ha negado a una amnistía, pese a ser una demanda de opositores, organizaciones de derechos humanos, familiares y víctimas. Por eso causó sorpresa que la presidenta interina Delcy Rodríguez anunciara el 30 de enero, en una reunión a puerta cerrada con magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que tenía interés en se aprobara una ley amplia en esa dirección.
Hubo una primera aprobación este 5 de febrero, sin que existiese un texto de conocimiento público. Y ha sido una votación unánime en un Parlamento donde hay figuras de una oposición minoritaria, como Henrique Capriles, y una clara ausencia de representantes del principal referente de oposición, María Corina Machado.
En la Venezuela que estuvo bajo el Gobierno de Nicolás Maduro usar el término "rehenes" no es exagerado. Durante años, el régimen chavista utilizó a los detenidos políticos como moneda de cambio en negociaciones internacionales, particularmente con EEUU. En julio de 2025, por ejemplo, se concretó un intercambio masivo: Venezuela liberó a diez ciudadanos estadounidenses y decenas de presos políticos a cambio de la repatriación de 252 migrantes venezolanos detenidos en El Salvador.
Este tipo de trueques, que se repitieron en contextos previos al Gobierno interino de Delcy Rodríguez, revela cómo el chavismo ha instrumentalizado la represión para obtener concesiones diplomáticas o económicas. Ahora, con Nicolás Maduro capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, la pregunta es si esta dinámica persistirá o si la nueva realidad forzará un cambio radical, en el nuevo escenario del tutelaje que parece ejercer la Administración Trump sobre Caracas.
Aunque hubo detenciones políticas en los años de Chávez en el poder, la problemática de los presos políticos en Venezuela se agudizó bajo el mandato de Maduro (2013-2025). Con olas represivas en 2014, 2017 y 2019, durante protestas masivas contra el Gobierno, y que se recrudecieron en 2024 tras las controvertidas elecciones presidenciales de julio de ese año, en las que Maduro no aceptó haber sido derrotado por el exdiplomático Edmundo González Urrutia.
Estas acciones represivas, entre las que se ha destacado la detención arbitraria, formaron parte de una política estatal sistemática para silenciar la disidencia, según informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (MIDH) y la Corte Penal Internacional (CPI). La MIDH, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019, ha documentado cómo el Gobierno venezolano utilizó detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales como herramientas para neutralizar opositores. En su informe de 2025, la misión concluyó que estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad, cometidos de manera coordinada desde al menos 2014, es los inicios del mandato de Maduro.
La CPI, por su parte, autorizó en 2025 la reanudación de su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, rechazando apelaciones del Gobierno y enfocándose en actos represivos desde 2017, incluyendo el uso excesivo de fuerza en protestas.
Esta represión no solo ha generado miles de detenidos, sino también un éxodo masivo de exiliados políticos. Organizaciones como Amnistía Internacional estiman que para 2024 persistía la impunidad en el 95% de los homicidios durante protestas entre 2014 y 2024, perpetuando un ciclo de miedo y control social.
El chavismo, en su retórica, siempre ha negado la existencia de presos políticos, catalogándolos como "terroristas" o "traidores", pero la evidencia internacional desmiente esta narrativa. Incluso este 5 de febrero en el Palacio Legislativo, varios diputados del chavismo insistían en que hacían una concesión al aceptar el término de presos políticos, ya que lo que había en verdad eran políticos presos.
El tema ha estado en el tapete en el inicio de este 2026. El 8 de enero de 2026, apenas días después de la captura de Maduro, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria interina, anunció una "excarcelación significativa" como gesto para la paz y la convivencia.
Esta declaración se presentó como un "gesto unilateral" del Gobierno, pero llegó bajo intensa presión internacional, especialmente de la Administración Trump. Sin embargo, las cifras reales distan de ser impresionantes. Según la ONG Foro Penal, especializada en la defensa de presos políticos, hasta el 5 de febrero de 2026 se habían verificado menos de 400 excarcelaciones desde el anuncio de enero.
A 5 de febrero más de 600 personas seguían detenidas por motivos políticos, incluyendo 182 militares, 87 mujeres y un adolescente. Activistas de derechos humanos perciben un clima de tensión y diferencias internas en el seno del Gobierno post-Maduro en torno a la velocidad y alcance de las excarcelaciones de presos políticos.
Entretanto, la primera aprobación del proyecto de ley, que necesitará una segunda discusión y votación artículo por artículo, para luego ser refrendado por la Presidencia de la República, abarca delitos como instigación al odio, terrorismo, rebelión y traición a la patria en hechos que hayan tenido lugar a partir de 1999, cuando Hugo Chávez ascendió al poder en Venezuela.
Jorge Rodríguez ha insistido en que esta ley sellará la "paz", pero críticos señalan su opacidad: el proyecto no se ha hecho público en su totalidad, y su urgencia parece responder más a presiones externas que a una convicción interna. A esto se suma un fenómeno menos visible pero igualmente represivo: unos 18.000 venezolanos, detenidos en distintos momentos del chavismo y luego excarcelados, no gozan de libertad plena. Aunque no están en prisión, enfrentan restricciones como prohibiciones de salida del país, veto a declaraciones públicas y presentaciones recurrentes en tribunales en procesos dilatados.
Según ONG como Foro Penal, esto constituye otro castigo para personas que inicialmente fueron encarceladas arbitrariamente, perpetuando el control del aparato chavista sobre disidentes incluso después de su liberación.
Este sistema represivo, que se fue construyendo con el paso de los años ha sido una herramienta sustantiva para entender la permanencia de Maduro en el poder. Ahora que el depuesto gobernante está en Nueva York esperando ser enjuiciado y no en Caracas al frente del Gobierno, surgen interrogantes sobre hasta dónde irá Delcy Rodríguez, bajo la presión de Washington, en aprobar esta ley.
Si efectivamente termina siendo un instrumento amplio, como demanda la sociedad venezolana y la Casa Blanca, colocará al naciente Gobierno interino muy rápidamente ante uno de los huesos más duros de roer de cualquier gestión post-dictadura: cómo poner fin al sistema represivo. ¿Lo hará la presidenta interina?
Si los hermanos Rodríguez verdaderamente han apostado por seguir las orientaciones (órdenes) del reaccionario King Trump y del Capitán General Rubio con tal de que los drones no regresen por ellos, entonces además de la amnistía, pronto deberán dar los pasos para la transición democrática con elecciones libres.
Ese sería el único y verdadero camino a la liberación.
Para allá van, el gardeo a presión está funcionando, ya no tienen otro camino posible.