Este 29 de abril comenzó oficialmente en Venezuela la campaña de cara a las elecciones regionales para escoger gobernadores de estados (provincias), así como diputados de la Asamblea Nacional. La gran novedad es que la mayoría de los partidos que participan o bien fueron intervenidos por vía judicial o bien han sido aprobados de forma exprés por el chavismo en el poder.
Las elecciones están previstas para el 25 de mayo venidero. A la división opositora que provocó la decisión de figuras como Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial, de participar en pos de una diputación, y la tajante postura de María Corina Machado en contra del proceso, se suma una serie de irregularidades entre las que se destacada el estatus legal de los partidos que hacen parte.
La decisión del régimen de Nicolás Maduro, con el aval de aquellos que según la Constitución vigente deberían ser poderes autónomos —Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)— de no reconocer el triunfo opositor en las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024, representa un punto de inflexión en la oposición democrática de Venezuela. Una oposición que había logrado estrategias unitarias, aunque fallidas, en su objetivo de lograr un cambio democrático en el país.
Precisamente el CNE y el TSJ han actuado al unísono para presentar un ecosistema de partidos políticos que transmita una idea de pluralidad de cara al 25 de mayo, cuando en verdad se trata de organizaciones cuyo liderazgo fue destituido por jueces o incluso por decisiones administrativas y entregado a figuras "opositoras", que en la práctica resultan más afines al Gobierno de Maduro.
De los cuatro partidos que tuvieron un peso determinante en la política prodemocracia de la oposición, tres de ellos fueron ilegalizados o intervenidos. Aparecen en el tarjetón electoral estos tres (Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática), pero con representantes espurios.
La cuarta pata de la mesa es Un Nuevo Tiempo, cuyo principal líder es el gobernador del estado (provincia) de Zulia, Manuel Rosales, quien buscará la reelección y quien defiende su postura de negociar con el chavismo. Este partido es el único opositor que estuvo apoyando la candidatura presidencial del exdiplomático Edmundo González Urrutia que sí participará en los comicios regionales y legislativos del 25 de mayo entrante.
El dos veces candidato presidencial Henrique Capriles niega cualquier negociación, pero su inscripción ha sido posible a que de forma sorpresiva se le levantó la inhabilitación política y a que de forma exprés se legalizó un partido que le respalda, Unidad y Cambio.
Capriles ha guardado silencio en relación al destino que ha tenido, por decisiones del CNE y el TSJ, el partido que ayudara a fundar y que le impulsó en su carrera política, Primero Justicia.
Si bien el chavismo ha tenido figuras secundarias o de relleno participando en los diferentes procesos electorales, en lo que algunos analistas catalogan de oposición leal, para las elecciones que se celebrarán el 25 de mayo, participarán figuras de primer orden en el mundo opositor venezolano como los ya mencionados Capriles y Rosales, a lo que se suma el ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Chúo Torrealba.
La MUD constituyó la experiencia unitaria por antonomasia en la última década de la oposición. Estas elecciones confirman la fractura que vive el campo prodemocracia en Venezuela.
En el "ecosistema" partidista para los venideros comicios se observa en su mayoría tarjetas electorales "confiscadas" por el TSJ y organizaciones aprobadas de manera exprés por el CNE para que pudieran entrar en el actual proceso, según ratifica el periodista Eugenio Martínez, especializado en temas electorales.
Asimismo, se destacan, pero por su ausencia, las dos tarjetas más votadas el pasado 28 de julio en las elecciones presidenciales: la tarjeta electoral de la MUD, cuyos responsables no avalan participar en este momento, y la del Movimiento por Venezuela (MPV), porque no fue admitida.
"Desde 2016, el CNE dejó de ser riguroso en la constitución de las organizaciones con fines políticos. No hay un criterio claro en los requisitos para que una organización se mantenga o si se cumplen o no los requisitos para ratificar a un partido", comentó Martínez, sobre el "nacimiento" de algunas tarjetas electorales y la anulación de otras de cara al 25M.
A las actuaciones desde el CNE y TSJ en contra de partidos de oposición, el chavismo también ha seguido procedimientos judiciales o administrativos en contra de organizaciones partidistas, históricamente prochavistas, pero que apostaron por separarse del redil y cuestionar a Maduro.
Así figuran, por ejemplo, las tarjetas de partidos intervenidos por el TSJ entre 2020 y 2023, entre las que están el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Tupamaro y Patria Para Todos (PPT). Las siglas y vocería de esas entidades fueron entregada a personas afines al régimen.
Entre 2015 y 2020 procesos similares ocurrieron contra los liderazgos de organizaciones progresistas que cuestionaron a Maduro: Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Podemos y Unidad Popular Venezolana (UPV).
La reconfiguración del ecosistema de partidos, incluye también a entidades de nueva data cuyo nacimiento va de la mano de figuras que están ya en el poder. Es el caso de Somos Venezuela, atribuido a Delcy Rodríguez, que entró a la escena electoral en 2018 con las presidenciales de manera exprés y Alianza para el Cambio, del ministro Ricardo Sánchez.
También están los Partidos Verde y Futuro, vinculados al ministro Héctor Rodríguez, que salieron a escena para las elecciones del 28 de julio de 2024, y fueron aprobados de manera exprés por el CNE para postular la candidatura de Nicolás Maduro.
Hace unos años una señora venezolana me comentó que toda la oposición al chavismo estaba comprada por completo, me costó creer sus explicaciones, cada vez me convenzo que es cierto, aún queda María Corina, aunque esta señora mayor me aseguró que también estaba dentro de este potaje.