Andrés Manuel López Obrador, presidente civil y electo democráticamente en México, además de férreo crítico de las Fuerzas Armadas en otros tiempos, ha terminado por hacer de su gestión una de corte militarista. La seguridad ciudadana se ha sumado a esta ola de decisiones oficiales que le dan al Ejército mexicano una relevancia pública inédita.
Para saltarse una discusión parlamentaria o entrar en un debate sobre las contradicciones de esta decisión con la Constitución vigente, López Obrador (conocido por su acrónimo de AMLO) dictó un decreto que fue refrendado en el Senado por militantes de su partido, Morena, la madrugada del pasado 9 de septiembre.
Presentada como una mera decisión administrativa: transferir la Guardia Nacional —una fuerza creada bajo mando civil— a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en la práctica conllevará un cambio de primer orden en el Gobierno de AMLO, quien antes de llegar a la Presidencia en 2018 cuestionó en diversas ocasiones la militarización de la seguridad ciudadana y de la lucha contra el narcotráfico, esto último iniciado antes de que él asumiera el poder, pero profundizado en estos últimos años.
"Militarizar la seguridad pública generará más violaciones de derechos humanos", reaccionó de inmediato Amnistía Internacional. "Representa un atroz acto que pone en riesgo la garantía de los derechos humanos en México", sostuvo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, quien recordó que en los últimos 16 años se han visto los "desastrosos" resultados de la participación de militares en funciones para las que no están preparados.
Los opositores a AMLO, incluidos los senadores que votaron en contra, adelantaron que acudirán ante la Corte Suprema, dado que esta decisión contradice la constitución. AMLO y los militantes del partido Morena hicieron de oídos sordos a las críticas y justificaron la decisión para hacer frente a la ola de violencia que asola a México.
La ahora militarizada Guardia Nacional fue creada en mayo de 2019 por iniciativa del propio López Obrador, como una institución de carácter civil y encargada de realizar tareas de seguridad pública para reemplazar a la ya desaparecida Policía Federal, sobre la que pesaban numerosas denuncias por corrupción.
"Es una clara militarización de México. Y no es solo entregar la seguridad pública al Ejército, es también aumentar el poder que ya tiene, lo que es peligroso y preocupante", sostiene Cristina Reyes, directora de la ONG México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
De acuerdo con esta iniciativa de la sociedad civil mexicana, ni la militarización ni la propia creación de la Guardia Nacional han logrado revertir el clima de violencia que impera en México.
Según MUCD, cuando en 2007 se autorizó el despliegue masivo de militares en las calles en plena "guerra contra las drogas", los homicidios se triplicaron. Y desde que la Guardia Nacional nació en 2019, la cifra de homicidios anuales se ha mantenido estable en torno a los 36.000.
"Casi dos décadas de intervención militar en seguridad pública no han logrado poner fin a la violencia implacable de los cárteles mexicanos y han propiciado innumerables atrocidades cometidas por soldados y marinos, con casi total impunidad", precisa por su parte Tyler Mattiace, investigador para México de Human Rights Watch (HRW).
Entretanto, el 44,8% de la población mexicana considera que la militarización del país es mala y el 40,7% tiene una opinión positiva, según una encuesta realizada por la Organización No Gubernamental México Elige, publicada el 12 de septiembre.
Este sondeo también midió la aprobación del presidente López Obrador. A inicios de septiembre se ubicó en 60,7%, lo cual representa una reducción de casi 3% en comparación con el mes de agosto. Tras estar por más de tres años en el poder, AMLO mantiene una alta aprobación entre los mexicanos, con lo cual se da por descontado que un delfín suyo puede sucederle en las elecciones de 2024. La reelección presidencial está prohibida en México.
Pese a los señalamientos de las organizaciones y activistas de derechos humanos sobre el rol de los uniformados, en materia de seguridad ciudadana, la percepción de los mexicanos es favorable hacia el mundo castrense.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, de la iniciativa México Social, la Marina y el Ejército tienen aceptación superior al 80%, la ciudadanía les identifica con "desempeño efectivo", según este estudio de opinión pública.
El periodista y analista Ricardo Raphael observa con honda preocupación estos datos que él mismo compara con la baja credibilidad que tienen las instituciones públicas civiles en México: "esa tendencia solo puede conducir a las peores formulas del autoritarismo".
"La disciplina castrense es también una de las razones por las cuales el actual mandatario entregó al Ejército y a la Marina la ejecución y la administración de importantes proyectos regionales —el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico— y el manejo de las aduanas", argumenta por su parte Pedro Miguel, columnista del izquierdista diario La Jornada.
"Los militares tienen un mayor control de los recursos, que ayuda al control de la corrupción y de los calendarios de entrega de las obras", remata este autor, quien es un abierto defensor de López Obrador. Según su tesis, las violaciones a derechos humanos por parte de los uniformados se deben no a malas prácticas, sino a que cumplieron órdenes presidenciales en otros períodos, cosa que con AMLO no tiene cabida.
Cuando te dedicas a luchar contra el pasado, como ha hecho este botarate durante todo su mandato, el presente te come y finalmente has de recurrir a la fuerza. Si ya la policía mexicana era famosa por sus mordidas y su brutalidad, no quiero ni pensar en lo que pueda resultar de darle tanto poder a los militares. Nos echará la culpa a los españoles, fijo.