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Emigración

Washington otorga poder a fiscales de Inmigración para desestimar casos de deportaciones y asilo

El retraso para culminar la revisión de estos expedientes aumentó debido a la pandemia y por la elevada cantidad de personas que cruzaron la frontera.

Washington
Guardias fronterizos de Estados Unidos ahuyentan a los migrantes con látigos.
Guardias fronterizos de Estados Unidos ahuyentan a los migrantes con látigos. AP

La Administración Biden otorgó el poder a los fiscales de Inmigración para agilizar los casos de deportación y asilo pendientes en los tribunales, teniendo en cuenta que existen 1,7 millones de casos sin resolver, reportó el sitio NoticiasYa.

La medida anunciada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas permitirá que los fiscales desestimen los casos de deportación para los migrantes que no representen una amenaza de seguridad pública para la nación. Estos son considerados casos de baja prioridad para el sistema migratorio.

El retraso para culminar la revisión de estos expedientes aumentó significativamente con la pandemia, sumado al aumento de personas que cruzaron la frontera en 2019.

"Nuestros esfuerzos de aplicación de la ley de Inmigración se centran en aquellos que representan una amenaza para la seguridad pública, la seguridad de nuestras fronteras y nuestra seguridad nacional", sostuvo Alejandro N. Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, reportó The New York Times, fuente original de la información.

Esta decisión forma parte de la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ante la eliminación del Título 42 en la frontera con México a partir del 23 de mayo de 2022.

Hasta el momento no queda claro el número de casos que se cerrarían con esta medida, aunque durante los ocho años de Gobierno de Barack Obama se cancelaron 16.000 por esta vía. Sin embargo, durante la Administración Trump, más de 34.000 casos fueron puestos nuevamente en el expediente de la corte de Inmigración.

Ahora se ve una "luz al final del túnel", pues un reporte de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración estima que hay al menos 700.000 casos de baja prioridad, lo que es alrededor del 40% de los que se encuentran en las cortes y que ahora podrían ser resueltos.

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