El Gobierno de Estados Unidos dio a conocer el lunes una nueva regla que podría negar la residencia permanente a cientos de miles de personas por ser demasiado pobres.
La regla, impulsada por Stephen Miller, el principal asesor antiinmigración del presidente Donald Trump, entrará en vigor a mediados de octubre y permitiría rechazar a solicitantes de visas temporales o permanentes por no cumplir con estándares de ingresos o por recibir asistencia social, cupones de alimentos, vivienda pública o Medicaid, reportó Reuters.
Un cambio de ese tipo aseguraría que los inmigrantes "sean autosuficientes" al no necesitar "recursos públicos para satisfacer sus necesidades" ya que dependerán "de sus propias capacidades, así como de recursos de familiares, patrocinadores y organizaciones privadas", de acuerdo a una publicación en el Registro Federal.
Esta sería la medida más fuerte sobre inmigración del Gobierno de Trump, aseguraron expertos. Grupos de derechos humanos han criticado el plan como un esfuerzo por reducir la inmigración legal sin pasar por el Congreso para cambiar la ley.
Según las nuevas reglas, más de la mitad de las solicitudes de "green card" serían denegadas, según el Instituto de Política de Migración, un centro de investigación. En 2016 se otorgaron unas 800.000 tarjetas.
La nueva regla deriva de la Ley de Inmigración de 1882, que permite al Gobierno denegar una visa a cualquier persona que pueda convertirse en una "carga pública". En los últimos años, los funcionarios de inmigración han definido a los solicitantes de visa como una carga pública si es probable que dependan principalmente de la asistencia.
La mayoría de los inmigrantes no residentes no son elegibles para los principales programas de ayuda hasta que obtienen las tarjetas de residencia, pero la nueva regla publicada por el Departamento de Seguridad Nacional amplía la definición de una carga pública que descalifica a más personas.
Los solicitantes ahora deberán mostrar niveles más altos de ingresos para obtener una visa, y la regla amplía en gran medida la lista de beneficios del Gobierno que los descalificaría para obtener la residencia en Estados Unidos.
Washington no ha dejado de endurecer su política de admisión de emigrantes. A mediados del pasado julio, la Administración de Donald Trump determinó impedir el otorgamiento de asilo a los emigrantes que no lo soliciten primero en un "tercer país seguro", una medida enfocada a los centroamericanos pero que también afectaría a los cubanos.
"Un extranjero que entre o intente entrar en EEUU a través de la frontera sur después de no haber solicitado protección en un tercer país fuera de sus países de ciudadanía, nacionalidad o de última residencia legal habitual que hubiese transitado en camino a EEUU, no es apto para asilo", precisó la nueva regla publicada en el Registro Federal y que entrará en vigor este mismo martes.
A fines de ese propio mes, el fiscal general de EEUU, William Barr, determinó que los familiares de una víctima de violencia no pueden optar a la solicitud de asilo como un "grupo social particular", poniendo así un nuevo obstáculo a ese sistema de protección.
