"Dejo en claro que bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme, por el contrario, me someteré a la revocación del mandato porque deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos", declaró Andrés Manuel López Obrador en el discurso de su toma de posesión como presidente de México.
El oficialismo no tardó en ratificar la voluntad de su líder y en marzo la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que permitirá convocar a los mexicanos a las urnas para que decidan si quieren o no que siga en el poder el presidente de la república. Una reforma que debe aún ser votada por el Senado.
La adopción del artículo constitucional provocó duras críticas de la oposición que lo considera una estrategia del mandatario para intentar reelegirse, algo no permitido por la Constitución.
Las instituciones puestas a prueba
La llegada de López Obrador al poder ha suscitado no pocos temores en ciertos sectores de la sociedad respecto al manejo que este hará de las instituciones durante su mandato.
Poco antes de asumir la Presidencia López Obrador organizó una consulta popular para avalar toda una serie de medidas de su futuro Gobierno, entre ellas la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
El plebiscito, sin embargo, era no vinculante, pues no se inscribía en el dispositivo jurídico previsto para la celebración de un referendo. Además, la participación de apenas un millón de votantes, en un país que cuenta con un padrón electoral de 90 millones de personas, dejaba en entredicho la representatividad de la consulta. Aun así, el flamante mandatario apeló a los resultados como legitimación para varias de sus primeras medidas en el poder.
El presidente mexicano también ha sostenido una tensa relación con los organismos autónomos y los entes reguladores, a los que ha acusado de corruptos, de favorecer los intereses de una minoría, incluso de formar parte de un "Gobierno paralelo".
En México existen varios organismos con autonomía constitucional, lo cual les permite cumplir sus funciones, y hasta manejar su propio presupuesto, sin estar supeditados al Ejecutivo. Fueron creados con el objetivo de sustraer ciertas instituciones a los designios del Gobierno de turno y como contrapeso a las posibles derivas de la administración pública.
Entre ellos se cuenta el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
López Obrador ha hablado sin tapujos de "purificarlos", sugiriendo el reemplazo de sus integrantes.
Además, a principios de febrero el mandatario declaró que no debía descartarse, dado el calado de las reformas que piensa llevar a cabo, la redacción de una nueva Constitución.
En todo estos casos, el denominador común es la búsqueda, por parte de la Presidencia, de un mayor control del engranaje institucional.
El fantasma de la reelección
En los últimos tiempos lo que más preocupación ha causado es la insistencia de López Obrador en celebrar la consulta pública sobre si debe continuar en el cargo en un periodo cercano al de las elecciones federales intermedias de 2021.
El mandatario evocó en un primer momento la posibilidad de que el referendo se celebrara durante las elecciones intermedias, el 6 de junio de 2021. La propuesta causó un revuelo en la oposición que acusó al presidente querer intervenir en la campaña a favor de la coalición que lo sostiene en el poder, algo que le allanaría el camino para postularse a un nuevo mandato.
Para sortear estas reticencias, y para facilitar la ratificación de la reforma constitucional en el Senado, a mediados de marzo el presidente firmó públicamente un documento en el que se comprometía a no buscar la reelección. Y la semana pasada propuso adelantar la consulta al 21 de marzo de 2021.
Estos pasos, sin embargo, no mitigan el tenor de las renuencias encontradas por López Obrador. En primer lugar, porque aun avanzando la fecha de la consulta, la campaña presidencial por superar el referendo revocatorio tendrá sin dudas efectos en las elecciones intermedias, donde se renuevan en parte el Legislativo, las gubernaturas y las alcaldías.
Si el presidente sigue por ese entonces gozando de altos índices de popularidad, el impulso plebiscitario le dará seguramente alas al oficialismo en los comicios posteriores.
Y aquí los beneficios de la apuesta pueden ser considerables. Por una parte, si el presidente se impone con creces en la consulta, esto podría ser usado como una prueba de la voluntad popular de que siga en el cargo más allá de los límites de su mandato. Por otra, un triunfo presidencial podría crear un efecto contagioso en el electorado, permitiéndole al oficialismo arrasar en el Congreso.
La coalición oficialista cuenta actualmente con mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero si en 2021 lograra conseguir las dos terceras partes de los escaños en el Legislativo, le sería posible reformar la Constitución sin tener que negociar con otras fuerzas políticas.
En ese caso la modificación de la Carta Magna para dar paso a una reelección de López Obrador sería un puro trámite.
¿En qué quedaría entonces el compromiso del presidente de no postularse a un nuevo mandato? No es seguro que se mantenga. En 2012 López Obrador había advertido que, de perder las elecciones presidenciales, se retiraría de la política. Seis años después asumía la presidencia del país.
Es cierto que es necesario un extraordinario concurso de circunstancias —alta popularidad de López Obrador al cabo de tres años en el poder, victoria aplastante en la revocatoria, control oficialista de dos tercios de los escaños en el Congreso— para que sea factible una reelección del actual presidente mexicano. Pero la historia reciente de América Latina ha demostrado que no hay que descartar ningún escenario.