"Señor Presidente, quiero dejar claro que, pese a algunas versiones, no existe de mi parte ninguna desavenencia personal con usted. El desenlace del juicio provendrá de las pruebas y de la ley", dijo el exjuez Sergio Moro al interrogar en mayo de 2017 al exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Poco después, en julio de 2017, Lula sería condenado a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Dos años más tarde, las declaraciones del ahora ministro de Justicia de Brasil quedan en tela de juicio, tras la filtración la semana pasada, por la edición brasileña del portal The Intercept, de múltiples mensajes que podrían implicar maniobras entre Moro y los fiscales de la Operación Lava Jato con el objetivo, entre otros, de asegurar el encarcelamiento de Lula, así como obstaculizar su posible retorno al poder en 2018.
The Intercept es un medio de investigación creado por el fundador de eBay, el filántropo Pierre Omaydar, en el que colabora el periodista estadounidense instalado en Brasil, Glenn Greenwald.
Greennwald, quien con dos otros colegas brasileños ha escrito el reportaje donde se revelan las conversaciones, se dio a conocer mundialmente en 2013 cuando el analista Edward Snowden le entregó los documentos que probaban el espionaje masivo realizado por la NSA (la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU).
Según las conversaciones publicadas por The Intercept, Sergio Moro, en aquel entonces el magistrado más prominente en la revisión de los casos de la Operación Lava Jato, sugirió fuentes, orden de las operaciones y de modo indirecto coordinó los procesos de varias figuras políticas que luego juzgaría.
Las investigaciones en el marco de dicha operación constituyeron un verdadero terremoto político al desvelar en Brasil, y luego en el resto del continente, un poderoso entramado de corrupción que ligaba a políticos, constructoras y empresas estatales.
Tan solo en Brasil están siendo investigados más de 400 políticos. Entre ellos hay seis expresidentes.
El caso Lula
Lo que más ha llamado la atención de la opinión pública es el sostenido intercambio de mensajes entre Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, principal investigador de la Lava Jato.
En las filtraciones destaca una conversación entre el juez y el fiscal sobre la decisión de romper el secreto de sumario y hacer públicas, en la primavera de 2016, las grabaciones entre Lula y la entonces presidenta Rousseff, cuando se creía que Lula sería nombrado ministro para obtener la inmunidad parlamentaria.
Moro fue amonestado por el Tribunal Supremo por haber expuesto aquellas comunicaciones.
Otro dato sorprendente es que Dallagnol no encontraba suficiente contundencia en las pruebas del caso que finalmente terminaría llevando a Lula a la cárcel. A lo que Moro respondió: "Siga firme".
La duda en cuanto a la solidez del caso contra Lula, expresada por Dallagnol, cobra ahora particular resonancia, ya que la ratificación de la condena del exmandatario, a cargo de un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre, en enero de 2018, se hizo a falta de pruebas materiales y presumiendo que los "indicios de culpabilidad" eran extremadamente elevados.
Por último, las filtraciones dejan a luz las discusiones entre los procuradores para armar una estrategia que le impidiera a Lula dar una entrevista desde prisión en octubre del año pasado, por temor a que ello favoreciera al Partido de los Trabajadores (PT).
Desde el estallido del escándalo, Moro ha aducido que las conversaciones no ponen en duda la legalidad de las investigaciones y que este tipo de intercambios son habituales en el sistema judicial brasileño.
Además, ha tachado la cobertura de The Intercept de sensacionalista y ha reprochado al medio el no haber solicitado comentarios de los implicados antes de publicar las conversaciones.
The Intercept, por su parte, insiste en que las conversaciones son de interés público, ya que exponen transgresiones de la ley y aclaró no haber solicitado las reacciones de los implicados por temor a que el Gobierno fuera a impedir la publicación.
Un ministro cuestionado
A diferencia de lo que sostiene Moro, el artículo 254 del Código Penal prohíbe a los jueces dar consejo a cualquiera de las partes implicadas en el proceso, y de haber incurrido en ello podría ser recusado tanto por la defensa como por la acusación.
No en balde, la reacción en varios medios ha sido sumamente dura. El diario conservador Estadão pidió en un editorial que Moro renunciara temporalmente a su puesto de ministro mientras se investiga su conducta, mientras que la revista Veja lo acusa de haber traspasado "la línea de la decencia y la legalidad".
Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo, Gilmar Mendes, declaró que un juez no podía ser el jefe de un equipo de investigación. "Si Moro sigue diciendo que su actuación es normal, y evidentemente no lo es, su permanencia en el Gobierno será insostenible."
Por lo pronto, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha brindado su apoyo a Moro, declarando que hay "cero posibilidades" de que sea apartado del cargo de ministro, aunque su nombramiento como miembro del Tribunal Supremo, prometido por Bolsonaro, empieza a peligrar.
El escándalo llega en un momento particularmente delicado para Bolsonaro, quien ha cesado a tres ministros en sus primeros seis meses de mandato, debido a las duras luchas internas que lastran a su Gobierno.
Esta situación se refleja a la vez en las dificultades que encuentra el Ejecutivo para persuadir al Congreso de aprobar la reforma de las pensiones, una ley clave en el programa de reactivación de la economía diseñado por la nueva Administración.
El debilitamiento de la imagen de Moro, que pese a todo sigue siendo el político brasileño con mayor popularidad, puede también afectarlo en sus negociaciones con el Legislativo para hacer adoptar su ambicioso plan de reformas judiciales, cuyo núcleo es la lucha contra la inseguridad y la corrupción.
Varios congresistas están siendo investigados por corrupción y podrían escudarse tras las filtraciones para obstaculizar un proyecto de ley que da mayores prerrogativas a los investigadores.
El PT, por su parte, no ha tardado en anunciar que prepara una ofensiva en la Justicia para cuestionar los métodos de la Operación Lava Jato y demostrar la inocencia de Lula.
De hecho, el Tribunal Supremo ha vuelto a colocar en su agenda la moción que la defensa de Lula presentó poco después que Bolsonaro designara a Moro como ministro de Justicia. Dicha moción exige la anulación de la condena del exmandatario por la parcialidad del juez.
Sin embargo, de ser aceptada la moción, Lula no se vería librado de la Justicia, pues cumple una segunda condena por corrupción y tiene aún varios casos judiciales abiertos.
En lo adelante queda por ver si Sergio Moro podrá mantenerse en el cargo. Ello dependerá, en buena medida, del tenor de los próximos artículos anunciados por The Intercept.
El medio digital ha anunciado que las conversaciones publicadas son apenas una mínima parte del archivo enorme —conversaciones privadas, mensajes de voz, videos, fotografías y documentos— que tiene en su haber.
Las próximas semanas serán decisivas para el ministro estrella de Bolsonaro.