En el estado venezolano de Delta Amacuro, un gigante de la construcción de China firmó en 2010 un acuerdo con Hugo Chávez que prometía obras, iniciativas científicas e industrias alimenticias, pero casi nada de eso se materializó.
El acuerdo con la estatal CAMC Engineering Ltd de China, implicaría la construcción de nuevos puentes y carreteras, un laboratorio de alimentos con tecnología de punta y la planta de procesamiento de arroz más grande de América Latina. También desarrollaría arrozales dos veces más grandes que la superficie de Manhattan y crearía puestos de trabajo para muchos de los 110.000 residentes del área, según una copia del contrato visto por Reuters.
Nueve años después, los habitantes de Delta Amacuro tienen hambre. Pocos empleos se han concretado y la planta de arroz está a medio construir y funciona a menos del 1% de lo prometido. No ha producido un sólo grano cultivado localmente, de acuerdo con una docena de personas involucrada o familiarizada con el proyecto.
Sin embargo, CAMC y unos pocos socios venezolanos prosperaron. Venezuela le pagó a CAMC al menos 100 millones de dólares por el estancado plan, según los contratos del proyecto y documentos de una investigación hecha por fiscales en Europa.
Las miles de páginas de documentos judiciales están archivadas en Andorra, el estado europeo donde los fiscales alegan que los venezolanos involucrados en los proyectos buscaron lavar los sobornos recibidos por ayudar a asegurar el contrato. El material sobre el acuerdo con China, que ve la luz por primera vez, incluye testimonios confidenciales, transcripciones de escuchas telefónicas, registros bancarios y otros documentos.
En septiembre pasado, en una acusación formal, un juez de un tribunal superior de Andorra dijo que CAMC pagó más de 100 millones de dólares en sobornos para asegurarse el proyecto de arroz y por lo menos otros cuatro contratos agrícolas.
Ese tribunal procesó a 12 venezolanos por delitos que incluyen lavado de dinero y conspiración para lavar dinero. Entre los procesados está Diego Salazar, primo de un exministro de Petróleo que, según los investigadores, facilitó los contratos. También fue procesado el que en ese momento era el máximo representante en China de la petrolera estatal PDVSA.
Dieciséis personas de diferentes nacionalidades también fueron procesadas y al menos otros cuatro venezolanos, una de las cuales fue embajadora en Pekín y ahora es la diplomática más importante del país en Londres, están bajo investigación, según los documentos.
Después de un ambicioso acuerdo entre China y Venezuela en 2007, las compañías chinas fueron presentadas como socias en obras de infraestructura y otros proyectos por miles de millones de dólares. Desde entonces, China invirtió más de 50.000 millones de dólares en Venezuela, principalmente en forma de acuerdos de petróleo a cambio de préstamos, según muestran cifras del Gobierno.
En un discurso en 2017, Maduro dijo que habían acordado 790 proyectos con empresas chinas en sectores que iban desde el petróleo hasta la vivienda y las telecomunicaciones. De ellos, dijo Maduro, 495 habían sido completados.
Algunos desarrollos se han estancado debido a la corrupción, dijeron personas familiarizadas con los proyectos; otros se desviaron por la incompetencia y la falta de supervisión.
En Delta Amacuro, incluso los funcionarios del Gobierno reconocen que una mezcla de ambos arruinó el proyecto arrocero. "El Gobierno abandonó el proyecto", dice Víctor Meza, coordinador estatal de la agencia de desarrollo rural de Venezuela, que trabajó con CAMC. "Se perdió todo, se robó todo".