En 1982, durante uno de los años más sangrientos de la guerra civil en Guatemala, al menos 11 mujeres de la etnia indígena q'eqchí fueron secuestradas, esclavizadas y violadas durante seis años en un campamento militar en la selva.
Ahora, una alianza de diputados que respaldan al presidente del país, Jimmy Morales, está impulsando un proyecto de ley de amnistía que permitiría la libertad de los hombres condenados por estas atrocidades, precisó un reportaje de Reuters.
Docenas de otros veteranos del ejército sentenciados por crímenes contra la humanidad también se beneficiarían.
La legislación es parte del creciente rechazo por parte de los conservadores contra las iniciativas de justicia en la nación centroamericana, donde la brutal campaña de contrainsurgencia respaldada por EEUU resultó en decenas de miles de muertes de civiles.
"Nosotras fuimos violadas por hombres que ni sabíamos quiénes eran y no queremos que ninguna mujer ni nuestro país vuelva a sufrir algo así", dijo a Reuters Demecia Yat, de 60 años, una de las sobrevivientes de la esclavitud en Sepur Zarco, un puesto militar ubicado en el noroeste de Guatemala.
En 2016, dos militares fueron sentenciados por el caso a un total de 360 años de prisión, uno a 120 años y otro a 140, por crímenes de lesa humanidad, incluida la esclavitud sexual y el asesinato. Fueron condenados bajo una ley de Reconciliación Nacional firmada como parte de un acuerdo de Paz de 1996 que ayudó a poner fin a una conflagración de 36 años entre guerrillas y el Gobierno.
Casi un cuarto de millón de personas, en su mayoría indígenas mayas, fueron asesinadas durante el conflicto. Se cree que hay unas 45.000 personas desaparecidas, un término muy usado en América Latina para quienes se cree han sido secuestradas y asesinadas, pero cuyos cuerpos nunca han sido encontrados.
El esposo de Yat y los de varias de las otras esclavas, conocidas como las abuelas Sepur Zarco, se encontraban entre los secuestrados por el ejército y nunca regresaron. Otros fueron asesinados.
"La propuesta de amnistía es un pase para salir de la cárcel, sin cargo, para los criminales de guerra condenados y para al menos una docena más de exoficiales militares que esperan el juicio por crímenes de guerra", dijo Jo-Marie Burt, profesora de la Universidad George Mason que observa los juicios de crímenes de guerra en Guatemala, incluyendo el caso Sepur Zarco.
"Este es un intento flagrante de algunos miembros del Congreso para legalizar la impunidad", agregó.
Si bien la Ley de Reconciliación actualmente otorga una amnistía para la mayoría de los crímenes cometidos durante la guerra, las masacres, los secuestros y los crímenes de lesa humanidad son punibles.
Una comisión de la verdad patrocinada por Naciones Unidas encontró que más del 80% de esas atrocidades fueron cometidas por el ejército. Desde los acuerdos de paz, los sobrevivientes respaldados por grupos de defensores de derechos humanos han construido casos que han llevado a la cárcel a más de 65 exsoldados y paramilitares respaldados por el ejército.
La ley de amnistía es parte de una reacción de los políticos cercanos a los militares y a grupos poderosos de veteranos, quienes argumentan que la ley de reconciliación es parte de un sistema de justicia parcializado que ha castigado desproporcionadamente a las fuerzas armadas.
Los legisladores que apoyan la amnistía, que podría liberar a todos los exsoldados condenados dentro de las 24 horas posteriores a la promulgación de la ley por Morales, están encabezados por el congresista ultraconservador Fernando Linares, un abogado veterano que ha defendido a los traficantes de drogas y soldados condenados. "La derecha ahora está empoderada", dijo.
Si tiene éxito, el proyecto de ley marcaría una gran victoria para los conservadores de línea dura de Guatemala, que ven la lucha por mantener a los generales fuera de la cárcel como una extensión de la guerra civil.
A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que debería archivarse, el proyecto de ley de amnistía permanece en la agenda legislativa del Congreso y podría ser votado en cualquier momento, dijo Linares.
También se está abriendo camino un proyecto de ley destinado a frenar la financiación de grupos defensores de derechos humanos. Y Morales, que encontró un amigo en el presidente estadounidense, Donald Trump, por su cooperación en materia de seguridad y migración ilegal, no renovó el mandato en Guatemala de un cuerpo respaldado por la ONU encargado de investigar y procesar delitos graves.
Morales se ha negado a comentar sobre la amnistía, diciendo que le corresponde al Congreso decidir su destino. Su oficina no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios para esta historia.
Las épocas más oscuras
Algunos partidarios del proyecto de ley de amnistía sostienen que ayudaría a curar las heridas de la guerra civil.
"Si no hay un verdadero perdón de las partes, nunca va a haber armonía", dijo César Calderón, quien representó al exdictador militar Efraín Ríos Montt en un juicio de 2013 que lo llevó a su condena por genocidio. La sentencia fue anulada posteriormente y Ríos Montt, en el poder en el período 1982-83, murió antes de que concluyera el nuevo juicio.
Sin embargo, el proyecto de ley de amnistía ha provocado una fuerte resistencia de los medios de comunicación guatemaltecos, los sobrevivientes y los legisladores de la oposición, y su aprobación no es segura.
"Si avalan esa ley, el espacio que ganamos las mujeres al conseguir justicia se pierde", dijo Yat, hablando a Reuters través de un intérprete en su idioma nativo Q'eqchi.
El horror en Sepur Zarco, el primer caso de violencia sexual relacionada con el conflicto armado en Guatemala, comenzó en el momento más alto de la represión del ejército contra poblaciones civiles sospechosas de apoyar a los rebeldes.
Desde el final de la guerra, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala ha desenterrado miles de cuerpos, muchos de ellos con signos de tortura, en fosas comunes dispersas principalmente en las tierras altas mayas.
Cada vez más, los juicios de soldados han tenido éxito, incluido uno el año pasado que condujo a una sentencia de 5.160 años para un soldado de las fuerzas especiales de Kaibil condenado por una masacre en el pueblo de Dos Erres que dejó más de 200 muertos.
En mayo del año pasado, un juez condenó al general Manuel Benedicto Lucas García, hermano del expresidente guatemalteco Fernando Romeo Lucas García y exjefe del estado mayor del ejército, a 58 años por su participación en violaciones y desapariciones forzadas.
Lucas García fue declarado culpable junto con otros funcionarios de alto rango por la tortura y violación de quien fue líder estudiantil en esa época, Emma Molina Theissen en 1981. Como represalia por haber escapado de una base militar después de nueve días de detención, los soldados secuestraron a su hermano Marco Antonio, de 14 años, quien nunca apareció.
Ana Lucrecia Molina Theissen, la hermana de las víctimas, teme que la ley de amnistía destruya la lucha para obtener justicia por sus hermanos.
"La reforma no solamente favorece a un sector poderoso, insensible e inhumano (...) conformado por hombres capaces de ejecutar los crímenes más atroces", dijo Molina Theissen. "Nos devuelve a las épocas más oscuras del terrorismo estatal", finalizó.