"Es un invento de ellos. Oyen todo, ven y leen todo lo que uno hace. Es por eso que tenemos que crear segmentos independientes", declaró en febrero pasado el presidente ruso Vladimir Putin, refiriéndose al poder de Estados Unidos en la red y al proyecto de ley actualmente tramitado en el Parlamento ruso para dotar al país de una internet independiente.
Dicho proyecto, en nombre de la lucha por la seguridad informática, prevé que los sitios rusos funcionen sin tener que acudir a los servidores extranjeros. Esto se traduciría, entre otras medidas, en un control centralizado de los proveedores de internet, en la reducción a mínimos de la transferencia al extranjero de los datos intercambiados entre usuarios rusos, en la filtración del tráfico en la red y, en caso extremo, en el cese del flujo de servicios y contenidos virtuales procedentes del exterior.
El objetivo sería lograr una internet rusa "soberana", desconectada del mundo.
Algunas pruebas ya han sido realizadas en este sentido. En octubre pasado, durante las protestas que agitaron la república caucásica de Ingusetia, internet fue cortada varios días, poniendo en sordina la región.
No obstante, este proyecto suscita serias dudas en cuanto a su realización a corto plazo. A diferencia de China, que desde el principio construyó su propia internet, Rusia está totalmente integrada en el diseño global de la red.
Por ejemplo, sus principales firmas en el sector, como Yandex, tienen servidores en el extranjero, mientras que multinacionales, como Google, tienen servidores en Rusia. El aislamiento virtual acarrearía perturbaciones imprevisibles.
Además, técnicamente, la operación presenta escollos difíciles de salvar. Aunque en abril de 2018 un tribunal de Moscú ordenó el bloqueo de Telegram, después que la empresa se negase a entregar a los Servicios de Inteligencia claves de cifrado para acceder a los mensajes de varios usuarios, la aplicación sigue funcionando en Rusia. Y ello pese a la suspensión de cerca de 18 millones de direcciones IP y de gran número de Redes Privadas Virtuales (VPN, por sus siglas en inglés) que permiten hasta cierto punto burlar el control de los reguladores.
Una estrategia de contención
No serán los obstáculos, sin embargo, lo que detendrá al Kremlin en su intento de instaurar un control cada vez más férreo sobre la red.
En noviembre de 2018, el Gobierno ruso aprobó un decreto que obliga a los operadores de telefonía móvil y a las empresas propietarias de aplicaciones de mensajería a identificar sus usuarios. También estipula que los operadores deben crear una base de datos con las aplicaciones de chat que usan sus clientes y con sus códigos de identificación.
Según el regulador estatal de telecomunicaciones, esto facilitará la investigación de delitos. Las voces disidentes apuntan más bien a un dispositivo de vigilancia y contención de estas aplicaciones.
De hecho, en estos días el Legislativo ruso ha aprobado otros dos proyectos de ley sumamente controvertidos. Uno destinado a combatir la desinformación y el otro a sancionar las ofensas a los símbolos patrios.
El andamiaje jurídico prevé multas de hasta 20.000 euros y penas de prisión por la difusión de lo que la Fiscalía considere injurias o noticias falsas. Además, la nueva legislación permitirá el bloqueo de las páginas web donde los contenidos cuestionados aparezcan si, al recibir la notificación, el operador no los retira inmediatamente.
Los detractores de Putin no dudan en afirmar que estas leyes pretenden establecer de hecho la censura y anular las críticas al poder.
En realidad, esta cruzada por el control de la red no es nueva, sino que ha ido in crescendo en los últimos años.
Así, en 2014 el fundador de Vkontakte (En contacto), la plataforma social más usada en Rusia, se vio forzado a vender las acciones de la compañía y a abandonar el país, debido a las presiones de las autoridades para que la empresa les proporcionase datos personales de usuarios y de grupos de la oposición.
En 2016, la red social de contactos profesionales, LinkedIn, se vio bloqueada en Rusia por supuestamente violar las leyes de manejos de datos vigentes en el país, que exigen el traslado de los servidores de almacenamiento de datos personales de ciudadanos rusos a Rusia.
A la vez, tras el pulso con Telegram, todas las aplicaciones de chat anónimo, como WhatsApp o Viber, están bajo la lupa.
Y en enero pasado el regulador estatal de telecomunicaciones abrió una causa administrativa contra la red social Facebook. Una vez más el contencioso se basa en el reclamo a la compañía de instalar en Rusia el almacenamiento de los datos personales de sus usuarios rusos en bases de datos situadas en el territorio nacional.
Sin embargo, la apertura de la causa intervino poco después de que Facebook desactivara unas 500 cuentas y grupos que se hacían pasar por medios locales en Ucrania, Europa del Este y Asia Central, cuando al parecer correspondían a las agencias de noticias rusas Sputnik y Rusia Hoy.
En cierta medida, la estrategia aporta frutos. Según el semanario británico The Economist, en la primera mitad de 2018, Google, por ejemplo, ha cumplido en un 78% los pedidos de desactivación de contenidos reclamados por las autoridades rusas.
Y el líder opositor Alexéi Navalny se queja de que YouTube ignora deliberadamente el pirateo de su canal online por parte del Kremlin.
El horizonte de la ciberguerra
La intensificación de la estrategia de control de la red, más allá de estar en sintonía con una tendencia global tanto en los regímenes autoritarios como en las democracias occidentales, remite en Rusia a dos elementos coyunturales.
El primero concierne la preocupación del Kremlin por controlar en la red el flujo de contenidos a semejanza de la garra que mantiene sobre la televisión y la prensa rusas.
Y esto sobre todo en un momento en que la popularidad de Putin conoce mínimos históricos, debido a un estancamiento económico que se ha traducido en seis años consecutivos de reducción de los ingresos reales de la población y en la adopción de medidas impopulares como el aumento del impuesto al consumo y de la edad de la jubilación.
En este contexto las autoridades rusas ponen especial énfasis en silenciar a la oposición y en cortar de raíz todo vector posible de movilización social.
El otro aspecto atañe al relanzamiento de la carrera armamentística con EEUU. Como informa la BBC, la red soberana o los planes de desconexión de internet forman parte de los preparativos rusos para una posible ciberguerra.
Un escenario bélico en la red marcaría una escalada en las fricciones que la nación euroasiática ha tenido en los últimos años con Occidente. En más de una ocasión, EEUU y países de la UE, como España, Reino Unido y Holanda, han acusado a Rusia de organizar ciberataques destinados a desestabilizar las democracias occidentales.
Visto así, la lucha del Kremlin por controlar internet está lejos de terminar.