La poderosa líder opositora peruana Keiko Fujimori fue detenida el miércoles, acusada de recibir dinero de la compañía brasileña Odebrecht, una semana después de que la Justicia anulara el indulto a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, reporta la AFP.
La hija mayor de Fujimori (1990-2000) quedó detenida por un periodo de diez días tras declarar ante la Fiscalía, señaló su abogada, Giuliana Loza, quien calificó de "atropello y abuso" la decisión judicial.
"Hoy me han detenido sin fundamentos jurídicos, en el momento en que voluntariamente me presentaba ante la Fiscalía", tuiteó Keiko en su primera reacción desde su detención, que calificó de "persecución política".
"La persecución se ha disfrazado de justicia en nuestro país", agregó tras recordar que es investigada desde hace 18 años, cuando su padre dejó la Presidencia.
Keiko, de 43 años, es acusada de haber recibido de la constructora brasileña 1,2 millones de dólares para financiar su campaña presidencial de 2011, cuando finalmente ganó su rival Ollanta Humala (también procesado por presuntamente haber recibido aportes de Odebrecht).
La "medida es dictada por fundados elementos de convicción que relaciona a los antes citados con el delito de lavado de activos, peligro de fuga y obstaculización de la investigación por los presuntos aportes de la empresa Odebrecht a la campaña de Fuerza Popular en 2011", indicó el Poder Judicial.
Minutos después, el hermano menor de Keiko, Kenji, su rival dentro del fujimorismo, tuiteó: "Otro momento triste y duro en una semana. Duro para la familia. Apenas me enteré de la noticia estuve al lado de mi mamá y después con mi papá. Lamento profundamente la situación que atraviesa mi hermana y su familia".
La abogada Loza dijo que la medida ordenada por el juez Richard Concepción Carhuancho, los tomó por sorpresa. "Vamos apelar de inmediato, porque no hay sustento ni existe una sola prueba de que (Keiko) se vaya a fugar", afirmó.
Además de Keiko, líder del partido Fuerza Popular (derecha populista, principal fuerza opositora que controla el Congreso peruano), otras 19 personas, entre ellas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya —ambos muy cercanos a los Fujimori— están investigados por supuestamente recibir fondos de la constructora Odebrecht para la campaña presidencial de 2011.
"Keiko es fuerte y va a salir de esto más fuerte que nunca", dijo el esposo de la política, Mark Vito Villanella, quien la acompañó a declarar.
La vocera de Fuerza Popular y congresista Alejandra Aramayo lamentó en declaraciones a la radio RPP "que la Justicia siga politizada, más aún cuando (Keiko) estaba concurriendo a una diligencia por el caso de los cócteles destinados a recolectar dinero para su campaña a la Presidencia".
El fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, atribuyó a Keiko liderar una "organización criminal" al interior de su partido, por recibir aportes ilícitos.
Uno de los efectos de la detención será que "aumentará aún más la confrontación entre el poder ejecutivo y el Congreso", advirtió la analista María Luisa Puig, de la consultora de riesgo político Eurasia.
Pese a ello, matizó, "es poco probable que una mayor confrontación afecte al presidente Martín Vizcarra y a sus reformas, que ya se aprobaron en el Congreso, aunque con algunos cambios, y probablemente se ratificarán en un referéndum en diciembre".
Según Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Lima, los dirigentes fujimoristas Yoshiyama y Bedoya fueron los intermediarios. Sus viviendas fueron allanadas en marzo por la Fiscalía.
Barata confesó a fiscales peruanos en Sao Paulo que Odebrecht había hecho aportes a las campañas de los expresidentes Ollanta Humala (2011-2016), Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Tanto los exmandatarios como Keiko negaron haber recibido dinero de Odebrecht, cuyos ejecutivos confesaron haber corrompido a políticos y funcionarios en varios países de América Latina a cambio de contratos de obra pública.
Barata aseguró que, además del millón de dólares entregado a Yoshiyama y Bedoya, aportó otros 200.000 dólares para Keiko a través de la organización de cúpula de los empresarios peruanos, la CONFIEP.
La investigación fiscal se inició cuando en las cuentas del partido de Keiko se detectaron "aportes fantasmas" para su campaña electoral de 2011. Según el partido, provenían de simpatizantes, pero los presuntos aportantes negaron desembolsos.
Keiko negó las imputaciones.
Hace una semana, la Corte Suprema peruana anuló el indulto presidencial que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski en diciembre a Alberto Fujimori y ordenó su encarcelamiento, pero el expresidente fue ingresado en una clínica de Lima, donde permanece bajo custodia policial.
Pese a estar condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción, Fujimori siguió gozando de gran popularidad por haber acabado con el terrorismo de Sendero Luminoso y la hiperinflación.
Ese legado político se lo disputan sus hijos Keiko y Kenji, enfrentados por llegar a la Presidencia.