La ONG de derechos humanos Foro Penal, un ente autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en Venezuela hay 236 presos políticos y acusó el Estado venezolano de utilizar tribunales militares contra civiles, reportó NOTIMEX.
"Desde 2014 hasta la fecha se han registrado 12.480 arrestos arbitrarios en todo el país", señaló ante la CIDH Luis Betancourt.
De acuerdo con Betancourt esto demuesta un patrón sistemático generalizado, lo que se traduce en un aproximado de 50 personas detenidas arbitrariamente cada mes y otras 50 liberadas, "esto lo denominamos nosotros un efecto de puertas giratorias".
"De ellos, 1.551 se han convertido en presos políticos, 236 están hoy tras las rejas", sostuvo Betancourt, abogado representante de Foro Penal, una de las organizaciones de la sociedad civil.
El Foro Penal, también llamado a veces como Foro Penal Venezolano, es una organización no gubernamental de asistencia a víctimas de violaciones a los derechos humanos, radicada y registrada en Venezuela como asociación civil.
A lo largo de 2018 un centenar de presos han sido liberados como parte de una política que el Gobierno de Nicolás Maduro definió como de "reconciliación" tras los movimientos de protestas de 2014 y 2017, que en total dejaron 200 muertos.
"En nuestro país el Estado garantiza los derechos humanos de los privados de libertad", manifestó a su vez el representante de Venezuela, Larry Devoe.
Por otra parte, la Fiscal General en el exilio Luisa Ortega Díaz denunció ante la Corte Penal Internacional la violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela a los diputados Juan Requesens y Julio Borges.
La denuncia fue presentada el jueves por Ortega Díaz ante la CPI contra Maduro y otros siete integrantes de su Gobierno. En un documento enviado a la Corte, la exfiscal aseguró que el Ejecutivo venezolano mantiene acciones reiterativas que incurren en las violaciones de Derechos Humanos.
"En el presente escrito narraré hechos que dan continuidad al ataque generalizado y sistemático contra la población civil disidente, lo cual fue denunciado por quien suscribe ante esa Corte Penal Internacional en fecha 16 de noviembre de 2017", señala el escrito.
"Enviando al Estado (venezolano) una vez más un mensaje claro a la disidencia, afirmando que de cualquier forma quienes son sus adversarios serán objeto de procesos penales, sometidos y disminuidos en su integridad humana", acotó Ortega Díaz.
Asimismo, aseguró que el Gobierno del presidente Maduro persigue y ataca a los ciudadanos que no comparten sus ideales y las decisiones que este toma.
La semana pasada, los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, grupo al que luego se sumó Francia, enviaron una carta a la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por el Gobierno de Caracas.