"Condenamos rotundamente la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, y el feminicidio como su expresión más extrema", declaró en abril pasado el Coordinador de las Naciones Unidas en El Salvador, Christian Salazar Volkmann.
La ONU lanzaba de ese modo un llamado a las autoridades salvadoreñas para que redoblaran sus esfuerzos en la lucha contra el feminicidio.
Desde que las organizaciones internacionales vienen registrando la violencia de género, El Salvador ostenta el triste récord de figurar, junto con Honduras, entre los países del mundo más peligrosos para las mujeres.
Tan solo en 2017, hubo al menos 468 feminicidios. Esto supone que sobre 100.000 mujeres alrededor de 13 son asesinadas anualmente. Una comparación con Europa Occidental, donde el índice promedio es de 0,4 por 100.000, da idea de la magnitud de los hechos.
Sin embargo, la alarma dada por la ONU corresponde a un inicio de año particularmente brutal. Y es que durante los cuatro primeros meses de 2018 se han registrado cerca de 157 feminicidios. Lo cual representa un incremento del 12% respecto al mismo periodo de 2017, año en el que se contabilizaron más de 20.000 casos de violencia contra las mujeres.
Una violencia estructural
Varios factores concurren en esta situación. El primero, y más obvio, es el machismo imperante en una sociedad donde la mujer sigue siendo víctima de la dominación masculina.
Otro elemento de peso atañe al largo conflicto civil que asoló al país entre 1979 y 1992, dejando un saldo de aproximadamente 75.000 muertos y desaparecidos. El legado de la contienda ha sido el de una sociedad empobrecida, con instituciones precarias, y acostumbrada a niveles de violencia extraordinarios –la tasa de homicidios del país es también una de las más altas del mundo–.
Esto también ha supuesto la desarticulación a gran escala del tejido social, empezando por la familia.
En este sentido, un dato es particularmente revelador. Si bien el 95% de los delitos es cometido por adultos, la mitad de los feminicidios es obra de menores de edad. Es decir, los niños y adolescentes reproducen al extremo la violencia que se ejerce socialmente contra las mujeres.
Aquí la relación con el desmembramiento familiar es evidente, puesto que 85% de los condenados por violencia de género (violaciones, maltrato, feminicidios) proceden de hogares desintegrados, y 43% son hijos de madres solteras.
Son estos mismos jóvenes en ruptura quienes, en gran medida, pasan a integrar otro de los factores determinantes en el incremento de los feminicidios: las pandillas. Las maras, cuya emergencia coincidió con la desmovilización masiva de los combatientes de la guerra civil, son el refugio por excelencia para aquellos que buscan paliar la falta de oportunidades y el desarraigo social.
En estos círculos las mujeres son consideradas como una propiedad. La traición o el abandono de la pandilla por uno de sus miembros implica, por lo general, la violación y/o el asesinato de la hermana, de la novia.
Por otra parte, cuando sus parejas o familiares caen presos, estas son un blanco fácil para las bandas rivales que, con frecuencia, las suprimen a modo de venganza.
Por último, El Salvador, junto con Honduras y Guatemala, integra una franja donde la fuerte implantación del crimen organizado involucra actividades ilícitas ante las cuales las mujeres (y los niños) son particularmente vulnerables. La trata de personas, y en particular la prostitución y el tráfico de órganos, se salda también con una cuota de feminicidios.
Perspectivas
El panorama, por tanto, es bien sombrío. No obstante, en los últimos años ha habido algunos avances en la cuestión. En 2012, por ejemplo, entró en vigor la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), que incorpora la figura de feminicidio como la forma extrema de violencia de género hacia las mujeres.
Como señala un informe del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), este dispositivo busca impulsar los resortes de la justicia respecto al fenómeno de la violencia contra las mujeres.
Además, a raíz de lo dispuesto por la LEIV, se han creado decenas de oficinas para atender a las mujeres víctimas de maltratos.
Por su parte, el Gobierno, en concertación con el ISDEMU, ha aprobado recientemente un programa de prevención de la violencia sexual y feminicida.
Sin embargo, estos pasos tardarán en revertir notablemente la tendencia actual. Mientras tanto, la situación de las mujeres en El Salvador seguirá siendo alarmante, ya que, si bien el 67% de ellas admite haber sido agredida en alguna ocasión, solo un 6% ha hecho la denuncia, ya sea por falta de accesibilidad a los servicios públicos, por amenazas, por vergüenza o sencillamente por temor a que su denuncia no procediera.
Machismo y precariedad institucional constituyen así una tenaza letal.