La edición 2017 del Índice Global de Impunidad del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) sitúa a México en el sexto lugar a nivel mundial. Un censo que "consiste en una clasificación de países donde asesinan a periodistas y los responsables de tales crímenes siguen impunes".
En lo que va de año, 11 periodistas han sido asesinados en México. Lo cual eleva el total, desde el año 2000, a más de un centenar de víctimas, además de unos 25 desaparecidos.
Según Azam Ahmed, en The New York Times, "los motivos detrás de los asesinatos varían: hay matones de carteles de narcotráfico molestos por una cobertura audaz en su contra, hay funcionarios públicos corruptos que quieren silenciar a los críticos, así como violencia arbitraria e, incluso, casos de reporteros que cambiaron de bando y se unieron a los mundos criminales que cubrían".
La violencia contra los medios recrudeció desde que el exmandatario Felipe Calderón (2006-2012) lanzara su "guerra" contra el narcotráfico hace ya una década. Una estrategia fallida que terminó acentuando la lucha de los narcos entre sí y con el Estado y, como consecuencia, duplicando la cifra de homicidios.
Bajo la presión del Ejército, algunos cárteles se han fragmentado en grupos más pequeños pero también más violentos. Además, las operaciones militares han forzado a los narcotraficantes a buscar nuevas rutas para el tráfico de drogas en territorios rivales, aumentando las zonas de conflicto.
El periodismo entre fuego cruzado
Así, el periodismo, como el resto de la sociedad mexicana, ha quedado atrapado en una espiral de violencia sin fin. Los cárteles de la droga mantienen una política del terror para imponer su ley. Y en ese sentido silenciar a la prensa es una de sus constantes.
Pero con frecuencia el asedio a los profesionales de la información es obra de alcaldes, funcionarios locales y policías, para frenar las investigaciones que pueden revelar su colusión con el crimen organizado o sencillamente el uso ilícito de cargos y fondos públicos.
La amenaza, la intimidación o la tortura forman parte del día a día de los periodistas mexicanos. Las estadísticas de Artículo 19, una organización internacional que lucha por la libertad de la prensa, registran un periodista agredido cada 15,7 horas. La mitad de estas agresiones es cometida por funcionarios públicos.
Pese a la existencia de leyes que aseguran a los periodistas, en caso de necesidad, la protección gubernamental, el acoso recurrente a la prensa por miembros de las instituciones estatales arroja serias dudas sobre el funcionamiento mismo de la Justicia y a la vez sobre la voluntad del Gobierno central.
Impunidad y autocensura
Como bien señala Gerardo Albarrán de Alba en Cuadernos de Periodistas, en las investigaciones de asesinatos de periodistas "las autoridades se apresuran a especular públicamente sobre robos y asaltos comunes, o bien motivos personales, familiares, amorosos, sexuales o de franca corrupción y vinculación con algún cártel del narcotráfico".
No es de sorprender que de los más de 100 asesinatos de periodistas registrados en lo que va de siglo, apenas ocho hayan sido investigados por las autoridades federales (habilitadas para intervenir en casos de delitos contra la libertad de expresión) y solo uno resuelto.
En un país con una de las tasas de homicidios más altas del continente, donde la impunidad es sistemática, en el que las estructuras del Estado en varias regiones muestran signos de franca descomposición, quedando bajo el control del crimen organizado, la suerte de la prensa corre el riesgo de pasar inadvertida por la mayoría de la población.
Algo que podría terminar reforzando el estado actual de las cosas. Solo una gran movilización del conjunto de la sociedad civil podría forzar el Gobierno federal a desplegar todos los medios necesarios con el fin de proteger realmente la libertad de informar.
En una ocasión Javier Valdés, uno de los grandes conocedores del narco mexicano y fundador del semanario Riodoce, declaró: "Donde yo trabajo, Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, es peligroso estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una línea invisible trazada por los malos —que están en el narcotráfico y en el Gobierno— en un campo sembrado de explosivos. [...] Uno debe protegerse de todo y de todos, y no parece haber opciones ni salvación, y a menudo no hay nadie a quien acudir".
A principios de mayo de este año unos hombres encapuchados lo interceptaron a pocas cuadras de su trabajo. Lo obligaron a arrodillarse y luego lo acribillaron a balazos. Tenía 50 años, estaba casado y era padre de una hija.
Mientras tanto, apunta Azam Ahmed, "la prensa se ha adaptado... al censurar buena parte de lo que informa. La autocensura no solo es común, se podría decir que es casi la norma".