La juez de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela decretó prisión incondicional sin fianza para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y para siete exconsellers, mientras que impuso una fianza de 50.000 euros al exconseller Santi Vila para poder eludir la cárcel, reportó EFE.
De este modo, la juez asume por completo la petición de la Fiscalía y envía a la cárcel por riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva a Junqueras y los ocho miembros del destituido Gobierno catalán que han comparecido este jueves investigados por rebelión, sedición, malversación y otros delitos conexos.
Además de Junqueras van a prisión los exconsellers Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo), Joaquim Forn (Interior) y Santi Vila (Empresa), este último, que dimitió un día antes de la declaración de independencia, hasta que deposite la fianza.
La juez ha apreciado alta probabilidad de riesgo de fuga porque "tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permita abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero".
Alude así Lamela a la huida del expresidente catalán Carles Puigdemont y de otros cuatro exconsellers a Bruselas para los que la Fiscalía ha pedido a la juez que dicte las correspondientes órdenes europeas de detención y las dirija a las autoridades belgas para que pongan a estos cinco investigados a disposición de la Justicia, solicitud que la magistrada aún no ha resuelto.
Según informó El Diario Vasco esta semana, Puidgemont será representado por el letrado Paul Bekaert, un abogado de los cinco espías cubanos de la Red Avispa, que en el pasado también ha defendido a terroristas de ETA y que, además, "sus labores de defensa se han centrado en militantes violentos de células marxistas".
Para evaluar el riesgo de fuga de los exconsellers y el exvicepresidente catalán, la juez tiene también en cuenta la gravedad de las penas a la que se exponen los investigados en esta causa porque "a mayor gravedad de los hechos y de la pena, más intensa cabe presumir la tentación de huir".
En este sentido el auto recuerda que "los querellados se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por el delito de rebelión, quince años de prisión por el delito de sedición, y ocho años" por el de malversación que además "puede ascender a diez años en caso de que se haya producido falseamiento en la contabilidad".
También Lamela observa en su auto un alto riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que las "actividades delictivas descritas se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años" desde que comenzó en 2015 la andadura del proceso separatista en Cataluña.
Dice Lamela que los investigados "vienen operando dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la Justicia".
Todos ellos jugaron "un papel activo impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras" que pudieran desviarles de su última finalidad.
Para argumentar la prisión incondicional indica también que se aprecia alta probabilidad de que los querellados puedan proceder a ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba, teniendo en cuenta los cargos que han ostentado hasta hace pocos días.
A lo largo del auto, Lamela desgrana el papel de cada uno de ellos en cada paso del llamado 'procés' a lo largo de estos dos últimos años. El proceso culminó en la declaración de independencia en el Parlament catalán que desembocó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el consecuente cese de todo el Govern y la disolución de la Cámara autonómica.