Un choque de trenes hace temblar los cimientos de la política española.
El sábado pasado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convocó elecciones en Cataluña y dio los primeros pasos para la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aprobada por el Senado el día anterior.
Estas medidas responden a la declaración de independencia, votada la víspera por el Parlamento catalán. Desde la instauración de la democracia en 1978, es la primera vez que este artículo es puesto en funcionamiento.
En lo inmediato, el dispositivo se traduce en la destitución del presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, el cese de su gabinete y la disolución del Parlamento autonómico. A la vez, el Gobierno central asume la gestión de la administración regional, el control de la Policía, así como las competencias en materia económica y presupuestaria.
Esto es el resultado de la escalada de tensión entre la administración central y las autoridades catalanas desde que el Tribunal Constitucional, atendiendo un recurso del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, anulara parcialmente, en 2010, la ampliación del Estatuto de Autonomía que se le acordara a Cataluña en 2006.
La ausencia de diálogo desde la llegada del PP al poder en 2011 no ha hecho sino profundizar el abismo entre los independentistas y Madrid. La organización, por parte del Gobierno autonómico, de un referendo ilegal sobre la independencia de Cataluña el 1 de octubre, y la respuesta desmedida de las fuerzas del orden enviadas por el Ejecutivo nacional, simbolizan este impasse.
Crisis institucional
Cabe señalar que el contexto político y socio-económico de la última década ha contribuido a exacerbar el conflicto. La crisis económica que afectó gravemente al país entre 2008 y 2014 dejó al descubierto los límites de un modelo económico basado en la construcción y el turismo.
Una recesión que ha acentuado los efectos de "casi 40 años de desindustrialización especialmente vividos en la Cataluña interior", como destacara el sociólogo Emmanuel Rodríguez. La pauperización ha minado también las regiones más prósperas de la península, lo cual ha incidido negativamente en los equilibrios territoriales que sustentan el régimen de autonomías.
La principal consecuencia política de la crisis económica ha sido el desmoronamiento del bipartidismo, que había dominado el escenario político nacional de las últimas décadas, con la entrada en el Parlamento de Ciudadanos y Podemos.
Este proceso de fragmentación se debe además a la parálisis del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en resonancia con el resto de la socialdemocracia europea. Pero también a las múltiples tramas de corrupción por las que está siendo procesado el PP. Así como al uso partidario que, desde el poder, ha hecho de la Justicia.
Visto así, el conflicto catalán representa una crisis del marco institucional que rige la política española.
De ello es sintomático que sea justamente el Partido Demócrata Europeo Catalán el que encabece la coalición separatista. El PDeCAT es el heredero de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), el cual fue durante décadas uno de los pilares de la estabilidad política nacional, sirviendo de comodín a la hora de crear mayorías parlamentarias a los sucesivos gobiernos del PSOE o del PP.
Fuga hacia adelante
La adhesión del PDeCAT a los postulados independentistas se explicaría, en cierta medida, por la necesidad de frenar su pérdida de peso en el escenario catalán, debido a los sonados escándalos de corrupción de la dirigencia histórica de CDC y a las políticas de austeridad que implementara durante la última crisis.
En este sentido, el cara a cara entre declaración de independencia y artículo 155 responde a una fuga hacia adelante de ambos gobiernos (el nacional y el autonómico).
En el campo catalán, la alianza sui generis entre un partido de derecha agonizante, PDeCAT, la izquierda republicana institucional, ERC, y una izquierda radical, la CUP (que aspira a salir de la OTAN y del euro), solo puede sostenerse con el impulso soberanista. Sin este se disgregarían sus fuerzas.
Por su parte, el PP, siguiendo la estrategia esbozada el 1 de octubre, como señalara ya Enric Juliana en La Vanguardia, le estaría enviando "un mensaje de autoridad a su electorado de base", tradicionalmente reacio a las reivindicaciones de las autonomías. Además, respecto al 155 el Gobierno cuenta actualmente con un respaldo social que supera al de sus propios votantes.
Perspectivas
La convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre es un paso hábil de Mariano Rajoy.
Por una parte, da señales de que su objetivo no es eternizar la intervención de las instituciones catalanas. Por otra, pone en situación delicada a los partidos independentistas, obligándolos a dar volteretas retóricas para justificar su participación en unas elecciones convocadas por un Estado que, supuestamente, ya no reconocen.
Esta táctica parece, sin embargo, postergar decisiones cruciales. Las medidas tomadas por el Gobierno probablemente lograrán, en un primer tiempo, frenar el caos institucional generado por un referendo y una declaración de independencia sin visos de legalidad.
Aún así, como bien resume Iñigo Sáenz de Ugarte en Eldiario.es, "el problema es que las elecciones no son un gran mecanismo para resolver problemas políticos profundos que se remontan a años o décadas."
Los comicios corren pues el riesgo de convertirse en una vía de escape más. Reforzando así el ambiente de hinchadas de fútbol, arropadas con sus respectivas banderas, que ha ido adquiriendo el conflicto. La solución solo podrá encontrarse en una verdadera negociación entre las partes en pugna.