La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, está bajo protección del Gobierno colombiano que le otorgará asilo si lo solicita, dijo este lunes el presidente Juan Manuel Santos, reporta Reuters.
La decisión del mandatario colombiano fue rechazada por el Gobierno de Caracas como "cínica" y amenaza con deteriorar aún más las tensas relaciones entre las naciones vecinas, en medio de la crisis política, económica y social en Venezuela.
"La fiscal Luisa Ortega se encuentra bajo protección del Gobierno colombiano. Si pide asilo se lo otorgaremos", escribió Santos en su cuenta de Twitter.
Ortega ingresó el viernes a Colombia junto con su esposo, el diputado Germán Ferrer, en un vuelo procedente de Aruba, a donde huyeron inicialmente en una lancha desde la Península de Paraguaná.
"Bogotá se ha convertido en centro de la conspiración contra la democracia y la paz en Venezuela. Vergüenza histórica del 'Caín de América'", escribió el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en su cuenta de Twitter.
El Gobierno de Santos, al apoyar a la exfiscal, "protege la corrupción y el delito en Venezuela", añadió.
Por su parte, Tarek William Saab escribió en la misma red: "Juan Manuel Santos con apoyo incondicional a exfiscal prófuga confirma que Colombia es el epicentro de la conspiración internacional contra Venezuela".
1) @JuanManSantos con apoyo incondicional a ex-fiscal prófuga: confirma q Colombia es el epicentro d la conspiración inter contra Venezuela pic.twitter.com/SyIgpfGn84
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 21 de agosto de 2017
Asimismo, se refirió al asilo dado a la exfiscal como parte de la "repugnante tradición de exmandatarios de Colombia que dieron protección a venezolanos asociados al terrorismo y narcotráfico".
Ortega fue destituida el 5 de agosto como primera medida de la Asamblea Nacional Constituyente que gobierna Venezuela con poderes absolutos, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó enjuiciarla.
Desde su nombramiento en 2007 había sido aliada del fallecido presidente Hugo Chávez dentro del aparato del Estado, pero pasó a la disidencia en marzo de este año al denunciar la ruptura del orden democrático luego que el TSJ intentó despojar de sus funciones al Parlamento.
La Constituyente, elegida en una votación a fines de julio en la que no participó la oposición, asumió la semana pasada las funciones del Parlamento de mayoría opositora, lo que despertó el rechazo de varios gobiernos del continente.
Se profundiza la escasez de dinero en efectivo
Los venezolanos enfrentan una profundización del problema de la escasez de dinero efectivo entre otras razones por el supuesto contrabando de billetes hacia la frontera del país con Colombia y a la galopante inflación, a lo que se suma la medida de la suspensión de avance de billetes en comercios, reporta EFE.
El diario local El Universal informó este lunes que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ordenó la suspensión de los llamados "avances", una modalidad con la que varios establecimientos comerciales otorgan efectivo a las personas en todo el país, en algunos casos cobrando un impuesto.
El jefe de Sudeban, Antonio Morales, denunció las "irregularidades que se vienen presentando con esta opción financiera y los cobros de comisiones entre el 10% y el 35%, además del bachaquerismo (contrabando) del efectivo", reseña el rotativo.
En una nota de la agencia estatal de noticias (AVN), Morales advirtió la semana pasada que cerca del 30% de la distribución de billetes que está haciendo el Banco Central de Venezuela (BCV) se desvía hacia la frontera.
Por ello, sugirió a los bancos actualizar los montos máximos permitidos para las transferencias electrónicas y en los puntos de pagos.
En promedio, un venezolano puede retirar un máximo al día de entre 10.000 y 20.000 bolívares, equivalentes a entre tres y seis dólares de acuerdo a la tasa oficial de referencia, y la variación dependerá de la institución financiera en la que se tenga el dinero.
Venezuela ya ha registrado al menos dos crisis por efectivo en los últimos meses, siendo la más grave la que ocurrió a mediados de diciembre pasado luego de que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, ordenase retirar en tres días el billete de 100 bolívares, para entonces el mayor signo monetario del país.
Esa decisión desató disturbios principalmente en el sur del país que se saldaron con tres muertos, decenas de comercios saqueados y la decisión del Ejecutivo de postergar en varias ocasiones la vigencia de ese papel que sigue circulando junto a la nueva familia de billetes, incorporada con retrasos en el sistema financiero.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pronosticado que la inflación en Venezuela seguirá desbocada y prevé que se ubique en 720% para este año y hasta un 2.000% en 2018.