Luego de que el régimen cubano anunciara hace una semana un proceso de indultos a más de 2.000 prisioneros, la ONG Human Rights Watch desconfió este jueves de que se trate de un "gesto humanitario", como calificó La Habana el hecho. Al hilo de lo anterior, la organización exigió al régimen "liberar de inmediato y sin condiciones a todos los presos políticos".
"Los cubanos deben poder expresarse libremente, sin miedo. El embargo estadounidense y su brutal bloqueo petrolero no justifican mantener a los críticos encarcelados", agregó, al tiempo que remarcó el rejuego legal del régimen al sostener que no excarcelaría a personas condenadas por "crímenes contra la autoridad". "Según la legislación cubana, estos delitos incluyen 'desacato', 'propaganda' y 'agresión', que el Gobierno ha utilizado durante décadas para perseguir y enjuiciar arbitrariamente a los críticos", sostuvo la ONG.
Human Rights Watch denunció, asimismo, que numerosos excarcelados en enero de 2025, tras un acuerdo entre La Habana y el Vaticano, refirieron "abusos en las cárceles cubanas, incluyendo palizas, aislamiento, condiciones insalubres y falta de acceso a alimentos y agua potable".
La organización recogió testimonio de varios de ellos, quienes denunciaron que permanecen bajo vigilancia constante y en condiciones restrictivas, y temen ser arrestados nuevamente. "Al menos siete presos políticos han sido enviados de vuelta a prisión por acciones como publicar contenido crítico en línea o no presentarse ante las autoridades", agregó Human Rights Watch.
El Tribunal Supremo confirma la sentencia contra el preso político Nando OBDC
Dando continuidad al patrón represivo denunciado por Human Rights Watch, y demostrando el contubernio de las entidades jurídicas cubanas con la represión, el Tribunal Supremo Popular confirmó la sentencia contra el artista y preso político Fernando Almenares, conocido como Nando OBDC.
La máxima institución jurídica del país "decidió desestimar el recurso interpuesto por su defensa, dejando firme la condena de cinco años de privación de libertad por el delito de propaganda contra el orden constitucional", informó el Observatorio de Derechos Culturales.
"Esta decisión agota las vías legales dentro del sistema judicial cubano y evidencia el uso del derecho penal —y de esta figura delictiva en particular— para sancionar la libertad de expresión y los mensajes críticos en el espacio público", agregó, al tiempo que denunció el mal estado de salud en el que se encuentra el preso político.
Tanto el caso de Nando OBDC como la más reciente exigencia de Human Rights Watch reflejan que, como sostuvo en octubre la directora de la División de las Américas de la ONG, Juanita Goebertus, "Cuba atraviesa una crisis multidimensional de derechos humanos". "Hay detenciones arbitrarias, torturas, privación de alimentos y agua potable, y una crisis económica que golpea directamente el derecho a la salud y la alimentación", enfatizó.
En tal sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación "por el agravamiento de la crisis humanitaria en Cuba, en un contexto de ausencia de institucionalidad democrática, así como de violaciones masivas, graves y sistemáticas de derechos humanos".
La organización resaltó que "la represión política en Cuba se encuentra en uno de sus momentos más críticos y alarmantes de su historia reciente, con niveles históricamente altos de detenciones y una persecución sistemática dirigida específicamente a silenciar las voces de la población cubana que exige libertad y democracia".
