Violaciones a la libertad religiosa en Cuba: casi 900 casos en 2025, alerta el OCDH

Las violaciones a la libertad religiosa son acciones recurrentes como parte del patrón represivo del régimen cubano, lo que evidencia su histórica y sistemática cruzada contra las libertades fundamentales. En tal sentido, a lo largo de 2025 se produjeron en la Isla al menos 873 hechos de este tipo, denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

La organización, que se refirió a "picos de represión concentrados entre marzo y junio e intensificados en momentos de crisis social", subrayó que "el pasado año, el régimen mantuvo una estricta vigilancia sobre las comunidades de fe, a pesar de que la Constitución reconoce formalmente el Estado laico y el derecho a la libertad de culto".

"Las comunidades especialmente vigiladas fueron aquellas que, desde una ética religiosa, asumieron posturas críticas frente a la crisis nacional o que se movilizaron para ayudar a la gente, pero por vías independientes al régimen", indicó el informe del OCDH.

"Las acciones represivas afectaron a iglesias y movimientos espirituales independientes, líderes religiosos, sacerdotes, laicos, presos políticos y familiares, ratificando que, según la visión estatal, el ejercicio de la libertad religiosa sigue subordinado a los intereses del poder político", subrayó.

Entre los momentos relevantes del hostigamiento a la fe establecido por el régimen de La Habana en 2025, el OCDH resaltó el enfado y las represalias de las autoridades luego de que, en junio, los obispos católicos cubanos hicieron público un mensaje por el Año Jubilar, un documento en el que expresaban su preocupación por la situación del país, la falta de bienes primarios, los prolongados apagones y la fragmentación de las familias por la emigración creciente.

Luego de que los obispos pidieran "crear un clima" para "llevar adelante los cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que Cuba necesita", el régimen respondió negando la entrada a Cuba de varios expertos internacionales invitados por una entidad religiosa católica a un evento académico.

Al propio tiempo, en diciembre, el sacerdote mexicano José Ramírez, miembro de la Congregación de la Misión, fue expulsado del país cuando las autoridades cubanas se negaron a renovar su residencia temporal, tras haber tocado las campanas de la iglesia de La Milagrosa, en La Habana, como gesto de apoyo a los vecinos del barrio Santos Suárez que protestaban por los apagones.

"Fuentes internas de la Iglesia Católica señalaron a la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, dirigida por Caridad Diego, como responsable directa de la medida, ejecutada bajo presión de la Seguridad del Estado y que obligó al religioso a abandonar el país en cuestión de horas", indicó el OCDH.

La organización denunció, asimismo, que durante el año se produjeron numerosas negaciones arbitrarias de asistencia religiosa a presos políticos, entre ellos Oscar Sánchez Madan, coordinador del FANTU, y Roberto Pérez Fonseca y Angel Jesús Veliz Marcando, ambos presos del 11J.

"En ambos casos, las autoridades penitenciarias actuaron por órdenes directas de la Seguridad del Estado, impidiendo encuentros con líderes religiosos, confiscando objetos de fe como biblias o rosarios y castigando cualquier práctica espiritual considerada inconveniente. Acciones que constituyen una violación directa de la libertad religiosa y de los estándares mínimos de trato digno a personas privadas de libertad", detalló.

Al propio tiempo, "durante julio y agosto de 2025 se registró un agravamiento de la situación represiva contra altos representantes de la Gran Logia de Cuba, en un contexto de conflictos internos dentro de la masonería cubana y de creciente intervención de la Seguridad del Estado", indicó el informe.

A lo largo de todo el año, pero con particular énfasis en dicho periodo, hubo un incremento del hostigamiento contra los principales líderes masónicos críticos, incluyendo la apertura de procesos investigativos con medidas cautelares contra Juan Alberto Kessel Linares y José Ramón Viñas Alonso, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 en Cuba.

A raíz de esta situación, el OCDH denunció que "estos hechos evidencian un patrón de citaciones, detenciones arbitrarias y hostigamiento que vulnera la libertad de asociación y la autonomía de las organizaciones fraternales y religiosas, y refleja un escenario de presión sistemática contra la dirigencia de la masonería cubana".