El Partido Demócrata Cristiano de Cuba (PDC-Cuba) exhortó este domingo a la Unión Europea (UE) a denunciar el incumplimiento del Gobierno de Cuba "en materia de derechos humanos y libertades democráticas" de los compromisos hechos ante el mundo con su firma del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación.
En la misma línea, casi 400 activistas, opositores y miembros de la sociedad civil independiente de la Isla enviaron una carta abierta a la ministra de Relaciones Exteriores del Reino de Suecia Margot Elisabeth Wallström, en la que apoyaron la decisión critica de su gobierno en torno al pacto europeo con La Habana y mencionaron una serie de condiciones a partir de las cuales se debería producir cualquier acuerdo con La Habana.
"El PDC de Cuba ha mantenido desde su fundación en 1991 una política de defensa de todos los derechos humanos y de promoción de una política internacional de apertura hacia Cuba como camino para propiciar cambios democráticos y pacíficos en la Isla", señaló la formación democristiana.
Por ello, declararon haber "seguido con interés la aplicación provisional a partir del 1 de noviembre de 2017 de los compromisos suscritos en varias áreas entre el Gobierno cubano y la EU en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación".
Según el PDC, han "observado que el Gobierno cubano ha incumplido diversas obligaciones fundamentales contraídas en el marco del Acuerdo, principalmente aquellas relacionadas con la promoción y respeto a los derechos humanos y el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos".
Para la agrupación, desde que el pacto entró en vigencia el Gobierno de Cuba ha tenido numerosas oportunidades para realizar cambios democráticos en el país, algo que no ha sucedido y citó la aprobación de "una nueva constitución que como la anterior sigue siendo reflejo de una mentalidad estalinista en todos los aspectos de la vida social, que mantiene el poder total en manos del Partido Comunista y que justifica el uso arbitrario de la violencia contra el que piensa diferente a la ideología estatal".
"Los pocos derechos que se incorporaron han quedado supeditados a leyes que falsean lo que sería una correcta implementación de los mismos o que posiblemente nunca lleguen por la falta de voluntad política del gobierno. Siguiendo esa línea, la nueva Ley Electoral en poco se diferencia de la anterior por su ausencia de pluralismo político y participación democrática”, sostuvo.
PDC consideró que "reflejo en gran medida de lo anterior" es "el panorama represivo conformado por: detenciones arbitrarias, constantes amenazas y hostigamiento, allanamientos de viviendas, violencia policial e impedimentos de salidas del país (...)contra la sociedad civil", así como el "más de un centenar de cubanos permanecen injustamente en las cárceles".
"Es por ello que exhortamos a la Unión Europea a ejercer el derecho a denunciar el Acuerdo que le confiere su Artículo 86, Inciso 4, debido al incumplimiento del Gobierno de Cuba por casi dos años de sus obligaciones suscritas en el Acuerdo en materia de derechos humanos y libertades democráticas", precisó el PDC.
También sugirió que la UE "formule su disposición a dejar abierta la posibilidad de proceder a nuevas negociaciones orientadas a fomentar los mismos fines de derechos y libertades" y pidió "directamente al Partido Popular Europeo (…) que convoque a un pleno monotemático en el europarlamento para evaluar la grave situación de los derechos humanos en Cuba".
'No se pueden llegar a acuerdos estratégicos con gobiernos que no respetan compromisos'
Por otra parte, casi 400 ciudadanos y activistas de la sociedad civil apoyaron la decisión del gobierno de Suecia el pasado 12 de junio de no ratificar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación impulsado por Bruselas con La Habana.
"Desde 2016 la conducta del Gobierno cubano en materia de derechos humanos solo ha empeorado. Detenciones arbitrarias; violencias diversas ejercidas contra actores de la sociedad civil (…); torturas desde físicas hasta psicológicas; castigo a emprendedores dentro del sector privado y a trabajadores en general que expresan inquietudes sociales (…) en todos los niveles y ámbitos. A pesar de que el Gobierno cubano es firmante de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y de importantes convenios laborales de la Organización Internacional del Trabajo", sostuvieron.
En una iniciativa promovida por la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD), ejemplificaron con varios acontecimientos públicos "esta voluntad de negar en acto el espíritu" del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
"Varios hechos están siendo particularmente sensibles: la separación de la profesora Omara Ruiz Urquiola del Instituto Superior de Diseño Industrial por razones políticas; la huelga de hambre que realiza el religioso y periodista independiente Guillermo del Sol Pérez para llamar la atención del mundo y del gobierno cubano por la manifiesta violación por parte de este último al derecho de los cubanos al libre movimiento.
También denunciaron las condenas a prisión del periodista independiente Roberto Quiñones Haces y del rapero Maykel Castillo Pérez, y "la persistencia de más de 130 presos políticos en las cárceles cubanas".
"Todo esto, legal y constitucionalmente violatorio, demuestra que el Gobierno cubano no está preparado para respetar los tratados y acuerdos internacionales que ha suscrito ni tampoco el propio ordenamiento jurídico interno que reconoce y protege el ejercicio de determinados derechos (…)", añadieron.
"Los que respaldamos esta Carta Abierta no nos oponemos en principio al diálogo y a la cooperación con el Gobierno y pueblo de Cuba. Por el contrario, creemos en las virtudes del diálogo como concepto, aproximación y estrategia. Notamos, sin embargo, que no se pueden llegar a acuerdos estratégicos con gobiernos que no respetan seriamente ni sus compromisos internacionales ni sus propias reglas de convivencia, establecidas por ellos, muchas de las cuales se imponen de espaldas al consenso de los ciudadanos", explicaron.
"(…) Creemos que la ratificación del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba debe producirse a partir del compromiso expreso por parte del Gobierno cubano de respetar los derechos y garantías constitucionales recogidas en la Constitución recién aprobada".
También condicionaron ese pacto al "cese del hostigamiento y de la represión contra ciudadanos proactivos de y en la sociedad civil cubana" y "de la interrupción de la maquinaria de delitos de odio que se viene fabricando dentro de sectores de la sociedad cubana, de la que participan los más altos funcionarios del Estado, y que se ha venido manifestando definitivamente contra el sector femenino en la sociedad civil".
Asimismo, pidieron "la liberación de presos injustamente encarcelados, visiblemente destacados en el ámbito de supuestos delitos políticos o de expresión, que incluye la libre expresión artística" y "la construcción gradual de un diálogo sobre derechos humanos entre cubanos".
"Sabemos que en el próximo mes de octubre se producirá una nueva ronda de diálogo entre organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea y organizaciones de la sociedad civil cubana. Sería esta una buena oportunidad para que organizaciones de la sociedad civil de Europa que así lo deseen puedan reunirse con organizaciones de la sociedad civil independiente cubana en todo su espectro", destacaron.
Por último, pidieron al gobierno de Suecia, "apoyo a la invitación, firmada hasta ahora por más de 1.500 ciudadanos cubanos (…) hecha a Michelle Bachelet para que en su calidad de Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas visite a nuestro país y pueda reunirse libremente con los cubanos, sus autoridades y ciudadanos".