Casi nadie los recuerda en Cuba por sus nombres —Maykel Delgado Aramburo y Harold Alcalá Aramburo—, pero si se menciona que fueron dos de los participantes en el secuestro de la lancha de Regla en 2003, la mayoría habla de las duras condenas (prisión perpetua) contra ellos y el fusilamiento, tras juicio sumarísimo, de los tres máximos responsables: Bárbaro Sevilla García, Lorenzo Copello Castillo y Jorge Luis Martínez Isaac.
Delgado Aramburo, Alcalá Aramburo, Ramón Henry Grillo y Yoanny Thomas González recibieron las mayores sentencias de cárcel.
La familia de los dos primeros —que son primos— ha reclamado ante la justicia del régimen, sin éxito hasta el momento, una rebaja de condena y mejores condiciones carcelarias.
La última acción a favor de estos reclusos ocurrió hace una semana, cuando Julia Estrella Aramburo Taboas, madre de Maykel Delgado y tía de Harold Alcalá, presentó ante el Ministerio de Justicia un procedimiento especial de revisión que pide que la pena de ambos convictos sea rebajada a 20 años.
Por ley, las autoridades tienen 60 días para dar una respuesta.
"Si se accediera a este reclamo, ellos podrían estar ya en libertad condicional debido al tiempo que llevan en prisión, pero hasta ahora la justicia ha hecho oídos sordos a las peticiones que en todos estos años se han hecho, lo que demuestra la total falta de humanidad y el inexistente apego a la ley de las autoridades", comentó a DIARIO DE CUBA Edilio Hernández Herrera, abogado asesor del caso.
En dos ocasiones, una en el año 2007 y otra en el 2010, Julia Estrella Aramburo ha solicitado ante el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General lo que en la ley cubana se conoce como proceso especial de revisión. En ambos casos dicha solicitud fue denegada por las autoridades judiciales, alegando que no existen elementos nuevos que ameriten una revisión.
En 2013, Aramburo Taboas solicitó a Raúl Castro un indulto para su hijo y su sobrino. Señaló entonces que la condena impuesta era excesiva, por la ausencia de muertos y heridos en los hechos. Además, que desde su encarcelamiento estos reclusos han estado en celdas de aislamiento y disfrutan de muy limitados beneficios penitenciarios, pues solo una vez a la semana pueden coger sol y hacer una llamada telefónica de diez minutos.
En ese documento se señala que la prolongada estancia en celdas oscuras y la pésima alimentación han provocado a los convictos enfermedades como gastritis, urticaria y dermatitis crónica, entre otras, responsabilidad de las autoridades penitenciarias pues ambos entraron sanos a la cárcel.
A esto se suma que la atención médica ha sido muy deficiente y en varias ocasiones inexistente, según Aramburo Taboas.
"No resiste el más mínimo análisis comparativo, que asesinos, violadores, homicidas múltiples, se encuentren en un régimen de menor severidad en una prisión de ese rigor y disfruten de teléfono, sol, deportes, visitas periódicas de familiares, y a estos jóvenes, que no hirieron ni mataron a nadie en su reconocido hecho delictivo, le han excedido los límites de malos tratos y condiciones inhumanas, convirtiéndose de hecho en torturas por la periodicidad y extensión en el tiempo que la han padecido", dijo Aramburo Taboas en la petición dirigida a Raúl Castro.
Como la solicitud de indulto no prosperó y las condiciones de los reclusos no ha sido resueltas por las autoridades, Aramburo Taboas presentó una queja al Ministerio del Interior en abril de este año. Denunció entonces los malos tratos y condiciones infrahumanas en que, dijo, se encuentran los reclusos. Enumeró las violaciones del Reglamento de Prisiones del MININT y los Convenios Internacionales sobre las condiciones de los presos de los cuales el Estado cubano es firmante.
En junio de 2018, a través de una abogada de Bufetes Colectivos, Aramburo pidió al Tribunal Supremo que se realizara un proceso especial de revisión.
La respuesta, de la Fiscalía Provincial y recibida a principios de mayo actual, fue similar a las anteriores: se niega la revisión porque "la sentencia del tribunal fue atinada a Derecho" y no existen "elementos nuevos o suficientes que desvirtúen la convicción a la que arribó el tribunal ".
Una opinión muy distinta tiene el abogado Edilio Hernández Herrera: "El proceso judicial careció de las más mínimas garantías para los acusados y el debido proceso estuvo ausente en su totalidad. Basta decir que el tribunal estableció un ridículo plazo de ocho horas para establecer recursos de apelación y casación", señaló este jurista.
"Los hechos delictivos, según el Código Penal, no llevaban pena de muerte ni cadena perpetua, sino un máximo de 20 años por los delitos de toma de rehenes y secuestro de embarcación. Pero el objetivo de Fidel Castro era dar un escarmiento", añadió.
"No cejaremos en nuestra solicitud de justicia y en denunciar los malos tratos a estos dos reclusos condenados de manera excesiva e inhumana", concluyó el abogado.