El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, organismo establecido por la Organización de Naciones Unidas, hizo público el informe final relativo a la condena y posterior encarcelamiento del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, informó hoy el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
En el documento, el Grupo consideró "arbitraria" la privación de libertad del científico por ser "contraria" a los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El texto, de 14 páginas, recoge los puntos principales de la petición argumentada del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en representación del Doctor Ruiz Urquiola, pero también la defensa que hizo el Gobierno de Cuba de sus posiciones.
En respuesta a una denuncia interpuesta por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) sobre el caso, el Grupo de Trabajo de la ONU pidió al Gobierno cubano que le "conceda una reparación adecuada al señor Ruiz Urquiola, incluida su liberación incondicional inmediata".
El dictamen de la ONU solicita al Gobierno de Cuba que "adopte las medidas necesarias para remediar la situación" de Ruiz Urquiola, "sin dilación", y exige que sea "en conformidad con las normas internacionales pertinentes".
"El Gobierno cubano debería proceder, sin dilación, a cumplir lo que plantea este organismo de la ONU. El documento es un nuevo argumentario y un respaldo legal con el que puede contar el Dr. Ruiz Urquiola para hacer valer sus derechos, incluso dentro del sistema judicial cubano", afirmó Yaxys Cires, asesor legal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
"El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, y conforme al derecho internacional aplicable, las víctimas de una detención arbitraria tienen derecho a buscar y obtener reparaciones del Estado, lo que incluye restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición", explica el documento enviado al OCDH, cuya copia ya fue entregada al Gobierno cubano.
En cuanto a los procedimientos de seguimiento, el órgano de Naciones Unidas solicita al OCDH y al Gobierno de Cuba que, en un plazo de seis meses, le informen si se ha garantizado la libertad incondicional de Ruiz Urquiola, se le han concedido indemnizaciones u otras reparaciones, se ha investigado la violación de sus derechos y se han aprobado enmiendas legislativas o modificaciones para armonizar las leyes y las prácticas del Gobierno con sus obligaciones internacionales.
El biólogo fue condenado a un año de cárcel por un tribunal que le acusó de "desacato", figura utilizada por el Gobierno cubano para encarcelar a activistas y opositores. El científico había denunciado en un vídeo la estrategia de la Seguridad del Estado para destruir el proyecto ecológico que desarrolla en tierras de su finca, ubicada en Pinar del Río.
Después de declararse en huelga de hambre debido al trato recibido en prisión, fue excarcelado en julio pasado bajo "licencia extrapenal" y declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional.
Antes de la condena estuvo detenido varios días en una estación de policía. Desde 2003, tanto él como su familia han sufrido varios actos represivos, incluyendo una intensa campaña de desprestigio profesional y de acoso laboral y policial.
En la denuncia presentada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, Ariel Ruiz Urquiola detalló las motivaciones del gobierno, que tienen su origen en discrepancias políticas.
Esta "es una decisión contundente, que no deja la menor duda sobre la injusticia que se cometió contra el Dr. Ruiz Urquiola. (…) Ahora le toca al Gobierno cubano acatar las recomendaciones que le hace la ONU", afirmó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Al conocer la decisión de la ONU, el biólogo declaró: El Gobierno "no tiene cómo compensar todo el daño que me ha hecho, desde botarme de la Universidad de La Habana —que ha sido una arbitrariedad— hasta todo lo que ha hecho ahora".
El científico se encuentra en Viñales, Pinar del Río, donde lleva a cabo un proyecto ecológico, pero la Seguridad del Estado lo está presionando para que regrese a La Habana (tiene prohibido salir de la capital), bajo amenaza de que una jueza puede decretar su detención.
"Voy a hacer mi vida como un ser social y honesto, que es lo que yo soy", dijo el biólogo, según el OCDH.