La abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal (CUBALEX), mostró preocupación por la "inseguridad jurídica" en que se encuentra el activista Tomás Núñez Magdariaga, liberado el lunes bajo una "modificación de medida cautelar" que no responde al procedimiento legal establecido.
"La medida cautelar, según la legislación penal, la ponen cuando los individuos no están sancionados todavía. Una medida cautelar es la medida que se adopta para asegurar que una persona se presente a juicio. Están entre tales medidas la fianza y la privación de libertad, pero aquí no procede porque ya Tomás tiene realizado juicio y dictada una sentencia", explicó Diversent a DIARIO DE CUBA.
Para la jurista, la liberación del activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que estuvo 62 días en huelga de hambre, "fue una medida desesperada" del régimen.
"Al final ni siquiera dan una argumentación de por qué dieron la libertad y el documento entregado por las autoridades no dice que es cumplimiento de sanción", añadió.
"Mientras no diga que ya cumplió o está extinguida la sanción, Núñez Magdariaga está en una situación de riesgo. Ese documento no dice en ninguna parte que se haya anulado la sanción. Es una orden de alguien que tiene poder para sacar a una persona privada de libertad", consideró Diversent.
El documento que hizo público el líder juvenil de la UNPACU, Carlos Amel Oliva Torres, en su perfil de Facebook, tiene clara como fecha de extinción de la condena el 11 de agosto de 2019.
La abogada insistió en que la decisión de excarcelar al opositor "fue algo corriendo" y también mencionó que Núñez Magdariaga "corre el riesgo de volver a prisión en cualquier momento".
"Estamos ante un caso de inseguridad jurídica. Estamos preocupados porque ahora no hay nada claro en torno a su situación legal concreta. No conociendo la condición real bajo la que ha sido liberado, entonces no sabemos a qué atenernos", lamentó.
"El Estado te puede liberar bajo licencia extrapenal, libertad condicional o cambio de sanción. En cualquiera de los casos el excarcelado tiene determinadas obligaciones que cumplir. Si no le dicen cuáles son y se incumplen entonces las autoridades pueden revocar su libertad", sostuvo.
En opinión de la directora de CUBALEX, la medida fue tomada "por la fuerte presión internacional".
"Ahora mismo hay un cúmulo de denuncias internacionales en las Naciones Unidas contra el Estado cubano y creo que esto también lo motivó. Se trata de casos que dejan al Gobierno muy mal parado", manifestó.
Citó como ejemplos el pronunciamiento de uno de los grupos de trabajo sobre la detención arbitraria de Ariel Ruiz Urquiola, liberado tras una huelga de hambre similar a la realizada por Núñez Magdariaga.
También hizo referencia a la acción emprendida sobre la desaparición del activista César Iván Mendoza y a la campaña en favor de los presos políticos anunciada por EEUU.
"En resumen, hay bastante presión a nivel internacional con lo que está sucediendo dentro de Cuba con las detenciones arbitrarias, desapariciones y encarcelamientos sin ningún tipo de garantías y recursos", indicó.
"Esta es la segunda vez que reaccionan ante una huelga de hambre de activistas de derechos humanos. Es bastante atípico con respecto a otros casos", concluyó.
Este martes Archivo Cuba volvió a tocar el tema de los prisioneros políticos en un informe en el que se pregunta por la cantidad real de presos en las cárceles cubanas, teniendo en cuenta la evolución del tratamiento al asunto dado por el régimen a lo largo de décadas.
Como destacó en la introducción del documento, la organización apuntó que las autoridades cubanas han encontrado formas más "sofisticadas" y "creativas" para ejercer control socio-político y castigar a opositores, disidentes o desafectos.
"Prefieren condenas por peligrosidad predelictiva (conductas 'antisociales' que atentan contra 'la moral socialista'), 'desacato' (criticar líderes del Gobierno incluyendo al difunto Fidel Castro), 'desobediencia' o por todo tipo de delito común, usualmente de corte económico, ya que la actividad económica independiente se criminaliza sistemáticamente".
"En vez de las largas sentencias políticas de antaño, el Gobierno también prefiere los arrestos arbitrarios de corto plazo que no devienen en juicios", añadió.
Teniendo en cuenta la falta de estadísticas oficiales válidas, y el hecho de que solo durante la invasión de Bahía de Cochinos decenas de miles fueron encarcelados, Archivo Cuba estimó "muy a grosso modo y de forma conservadora que al menos 500.000 personas han sufrido el presidio político en un momento u otro a partir del 1 de enero de 1959, incluyendo los que han sufrido detenciones cortas".
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) ha calculado la cifra de prisioneros políticos actual en el entorno de 120 presos.