Los participantes del encuentro latinoamericano Think Tanks 2018, que se realiza en Montevideo, firmaron este jueves una declaración en repudio a la decisión del Gobierno de Cuba de impedir la asistencia a la activista Dalila Rodríguez, informa EFE.
"Pedimos a los gobiernos de las personas que firmaron que reclamen a las autoridades de Cuba y que tomen una posición más dura sobre el Gobierno de ese país en relación a los activistas sociales y cívicos", dijo a EFE el argentino Hernán Alberro, director de Programas del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
Según detalló Alberro, a Rodríguez le impidieron la salida de Cuba el pasado domingo, cuando se disponía a viajar rumbo a Buenos Aires para luego cruzar hacia Montevideo.
"Con todos los papeles en regla, sus pasaportes y todos los documentos de viaje, fue impedida de salir para que no pueda dar a conocer, precisamente, la situación que se vive en su país", agregó.
Estaba previsto que Rodríguez participara en los paneles "Nuevas caras y nuevas ideas: el futuro de los Think Tanks y el asesoramiento de políticas en América Latina" y "Los Think Tanks y medios de prensa".
Según el comunicado difundido por los participantes en el evento, la decisión de las autoridades cubanas viola el artículo 13 inciso 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce que "toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país".
"Cuba es el único país de América Latina y uno de los pocos del mundo que impide arbitrariamente la salida del país, es decir, a personas que no están acusadas de ningún delito y que tienen toda su documentación en regla", agrega el texto.
Alberro señaló que la "gran mayoría" de los participantes del Think Tank accedieron a firmar el documento, mientras que otros decidieron abstenerse.
En concreto, firmaron participantes de Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, España, Haití, Honduras, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Rodríguez, filóloga de profesión, fue expulsada en abril de 2017 de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, ubicada en Santa Clara, donde se desempeñaba como profesora.
Rodríguez fue calificada de "mala influencia" para los estudiantes, pese a que su "único vínculo con grupos defensores de derechos humanos en Cuba" es a partir de su padre, Leonardo Rodríguez, afiliado a una organización que defiende los derechos religiosos en la Isla.