La Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (CIVICUS) y la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) presentaron este lunes un informe conjunto al Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Cuba.
En el reporte ambas organizaciones se centran en demostrar cómo el Gobierno cubano "no ha implementado totalmente ninguna de las recomendaciones para mejorar el ambiente de la sociedad civil" recibidas en revisiones anteriores, "relativas a la aceptación de normas internacionales, la cooperación con mecanismos e instituciones internacionales de derechos humanos y con los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas".
"CIVICUS @CIVICUSalliance y la CCDHRN también están alarmados por el acoso y la persecución que enfrentan las organizaciones y activistas de la sociedad civil,..."
— CCDHRN (@DerechosCuba) 9 de abril de 2018
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En el informe, CIVICUS y la CCDHRN dicen estar "profundamente preocupados por las trabas constitucionales y legales que obstaculizan el ejercicio de las libertades básicas de asociación, reunión pacífica y expresión en Cuba (…)".
Asimismo, hallan alarmante "el acoso y la persecución que enfrentan las organizaciones y activistas de la sociedad civil, y particularmente por las detenciones arbitrarias, los allanamientos de sus domicilios y oficinas, y por la persistencia de la censura".
En este sentido, CIVICUS clasifica el espacio para la sociedad civil en la Isla como "cerrado", la categoría más baja.
Acerca de la libertad de asociación, el informe subraya que pese a que el Gobierno aceptó tres recomendaciones al respecto y tomó nota de seis, "no ha tomado medidas adecuadas para implementar, siquiera parcialmente, ninguna de ellas".
Destaca el hecho de que las organizaciones de la sociedad civil (OSC), a pesar de las restricciones, han proliferado en Cuba y cita entre ellas las de base religiosa. La mayoría, están "fuera de la órbita del Estado socialista, no logran inscribirse en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia y son por consiguiente consideradas ilegales".
"La pertenencia a organizaciones no reconocidas es tratada como un delito y castigada con multas o prisión. Las organizaciones que funcionan sin autorización enfrentan una amplia gama de obstáculos, tales como dificultades para abrir una cuenta bancaria, adquirir un local o recibir fondos de la cooperación internacional", critican.
Además "pueden experimentar amenazas de cierre, infiltración, acoso y represión del Estado. Enfrentan un discurso estigmatizante que es constante y públicamente articulado desde los más altos niveles del Estado".
En ese sentido, pone como ejemplo de episodios de agresión el del Centro de Información Legal (Cubalex), que quedó desarticulación tras un operativo en 2016 y sus integrantes obligados al exilio.
La intervención policial incluyó "la confiscación de equipos de trabajo y documentación, la intimidación y humillación de sus activistas y la detención temporal de sus líderes. El allanamiento fue justificado por las autoridades con el argumento de que la OSC desarrollaba una 'actividad económica ilícita', pese a que el asesoramiento jurídico que brinda es gratuito".
Acoso, intimidación y ataques contra actores sociales
En su informe, CIVICUS y la CCDHRN demandan al régimen cubano "derogar o enmendar, en línea con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, toda legislación, incluido el Código Penal, que restrinja injustificadamente la labor legítima de los defensores de derechos humanos".
Asimismo, que elimine "toda referencia a la 'peligrosidad social pre-delictiva' y deje de utilizar los delitos contra la seguridad pública tipificados en el Código Penal, tales como propaganda enemiga, rebelión, sedición, sabotaje y revelación de secretos relativos a la seguridad nacional, contra disidentes pacíficos y defensores de derechos humanos en ejercicio de sus derechos fundamentales".
Exigen que sean liberados "inmediata e incondicionalmente a todos los defensores de derechos humanos, blogueros y periodistas detenidos por ejercer sus derechos fundamentales a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, y rever sus casos para prevenir ulteriores acosos".
Entre otras demandas, también pide que se abstenga "de tomar represalias contra activistas de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas por interactuar con las instituciones de derechos humanos de la ONU o el Sistema Interamericano", como muestran varios casos recogidos en el documento.
Otros temas acuciantes
En su extenso informe conjunto al EPU, CIVICUS y CCDHRN documentan evidencias de las violaciones a la libertad de expresión, la independencia de los medios y el acceso a la información.
"De las 25 recomendaciones sobre estas cuestiones, el Gobierno solo implementó parcialmente siete, todas ellas referidas a la mejora de la conectividad en línea y la infraestructura de la información, en tanto que la imposición de restricciones injustificadas sobre la libertad de expresión, tanto en la legislación como en la práctica, no fue siquiera mínimamente abordada", señalan.
El reporte, entre otras cuestiones, recuerda que "todos los medios de comunicación tradicionales son de propiedad estatal y carecen de independencia editorial; como contrapartida y pese a las prohibiciones, han proliferado medios basados en nuevas tecnologías y capaces de sortear los controles estatales".
"Ellos han proporcionado a la ciudadanía una alternativa para expresarse a medida que la conectividad ha ido mejorando. Sin embargo, su alcance es todavía limitado. En ese marco, el número de blogueros y periodistas ciudadanos activos se ha incrementado exponencialmente, pero también lo han hecho las restricciones que ellos enfrentan", así como la represión, sostiene.
"Pese a los todavía modestos avances realizados en términos de penetración de internet, para la gran mayoría de la población el acceso se limita a la intranet controlada por el Gobierno, de la cual los contenidos críticos son sistemáticamente eliminados" como sucede con DIARIO DE CUBA, bloqueado en la Isla.
Para CIVICUS y la CCDHRN, "como mínimo, deben garantizarse las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica, el derecho a operar libre de interferencias injustificadas del Estado, el derecho a comunicarse y cooperar, el derecho a buscar y obtener financiamiento, y el deber de protección del Estado".
Por último, y con el fin anterior, realiza unas 40 recomendaciones, destinadas "a crear y mantener, en la ley como en los hechos, un entorno favorable para la sociedad civil, de conformidad con los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos y las resoluciones 22/6, 27/5 y 27/31 del Consejo de Derechos Humanos.