La directora de la Prisión de Mujeres de La Habana, teniente coronel Mercedes Luna Rodríguez, se comprometió a resolver la situación de la reclusa Marienys Pavó Oñate y dio órdenes precisas al mayor Omar, jefe del Registro Legal de la Prisión, para que se dedique por entero a este caso, afirma el esposo de la presa, Julio Ferrer Tamayo, abogado independiente.
"En una entrevista que tuve con esta funcionaria le expliqué todas las ilegalidades e irregularidades que se han cometido contra mi esposa, quien está en prisión de manera ilegal desde el 31 de julio de 2012 sin poder disfrutar de los derechos que tiene los demás reclusos", relató Ferrer Tamayo, miembro del independiente Centro de Información Legal Cubalex.
La teniente coronel "me dijo que ya eso no lo podía aguantar más y que desde el 14 de enero de este año está esperando una respuesta del Tribunal Provincial de La Habana sobre la sentencia y sanción hacia Pavó Oñate, sin obtenerla hasta ahora", añadió Ferrer.
Según el abogado, la directora de la prisión le dijo que hará que la situación "reviente" porque no puede "seguir cargando con este problema", ni "pagar" por una "responsabilidad ajena".
Tamayo dijo que la oficial le aseguró que su esposa "ha mantenido en la prisión una excelente conducta".
"Me pidió, además, toda la documentación referente al cúmulo de ilegalidades que han cometido tanto los jueces del Tribunal Provincial como los Jueces del Tribunal Supremo Popular (TSP), fundamentalmente el juez Plácido Batista Veranes, presidente de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del TSP", dijo Ferrer. "Toda esa documentación se la hice llegar el día 27 de junio", añadió.
"Mi esposa está en prisión con una sentencia que no ha sido declarada firme, aunque aparece como tal en su expediente. Pude demostrárselo tanto a la directora de la Prisión como al jefe del Registro Legal", afirmó el abogado.
Marienys Pavó Oñate, también abogada, fue acusada de un supuesto delito de estafa, que ella niega haber cometido.
Para Ferrer Tamayo, el encarcelamiento de Pavó Oñate tiene motivaciones políticas. El abogado considera que se trata de una represalia debido a la labor que desarrolla él en Cubalex, en los trámites de legalización y el asesoramiento a varias organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos.
El propio Ferrer fue condenado a tres años de cárcel por un supuesto delito de "falsificación de documentos públicos" que rechaza.