El 13 de julio de 2026, Estados Unidos sancionó a la Corporación Antillana Exportadora S.A. (ANTEX), una empresa vinculada al conglomerado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (GAESA), que, según el Departamento de Estado, gestiona la exportación de trabajo forzoso cubano hacia Angola. La medida la incorporó a la lista de entidades bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), congelando cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense y prohibiendo, salvo autorización, transacciones con personas y empresas de Estados Unidos.
La decisión de Washington fue recibida con satisfacción por antiguos colaboradores cubanos en Angola. El psiquiatra Emilio Arteaga, quien trabajó para ANTEX entre 2013 y 2015, la calificó como un acto de "justicia histórica". Según relató a DIARIO DE CUBA, después de expresar a sus superiores su rechazo a lo que describe como un sistema "abusador y corrupto", fue considerado "no confiable" y obligado a regresar a Cuba antes de concluir la misión.
Más allá de sus efectos financieros, la designación representó el primer señalamiento explícito de Washington contra la empresa que durante décadas administró la contratación de profesionales cubanos en Angola. La acusación se produce tras años de denuncias sobre las condiciones impuestas a los colaboradores y sitúa a ANTEX en el centro del sistema mediante el cual el Estado cubano comercializa servicios profesionales en el exterior y canaliza esos ingresos hacia el conglomerado militar GAESA.
Los hallazgos de la investigación "Misión de Cuba en Angola", publicada en elTOQUE con el apoyo de CONNECTAS, aunque no fueron citados expresamente por la OFAC como fundamento de la sanción, ayudan a explicar su lógica y a entender el alcance de esa decisión.
Un negocio de 6.755 millones de dólares
El régimen recibió al menos 6.755 millones de dólares en 25 años mediante servicios, exportaciones y negocios gestionados por ANTEX y otras empresas vinculadas a GAESA. La cifra equivale a unos 270,2 millones de dólares anuales.
El cálculo incluye 116,7 millones de dólares en exportaciones cubanas hacia Angola e ingresos recientes por formación de estudiantes angoleños en Cuba. La suma no incluye los cobros de ANTEX por el transporte de bienes de los colaboradores y otros cargos adicionales.
En marzo de 2024, el Gobierno angoleño aprobó otros 35 millones de dólares para renovar dos acuerdos de contratación de profesores cubanos en las áreas de ciencias, ingeniería, tecnología y salud. En paralelo, ANTEX seguía facturando millones mientras alegaba falta de recursos para pagar estipendios, vacaciones y viajes de regreso definitivo a la Isla.
A partir de cuentas públicas del Estado angoleño, contratos, acuerdos gubernamentales, unas 7.300 nóminas salariales y estados de cuenta, se supo, al menos hasta 2024, cómo operaba ANTEX, cuánto pagaba Angola a los colaboradores cubanos, cuánto retenía la corporación y el volumen de ingresos que esa estructura generó para La Habana durante un cuarto de siglo.
El salario como mecanismo de control
En 2020, la ministra angoleña de Salud informó que cada sanitario cubano enviado durante la pandemia costaba al Estado unos 5.000 dólares mensuales.
Documentos oficiales citados en la investigación, muestran que en 2015 Angola también pagaba 5.000 dólares mensuales a ANTEX por cada médico, independientemente de su especialidad. El dinero se transfería directamente a la corporación cubana y los trabajadores recibían sólo una fracción.
El análisis de 7.121 nóminas y 189 estados de cuenta encontró que la mayoría de los salarios oscilaban entre 500 y 1.200 dólares, con un promedio estimado de 750 dólares mensuales.
ANTEX y el Estado cubano retenían entre el 76% y el 91% de lo pagado por Angola. Ninguno de los colaboradores examinados recibió siquiera una cuarta parte del valor de su trabajo.
Los contratos analizados imponían restricciones a la movilidad, la vida privada y la comunicación con la prensa. ANTEX controlaba las cuentas, fijaba tasas internas de cambio y decidía cuándo entregar los estipendios. En ocasiones reducía de 200 a 100 dólares la cantidad mensual recibida por los trabajadores en Angola. En 2025, los colaboradores amenazaron con demandar a la empresa por la violación de sus derechos. También podía imponer penalizaciones de hasta 5.000 dólares a quienes abandonaran la misión antes de tiempo.
Más allá de las misiones médicas
La sanción contra ANTEX no es contra los profesionales cubanos en el extranjero. Golpea a una estructura subordinada a GAESA que, durante décadas, convirtió la presencia cubana en Angola en una fuente multimillonaria de ingresos mediante la intermediación laboral, la retención salarial y una red de negocios administrada por los militares.
La actividad de ANTEX trasciende ampliamente las misiones médicas y docentes. La investigación identificó operaciones en casi 30 sectores económicos, desde grandes contratos de infraestructura y proyectos petroleros hasta minería, logística, representación comercial e industria farmacéutica.
Los documentos también permitieron identificar a 276 colaboradores cubanos asignados a instituciones estratégicas del Estado angoleño, entre ellas el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas Angoleñas, el Servicio de Inteligencia, la seguridad presidencial, el Ministerio del Interior y distintos programas de asesoría y formación, en virtud del acuerdo bilateral de Seguridad y Orden Público suscrito entre ambos países en 2003.
ANTEX no era únicamente una empresa exportadora de servicios. Actuaba como el centro financiero, comercial y operativo de la presencia de GAESA en Angola, administrando tanto negocios multimillonarios como a miles de trabajadores cubanos.
Una advertencia a los socios de La Habana
La sanción estadounidense bloquea los activos de ANTEX bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe, salvo autorización, operaciones de personas y entidades estadounidenses con la empresa.
También aumenta el riesgo para bancos, aseguradoras, proveedores y gobiernos extranjeros que faciliten transacciones con ella. El mensaje alcanza directamente a Angola.
Durante años, el país africano pagó miles de dólares a profesionales que desconocían el precio de sus servicios y cobraban solo una fracción de ese precio. La sanción convierte ahora en un riesgo financiero la opacidad que permitió a ANTEX y GAESA apropiarse de la mayor parte de esos ingresos.
Washington no sancionó solamente a la empresa que administraba a los colaboradores. Sancionó el mecanismo que convierte el trabajo de miles de profesionales en financiamiento para el conglomerado militar cubano.
Y esto también es Bla bla bla de Trump?
¿Existe un mapa interactivo con todas las bases militares en Cuba?
Porque los ciudadanos cubanos debemos de informarnos sobre la evolución de la infraestructura militar en la isla en todos estos años.