El régimen cubano y su responsabilidad jurídica internacional por los 32 militares muertos en Venezuela

Luego de que al menos 32 militares cubanos fallecieran en la operación de EEUU para capturar al derrocado dictador venezolano Nicolás Maduro, terminó por caer lo que era un secreto a voces: la presencia de personal de seguridad del régimen de La Habana en Venezuela, algo que ambos países habían negado. En tal sentido, el grupo de asesoría legal Cubalex responde a interrogantes relacionadas con la responsabilidad internacional del Estado cubano por el despliegue de personal en acciones armadas en el extranjero.

"Desde el punto de vista del derecho internacional, la conducta de los militares cubanos desplegados en Venezuela es plenamente atribuible al Estado cubano", destacó, toda vez que "los efectivos fallecidos pertenecían a órganos del Estado, por lo que sus actos y su despliegue generan responsabilidad estatal, con independencia de que los hechos hayan ocurrido fuera del territorio nacional o en el marco de acuerdos políticos bilaterales".

Así, "el despliegue de personal militar en un escenario armado extranjero, sin información clara sobre su función, estatus jurídico y marco legal, constituye una acción atribuible al Estado que puede generar responsabilidad internacional", pues "el derecho internacional no permite a un Estado desvincularse de la actuación de sus agentes alegando el lugar donde ocurrieron los hechos", indicó Cubalex.

"La falta de transparencia, el silencio oficial y el uso de formulaciones ambiguas no son neutros desde el punto de vista jurídico. Si ese despliegue vulnera obligaciones internacionales —como el principio de no intervención o normas de derechos humanos—, la responsabilidad del Estado se activa plenamente", resaltó.

Para Cubalex, "el uso reiterado de expresiones vagas como 'misiones', 'colaboración' o 'cumplimiento del deber', especialmente después de años de negación oficial, tiene relevancia jurídica". En tal sentido, enfatizó que "estas prácticas pueden vulnerar el principio de buena fe que rige las relaciones internacionales, ya que el Estado no puede ocultar información, inducir a error o engañar a la comunidad internacional mediante formulaciones ambiguas".

Al propio tiempo, "la participación operativa de personal cubano en funciones de seguridad interna venezolana constituye una violación del principio de no intervención", recalcó, toda vez que "la protección del jefe de Estado, los servicios de inteligencia y la represión interna forman parte de las funciones esenciales de la soberanía estatal".

"La presencia confirmada de efectivos cubanos en estas estructuras implica una injerencia directa en los asuntos internos de Venezuela, incluso en ausencia de un conflicto armado formal entre ambos Estados. La existencia de una alianza política o ideológica entre Cuba y Venezuela no crea ninguna excepción jurídica que excluya la aplicación de este principio fundamental del derecho internacional", agregó.

Asimismo, el Gobierno cubano "puede incurrir en responsabilidad internacional por su participación o asistencia en violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela", sostuvo Cubalex, y detalló: "Si agentes cubanos asesoraron, asistieron o participaron en estructuras represivas, y dichas violaciones eran sistemáticas y conocidas, el Estado cubano puede ser responsable por complicidad".

Por otro lado, "la identificación de agentes cubanos como víctimas es jurídicamente relevante, ya que activa obligaciones inmediatas de investigación", destacó el grupo de juristas, recalcando que "la negativa a investigar o el desconocimiento de estos testimonios refuerzan, en sí mismos, la responsabilidad estatal".

"El Estado cubano tiene el deber de proteger la vida de sus agentes, explicar de manera clara y pública las circunstancias de su muerte y garantizar recursos efectivos a sus familiares. Dado el contexto armado, opaco y previamente negado, estas muertes deben ser investigadas como potencialmente ilícitas, conforme a los Principios de Minnesota", enfatizó.

Cubalex alertó, asimismo, que "la falta de una investigación efectiva constituye una violación autónoma del derecho a la vida, independientemente de las conclusiones a las que se llegue sobre los hechos".

Por último, "el Estado cubano tiene la obligación de actuar con transparencia e informar de manera honesta y coherente sobre el despliegue de personal en el extranjero, especialmente tras años de negación oficial. Además, ante un riesgo previsible de escalada armada, el Estado debió evaluar la retirada de sus efectivos. Mantenerlos expuestos en un escenario de alta peligrosidad puede constituir una forma de negligencia estatal con consecuencias jurídicas internacionales", concluyó.