El profesor asistente Moisés Leonardo Rodríguez Valdés, defensor de los derechos humanos residente en Artemisa, Cuba, envió a organismos internacionales una comunicación contra los despidos ante "la discriminación, de jure y de facto, contra el personal docente de la enseñanza superior en Cuba por ejercer derechos y libertades reconocidas por las normas del Sistema de Naciones Unidas".
La misiva, que acompañó de las fichas de cuatro profesionales expulsados de centros universitarios cubanos por causas políticas, fue presentada este jueves ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
También fue enviado a la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Educación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a la Oficina de la UNESCO en La Habana.
Rodríguez Valdés demandó "acciones concretas y efectivas para impeler al Estado cubano para que las leyes, las instituciones y directivos y las prácticas sociales, se ajusten a lo establecido por los fundamentos de la normativa internacional de derechos humanos, a saber: la libertad e igualdad en dignidad y derechos de todos los seres humanos y la no discriminación por motivo alguno".
Citó entre las normas violadas por el Gobierno cubano ante su procedimiento "los artículos 2, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 23 y 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) así como de la 'Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior', aprobada por la 29ª Conferencia General de la UNESCO el 11 de noviembre de 1997".
Por solo citar alguno de los puntos de esta última, el activista ejemplificó con el artículo 27, según el cual: "El personal docente de la enseñanza superior tiene derecho al mantenimiento de la libertad académica, es decir, la libertad de enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas (...) la libertad de expresar libremente su opinión sobre la institución o el sistema en que trabaja, la libertad ante la censura institucional(...) Todo el personal docente de la enseñanza superior debe poder ejercer sus funciones sin sufrir discriminación alguna y sin temor a represión por parte del Estado o de cualquier otra instancia".
"Se añade a lo anterior expuesto el fundamento de jure que constituye el artículo publicado en la página web del Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba bajo la autoría de la viceministra primera de esta institución, Sra. Martha del Carmen Mesa Valenciano", añadió Rodríguez Valdés en su denuncia.
El profesor recordó que "en el referido artículo se justifican los despidos hasta ahora acaecidos y los que en el futuro puedan ocurrir como resultado de la injerencia de lo ideológico y lo político partidista en el sistema educativo cubano en todos sus niveles, incluido el de la enseñanza superior".
"En dicho artículo la viceministra primera reconoce la real causa de un despido, que suponemos sea el de la profesora Omara Ruiz Urquiola por ser inmediato anterior a dicho artículo", agregó.
Para el denunciante, la viceministra desconoce "el derecho a las libertades de opinión y expresión por todos los medios, reconocidos en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) y las normas de la UNESCO aquí referidas".
Condenó como una "grave violación, sistemática e institucional" que "un profesor universitario en Cuba debe ser un activista de la política de un partido, por demás único y rector de la vida social y del Estado, según la constitución cubana, debe además ser defensor de una ideología y de convicciones políticas que le pueden ser ajenas o de las que puede disidir, según las normas internacionales de los derechos humanos, sin que ello constituya un delito".
En su misiva, el activista señaló que el Ministerio de Educación Superior cubano "descalifica el enfoque de derechos humanos en su universalidad, inseparabilidad, interrelación e interdependencia recomendado por las normas internacionales".
Rodríguez Valdés adjuntó un resumen de los despidos practicados contra el ingeniero Leonardo Rodríguez González y la licenciada Dalila Rodríguez González, ambos expulsados de la Universidad Central Marta Abreu de Villa Clara; así como de los científicos Ariel Ruiz Urquiola y Oscar Antonio Casanella Saint-Blancard, de La Habana.