La Cámara de Comercio de Canadá ha expresado su preocupación debido a la creciente posibilidad de que Estados Unidos ponga en práctica el titulo III de la Ley Helms-Burton, que permitiría interponer demandas contra compañías extranjeras vinculadas a propiedades en Cuba que fueron confiscadas con posterioridad a 1959.
Líderes empresariales de Canadá han señalado que la amenaza del Gobierno de Donald Trump de aumentar las restricciones del embargo de Estados Unidos a Cuba podría afectar a las compañías canadienses que están haciendo negocios en la Isla.
"Es una administración que no teme romper con lo que se considera la forma normal de hacer negocios en la diplomacia internacional", ha dicho Mark Agnew, director de política internacional de la Cámara, en declaraciones citadas por CTV News.
"No tienen miedo de salir y tomar una postura bastante audaz, que no es necesariamente en interés de la comunidad empresarial", dijo Agnew acerca de las decisiones políticas de Washington.
Sin mencionar a las empresas canadienses que podrían verse afectadas, el funcionario hizo referencia a la posibilidad de que los operadores de turismo canadienses, las mineras y las firmas financieras puedan ver en riesgo sus operaciones.
"Estamos hablando con nuestro Gobierno y con nuestras contrapartes comerciales en los Estados Unidos y Europa. El mensaje general es que no queremos que esto entre en vigencia", precisó Agnew.
"Las empresas canadienses deben prepararse para la activación de la sección del título III de Helms Burton, a pesar de que esencialmente ha permanecido inactiva durante 23 años", dijo por su parte Mark Entwistle, consultor de negocios en Cuba, que se desempeñó como enviado canadiense a La Habana en la década de los 90.
"Hay una fuerte oposición a la activación del título III entre los líderes empresariales y agrícolas de EEUU, pero eso podría no ser suficiente", dijo Entwistle.
"Se han cambiado todas las reglas del juego. Tenemos que estar preparados para que el presidente no prorrogue más el título III", concluyó.
"Continuamos expresando nuestras preocupaciones sobre las posibles consecuencias negativas para los canadienses, preocupaciones que son de larga data y bien conocidas por nuestros socios estadounidenses", ha dicho por su parte Adam Austen, portavoz de la ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland.
Agregó que esa alta funcionaria "ha estado en contacto con empresas canadienses para reafirmar que defenderemos completamente los intereses de los canadienses que realizan negocios e inversiones legítimas con Cuba".
La compañía minera con sede en Toronto, Sherritt International, tiene una larga experiencia en Cuba, y sus ejecutivos tienen prohibido viajar a Estados Unidos o hacer negocios allí bajo las disposiciones existentes de la Helms-Burton.
Este lunes, el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, afirmó en Washington que su Gobierno se opone "por principios" a la activación del título III.
En declaraciones a la prensa tras su reunión con Mike Pompeo en el Departamento de Estado, Borrell dijo que había reiterado la oposición de España a la activación del título III de la ley Helms-Burton, suspendido desde su creación en 1996 y al que tradicionalmente se ha opuesto la Unión Europea (UE), incluida España.
"Hemos hablado de cuestiones importantes, hemos conversado sobre la posibilidad de que se aplicara el artículo III de la ley Helms-Burton a Cuba y ya sabe EEUU que, en eso, estaríamos radicalmente en desacuerdo, los europeos y España en particular", manifestó el titular español de Exteriores, según el reporte de EFE.
El título III de la ley Helms-Burton fue creado para permitir que los estadounidenses, incluidos los cubanos naturalizados, pudieran demandar ante cortes de EEUU a las compañías que se están beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas antes de su confiscación.
Desde su creación en 1996, el título III de la ley Helms-Burton ha sido suspendido por todos los Gobiernos cada seis meses, de forma que nunca ha llegado a entrar en vigor por completo.
Sin embargo, en enero, cuando tocaba renovar esa suspensión, el Gobierno del presidente Donald Trump disparó todas las alarmas al hacerlo solo durante 45 días y, posteriormente, en marzo, volvió a renovar dicha suspensión durante 30 días, una medida que expira el 17 de abril.
A pesar de mantener la suspensión, el Ejecutivo tomó una importante decisión con respecto al título III: en marzo por primera vez en la historia estableció que los cubanoestadounidenses podían demandar a compañías cubanas sancionadas por Washington, aunque las extranjeras seguían exentas.