En medio del calor veraniego, los constitucionalistas cubanos —oficiales o por cuenta propia— disertan acerca de la Ley de Leyes. Las posiciones varían, pero todas parecen coincidir en lo relevante del tema. Por su parte, el grueso de la población parece priorizar metas individuales ligadas principalmente a la satisfacción de necesidades socioeconómicas. Además, el documento base con los cambios en la Constitución es aún desconocido por el público. Sin embargo, pese al "desconecte" y desinformación mayoritarios sobre el tema, algunos ciudadanos tienen "algo que decir" sobre dicho proceso.
En medio de ese "debate" —donde los concurrentes escriben, con excesiva frecuencia, para públicos autorreferentes y desconectados entre sí— el jurista Julio César Guanche ofrece, en dos partes, un análisis sintético e informado que ubica teórica e históricamente el proceso de cambios constitucionales en Cuba. En sus textos, el autor identifica los diversos mecanismos (abiertos a la ciudadanía, concentrados en los legislativos, integrados por expertos) para crear o modificar las constituciones. Pondera las asambleas constituyentes como el modo más democrático —por su forma, contenidos y continentes—de génesis constitucional en el mundo actual, y reconoce que la elección entre dichos mecanismos es un tópico más político que meramente técnico, dependiendo de la fuerza y objetivos respectivos de las elites y la ciudadanía.
Sin embargo, aunque el autor utiliza las nociones de "dictadura" y "democracia" para diferenciar los regímenes contemporáneos, elude cualificar al régimen sobre el que dirige su análisis. Al tiempo que mantiene un discurso donde prima la referencia épica al pasado ("La Revolución de 1959 fue la glorificación máxima del poder constituyente en la historia nacional. La participación social que desató dio cabida a una muy profunda inclusión política y a la diversificación de los espacios de participación"), esta parece coexistir sin mucho conflicto con el reconocimiento del duro presente ("el poder constituido desde entonces no ha realizado asambleas constituyentes, ni plebiscitos (salvo el que aprobó la Constitución de 1976) ni referendos, ni se ha verificado alguna iniciativa legislativa popular, tal cual la reconoce la Constitución").
Lo anterior no es del todo cierto, pues en 2002 el Proyecto Varela pretendía —amparado por la propia Constitución y tras recoger más de las 10.000 firmas requeridas— proponer cambios legales y pacíficos en el orden vigente. Esta iniciativa fue desestimada por las autoridades y, en réplica, se promovió un cambio constitucional que decretaba la "irrevocabilidad del socialismo". La retórica apologética acerca del origen conflictivo del orden (autocrático) vigente y la renuncia a conceptualizarlo limitan el potencial explicativo y heurístico del análisis de Guanche.
Por su parte, el jurista Julio Antonio Fernández Estrada, apeló en sendos textos al proceso de (re)cambio constitucional en curso, para develar el estado precario de la ciudadanía, la ideología y el modo oficial de concebir la politica en Cuba. En un primer momento, justo en la fase de arranque del proceso, el jurista alertó sobre la limitada participación e información ciudadanas en la conformación del ente (Comisión) redactor de la nueva Constitución.
Al respecto señaló: "La comisión aprobada deja algunas dudas importantes para los próximos meses. En ella no hay ningún especialista en activo sobre temas constitucionales. Entre sus miembros hay algunos juristas respetables, profesores, doctores en Ciencias Jurídicas, pero en ningún caso son estudiosos actuales, ni investigadores en presente, de Derecho Constitucional". En resumen: se privilegió la lealtad de cuadros antes que la calidad de expertos.
Compartiendo con Guanche —y con quien escribe estas líneas— que Cuba fue terreno de revoluciones radicales de amplio contenido popular, Fernández Estrada enfoca en su segundo texto el presente cotidiano de los cubanos, para alertar sobre la ausencia de "una ciudadanía ganada por la política, porque el tipo de experiencia que hemos tenido con ella nos ha enseñado que es unidimensional, rígida, inflexible y machacante".
Fernández Estrada pone su atención no en conceptos, diseños o experiencias generales, sino en la cultura y actitudes políticas específicas de la mayoría de la poblacion, en particular de los jóvenes. De ellos señala su poco involucramiento político autónomo, toda vez que "los que tienen esos intereses saben que la única forma de acercarse a esa vida es la de la alineación con la política oficial del Partido y su tradicional confusión con la gestión de Gobierno".
Desde las antípodas de sus colegas —y encima de sus cabezas—, José Luis Toledo Santander, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana, compareciendo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en plena discusión del anteproyecto de texto constitucional, ha ofrecido nada menos que una revolución (¿involución?) constitucional completa.
El diputado señaló: "El Partido es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado … quiere decir esta Constitución va a organizar el diagrama estatal del país, pero hay una fuerza que esta por encima del Estado, que es dirigente y superior, que es el Partido. La Constitución no puede trazarle directrices al Partido. La Constitución no puede decir entonces que los primeros secretarios son los que se subordinan al Consejo de Defensa porque esa no es la función de la Constitución ni puede trazarle directrices al Partido".
El fantasma de Carl Schmitt se apodera del cuerpo y verbo del intelectual funcionario. Con semejante adefesio jurídico, Toledo Santander establece nada menos que una supremacía extraconstitucional del partido único gobernante; distosionando inclusive el reconocimiento reservado al Partido dentro la Constitución vigente. Un mamerto (a)legal que haría las delicias del ayatollah Jomeini.
¿Qué dicen los ciudadanos?
Frente al análisis cauteloso, la denuncia ilustrada o el manoseo oficial, las opiniones ciudadanas sobre el cambio constitucional distan de la uniformidad, coherencia o polarización que a menudo les otorgamos. Eso es lo que arroja un sondeo recientemente realizado en Cuba. (Cuando se enviaba al editor este texto, fue difundido otro sondeo —similar en cuanto al objeto y diferente en lo relativo a metodología y alcances— realizado por el Observatorio Cubano para los Derechos Humanos. No hubo tiempo de considerar su factura y resultados.)
En relacion al tópico constitucional, salta a la vista el apreciable desinterés o desconocimiento —comparado con consensos abrumadores en la dimensión socioeconomica— de muchos consultados, seguido por dosis variables de apoyo al orden vigente y las demandas variopintas de reformas.
Ante la pregunta de la necesidad de reformar la Constitución, las respuestas negativas fueron mayoritarias (39,4%), seguidas por un número algo menor de favorables al cambio (34,7%) y un número importante (25,9%) de quienes no fijan posición. Sumadas las negativas y las que no se pronuncian, los reformistas quedan en minoría.
Paradójicamente, interrogados por asuntos específicos —que requerirían reformas constitucionales para su implementación— resulta que la elección directa al Presidente recibe un amplio apoyo (61,4%) frente a quienes se oponen (17%) y aquellos (21,6%) que señalan no saber. En ese tenor, el apoyo a la creación de otros partidos supera con creces (45,7%) a la indiferencia (28,9%) y la oposición a la medida (25,4%).
Por su parte, la idea de eliminar la irrevocabilidad del socialismo cosecha un importante apoyo (34,8%) que no supera, sin embargo, la suma de los defensores de la inmutabilidad (27%) y los que no fijan postura (38,2%) frente al tema.
Lo anterior podría indicar que, aunque mucha gente quiere cambios de calado —los que forzosamente pasan por una reforma constitucional— paradójicamente algunos no aprecian que la modificación o sustitución de la Constitución vigente es condición necesaria para ello. Lo cual revela, por un lado, los déficits de cultura jurídica de la población, el menosprecio a la ley —derivados de su manoseo oficial y la poca apelación/aplicabilidad de la misma por y para los ciudadanos de pie—, así como las "disonancias cognitivas" típicas de una sociedad regida por un régimen autoritario.
En el seno de un régimen de esta clase, cualquier tópico que aluda a cambios políticos "radicales" induce a buena parte de los consultados a mantener una postura relativamente conservadora, en relación con la percepción difundida de lo que constituye la opinión oficial/general. Al mismo tiempo, estas respuestas sugieren la existencia de un potencial reformista "dentro de…", que no pasa por la ruptura total con referentes genéricos del socialismo. Pero que no cabe, tampoco, dentro de los estrechos moldes del modelo actual.
La ciudadanía cubana, sistemáticamente despolitizada, parece formular más clara y masivamente su apoyo a cambios socioeconómicos que a reformas políticas de impacto ignoto. Al tiempo, en su seno aparece un segmento de población consistentemente reformista, tanto dentro de un potencial socialismo renovado como en la transición a otro tipo de régimen político. De manera que todos los discursos encontrarán públicos potencialmente atentos a sus propuestas, siempre que elijan los medios adecuados para llegar a una opinion pública fragmentada pero dinámica, real aunque lastrada, cívicamente emergente pero políticamente acotada.
Para conocer las características de la opinión pública —y su nexo con la cultura política y el entorno institucional— bajo regímenes autoritarios cercanos al cubano, recomiendo: Yunya Song, Yin Lu, Tsan-Kuo Chang & Yu Huang (2016): "Polls in an authoritarian space: reporting and representing public opinion in China", en Asian Journal of Communication, así como Kirill Rogov y Maxim Ananyev (2018) "Public Opinion and Russian Politics", en Daniel Treisman (ed.), The New Autocracy Information, Politics and Policy in Putin´s Russia, Brooking Institution, Washington DC.