El Gobierno cubano se abstuvo el pasado 29 de septiembre en la votación en Naciones Unidas por una resolución que condena la pena de muerte basada en la orientación sexual o la identidad de género de un individuo, según informa la ONU.
La resolución fue presentada por Bélgica, Benin, Costa Rica, Francia, México, Moldavia, Mongolia y Suiza; y la votación quedó con 27 votos a favor, 13 en contra y siete abstenciones.
El Gobierno cubano junto al de Kenia, Nigeria, Túnez, Indonesia, Filipinas y Corea del Sur se abstuvieron, mientras que países como Botswana, Burundi, Egipto, Etiopía, Bangladesh, China, India, Iraq, Japón, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y EEUU se opusieron.
Esta resolución —recuerda la publicación estadounidense especializada en noticias LGBTI Washington Blade— condena "la imposición de la pena de muerte como una sanción por formas específicas de conducta, como la apostasía, la blasfemia, el adulterio y las relaciones consensuales del mismo sexo" y expresa "la grave preocupación de que la aplicación de la pena de muerte por adulterio sea desproporcionada impuesta a las mujeres".
Asimismo, señala que "las personas pobres y económicamente vulnerables y los extranjeros son desproporcionadamente sujetos a la pena de muerte".
Condena, además, que "las leyes que llevan la pena de muerte se utilizan contra personas que ejercen sus derechos a la libertad de expresión, pensamiento, conciencia, religión y reunión pacífica y asociación, y que las personas pertenecientes a minorías religiosas o étnicas están representadas de manera desproporcionada entre los condenados a muerte".
De acuerdo con IPS Cuba, varios cubanos "criticaron" en las redes sociales la decisión de La Habana.
"Puede explicar nuestro canciller Bruno (Rodríguez) cuáles son los motivos del Gobierno" para adoptar esta decisión, se cuestionó en Facebook el bloguero Norges Rodríguez citado por IPS Cuba.
En la misma red social, el periodista oficialista Francisco Rodríguez Cruz, "Paquito el de Cuba", opinó que "Cuba se abstuvo, porque está claro que en esos temas, no quiere liderar nada".
IPS Cuba además citó a otros usuarios "inconformes" como María Margarita Casado que sostuvo: "Estoy segura que esto no se publica en Cuba, nadie se entera. ¿Hará Mariela Castro un video quejándose de la abstención de Cuba?".
La Habana a finales de 2016 se ausentó en la ONU en votaciones relacionadas con los derechos de la comunidad LGBTI. En aquel entonces, el periodista oficialista Rodríguez Cruz catalogó estas acciones como una "muestra del desinterés (del Gobierno cubano) por la defensa de los derechos" LGBTI.
Mariela Castro, hija del general Raúl Castro, está al frente del estatal CENESEX desde donde ha intentado lavar la imagen del régimen en la represión durante décadas de la comunidad LGBTI.
El CENESEX es criticado con frecuencia porque su defensa de los derechos de la comunidad LGBTI no alcanza a los grupos críticos y a opositores al régimen.
Algunos de los reclamos de la comunidad LGBTI al Gobierno son el reconocimiento legal del matrimonio igualitario así como de las familias que formen, y la adopción de niños por parte de parejas gay. Estos reclamos no han sido conseguidos por el CENESEX.
En una reciente entrevista, la hija de Raúl Castro se escudó en que "las leyes no logran modificar los prejuicios ni las conciencias" para justificar la ausencia de una legislación para el matrimonio entre parejas del mismo sexo en la Isla.
En alrededor de una decena de países se castiga la orientación sexual con la pena de muerte (como Irán, Arabia Saudita, Yemen, Sudán, Nigeria y Somalia).
La pasada semana el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recalcaba que "La pena de muerte no tiene lugar en el siglo XXI" e instaba a todos los miembros de la organización que aún la aplican a derogarla de sus legislaciones.
Según la ONU, 170 de los 193 países miembros de ONU han abolido o dejado de practicar la pena capital.
"En 2016, las ejecuciones en todo el mundo disminuyeron 37% en comparación con 2015" y "hoy cuatro países son responsables del 87% de las ejecuciones registradas", señaló el secretario general, aunque sin identificar estos cuatro estados.
Se trata de China, Irán, Arabia Saudita e Irak, según un funcionario de la ONU que habló bajo condición de anonimato con la AFP.