Un estado de emergencia se instauró de facto el 22 de septiembre en Villa Clara por disposición del Consejo de Defensa Provincial, sin atender la norma constitucional que encomienda tal declaración al presidente cubano, aunque solo afecte a una parte del territorio nacional.
Presidido por Julio Lima Corzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la demarcación, el Consejo de Defensa estableció un programa para "lograr de forma gradual y progresiva el restablecimiento de las principales afectaciones a la población y la economía", según declara el preámbulo del documento que instaura un virtual gobierno de excepción en Villa Clara, encabezado por funcionarios del PCC en lugar de las autoridades gubernamentales electas.
"Consejos de Defensa a todos los niveles, con el apoyo de las organizaciones políticas y de masas, responden por todos los procesos que se realizan en su demarcación, e incrementarán el control, la fiscalización y la exigencia", dispone la primera pauta.
Otros artículos regulan el trabajo de los medios de comunicación, la venta de materiales de construcción y la política de precios.
El resto de las normas, a partir de la sexta y hasta la novena, instruye sobre el rigor punitivo que deben ejercer las autoridades, en particular contra trabajadores por cuenta propia que "incurran en conductas transgresoras de la ley o violen lo dispuesto en la presente disposición".
Los denominados "cuentapropistas" son el único grupo mencionado explícitamente en el documento, que también orienta a fiscalías y tribunales sobre "la realización de juicios ejemplarizantes" en su artículo noveno.
Los juicios "ejemplarizantes" son una tradición consagrada por las prácticas políticas posteriores a 1959 y se ejecutan en calles o plazas públicas, con la asistencia y la intervención de las comunidades.
Por su carácter disuasorio, estos juicios no garantizan el debido proceso y evidencian la naturaleza dependiente del sistema judicial cubano.
Es probable que cinco acusados de robo en Playa Nazábal, municipio de Encrucijada, sufran un juicio de esta índole, se infiere de una nota del periódico Vanguardia que acompaña al decreto del Consejo de Defensa.
Entre los acusados de sustraer cerca de 2.000 tejas, carpintería de aluminio y tubos metálicos, se encuentra la administradora del Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía en la localidad.
La funcionaria se encuentra a disposición de los tribunales desde el lunes y fue imputada porque "contravino su obligación de adoptar las medidas pertinentes para la custodia de los bienes", declaró Lisnay Mederos, jefa de la Fiscalía Provincial de Villa Clara.
Estos casos de negligencia están previstos en la séptima cláusula de la Disposición donde se orienta "la depuración de la responsabilidad administrativa".
De "respuesta contundente" para "los dispuestos a delinquir" calificó el diario Juventud Rebelde las disposiciones emitidas en Villa Clara, en alusión a las advertencias de "enfrentamiento enérgico e inmediato".
Ya hubo juicios ejemplarizantes en Sagua la Grande
Pocos días antes de la promulgación de este virtual estado de emergencia, se reportó al menos un juicio ejemplarizante efectuado en la plaza principal de Sagua la Grande, uno de los municipios más afectados por el huracán Irma.
Las fuentes no coinciden al narrar los pormenores del incidente.
"Acusaban a dos trabajadores 'de los mosquitos' [operarios de Higiene y Epidemiología] de robar una casa en Isabela de Sagua", explica una estomatóloga. "Salieron absueltos porque se pudo probar que una parienta o amiga de la familia había sacado los artículos".
"Hubo juicio público, pero los acusados eran menores de edad y estuvieron ausentes", revela un periodista de los medios locales que solicitó anonimato a DIARIO DE CUBA. "Esos muchachos le arrebataron un dispositivo electrónico a una usuaria de la zona WiFi, pero fueron atrapados al instante por las tropas especiales".
No debe descartarse que hayan celebrado dos juicios ejemplarizantes en la misma plaza, probablemente entre el 19 y el 20 de septiembre.
La víctima del segundo incidente ofreció declaraciones a la radio local en una inusual cobertura periodística que anticipaba la agenda pautada para los medios por el Consejo de Defensa Provincial.
"Esto [el juicio ejemplarizante] se realiza en función de la educación y prevención", comentó Dixán Fuentes Guzmán, fiscal jefe de La Habana, en recientes declaraciones a Juventud Rebelde. "Hasta el momento [16 de septiembre] no se ha decidido hacer ninguno de ese tipo de proceso".
Los juicios ejemplarizantes no aparecen regulados por la Ley de Procedimiento Penal, que dedica una importante sección a regular "el juicio oral". Fuentes Guzmán confirmó que esta modalidad "educativa" se coordina con el PCC.
El fiscal aseguró que, "aunque se ha dispuesto una política penal de severidad", la situación no implica "una disminución de los derechos y garantías".