Un funcionario del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) denunció esta semana que las "medidas de seguridad predelictivas", presentes en la legislación cubana, "pueden convertirse en espada de Damocles".
Manuel Vázquez Seijido, asesor jurídico del CENESEX, llamó la atención sobre "los índices de peligrosidad, el estado peligroso y la aplicación de medidas de seguridad predelictivas que implican internamiento", durante la clausura del Simposio Internacional Violencia de Género, Prostitución, Turismo Sexual y Tráfico de Personas, celebrado en La Habana.
"Creo que no podemos esperar más para pronunciarnos sobre este tema", dijo el jurista, según la versión divulgada por el centro que dirige Mariela Castro Espín.
Vázquez Seijido aclaró que en Cuba "no está penalizada la prostitución", pero cuestionó lo que está sucediendo con la "interpretación de los índices de peligrosidad" y declaró su "oposición al internamiento como medida de seguridad, en los casos donde la supuesta conducta antisocial se asocie al ejercicio de la prostitución".
El abogado explicó que "las medidas de seguridad predelictivas han quedado desterradas de la mayoría de las legislaciones penales del mundo".
Dijo que, "aunque en algún momento resultaron herramientas importantes para determinadas cuestiones, en otras situaciones pueden convertirse en espada de Damocles".
Vázquez Seijido utilizó argumentos defendidos en Naciones Unidas por la organización disidente Cubalex en julio pasado.
En aquel momento, el abogado intentó deslegitimar la participación de las juristas independientes Laritza Diversent y Yaremis Flores, que exigieron prácticamente lo mismo al régimen de La Habana.
Ahora Vázquez Seijido presenta como suyas las ideas sobre la "peligrosidad social predelictiva" en torno a la prostitución.
Prostitutas 'aseguradas'
Sobre la situación de las mujeres dedicadas a la prostitución, atendidas en las denominadas "casas de acogidas o aseguradas", la directora del Proyecto Palomas, Lizette Vila, opinó que sus visitas a dichos centros "no le permitieron comprender la finalidad de estos".
"El ambiente que presencié y la relación que tuve con esas mujeres, la mayoría de ellas jóvenes, fue algo muy duro para mí. Siento un dolor muy grande porque en Cuba existan esos sitios", dijo Vila.
La psiquiatra Ada Alfonso, experta en el tema de la violencia contra la mujer, pidió no usar términos como "aseguradas o acogidas", porque las prostitutas "están viviendo en condiciones de privación de libertad".
La llamada "peligrosidad social predelictiva" se aplica, sobre todo, a disidentes y a jóvenes que no estudian ni trabajan.
La medida es considerada una "aberración jurídica" por parte de juristas y organismos internacionales, debido a que la policía encarcela a personas, con penas de hasta cuatro años, sin que hayan cometido ningún delito.