En días pasados asistí, en calidad de comentarista y ponente, a la vigesimotercera conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE), celebrada en Miami. Organizada con el empeño y recursos de los integrantes de la Asociación y con el decisivo apoyo de —entre otras entidades— el Cuba Study Group y la Christopher Reynolds Foundation, decenas de académicos y activistas de la Isla y su diáspora, acompañados por investigadores de las dos Américas y de Europa, dieron vida a tres días de intensos y respetuosos debates en torno a la marcha de las reformas impulsadas por el gobierno de Raúl Castro. Ponderando, con toda la diversidad de matices ideológicos y saberes intelectuales, los logros, alcances y límites de las transformaciones en curso.
En la Cuba actual estos cambios, si los describimos en una apretada síntesis y desde mi perspectiva personal, entrecruzan y confrontan las expectativas de una sociedad crecientemente mutable, socialmente heterogénea y culturalmente diversa —como resultado de los cambios iniciados en los años 90—; de un Estado que cambia de forma endógena —al implementar una serie de reformas de gestión, administración y, en un futuro no muy lejano, gobierno—, y de un régimen político cuyas leyes y mecanismos siguen siendo los del modelo soviético, lo que les hace disfuncionales para lidiar con la creciente complejidad nacional.
Se trata de un régimen socialista de Estado, en un país habitado por una ciudadanía frágil en lo civil, dentro de un contexto donde el estado de derecho es sustituido por los amplísimos y arbitrarios derechos del Estado. En lo político, se trata de una ciudadanía encapsulada en un modelo de participación movilizativa, fragmentaria y parroquial, con una representación y control social prácticamente nulos. Y, en lo social, de una ciudadanía que, a despecho del discurso oficial, se enfrenta a la reducción galopante de prestaciones sociales y a la que faltan garantías legales y mecanismos de impugnación.
Todo ello configura un statu quonocivo para el protagonismo individual y colectivo empeñado en un empoderamiento de la gente común. Estamos ante el agotamiento del pacto social postrevolucionario, que proveyó políticas sociales amplias y generosas a cambio de la máxima lealtad de la población y de la cesión de buena parte de sus derechos a la administración del Estado y, por consiguiente, asistimos a la paulatina clausura del esquema de gobernabilidad sustentado sobre ese pacto.
Es tal situación la que ha provocado la necesidad, concientizada —en diversas formas, urgencias y sentidos— por la población y por las élites, de cambiar el orden vigente… y la que también despierta notables resistencias e incertidumbres de cómo hacerlo con eficacia y a tiempo.
Sobre estos y otros asuntos discutimos desde la conjunción, en un mismo foro, de personas y proyectos provenientes de filiaciones político-institucionales diversas. En particular, tuve el privilegio de comentar las presentaciones de Roberto Veiga y Lenier González, miembros del Laboratorio Casa Cuba y editores de Espacio Laical, así como de las de Antonio Rodiles y Alexis Jardines, animadores de Estado de SATS; proyectos estos que se ubican entre los mejores exponentes de una reflexión/activismo intelectuales que buscan vigorizar la esfera pública cubana y, en una dimensión mayor, fomentar la participación y conciencia ciudadanas. Una labor que, sin duda, dejará su impronta en los escenarios que emerjan, a despecho de las fuerzas dominantes, moldeando futuros más virtuosos para la sociedad y la nación cubanas.
En especial, dos elementos llamaron mi atención en las intervenciones de mis compañeros de panel. En las intervenciones de Veiga y González asomó el término "oposición leal", el cual generó un agitado debate con otros ponentes y el público presente. En las de Jardines y Rodiles, se proyectó la idea de una ineficacia de los cambios actuales para proveer beneficios sustantivos al pueblo cubano, más allá de los intereses de la élite gobernante. Como se comprenderá estos (y otros tópicos conexos) son demasiado complejos para agotarlos en pocos párrafos, pero quiero compartir mis posturas al respecto, las mismas que compartí en el foro.
El elefante y los hindúes ciegos
Como en la fábula del elefante y los hindúes ciegos, creo que los los cuatro amigos ponderaron, en sus diagnósticos sobre la Cuba real, aquellas aristas o propuestas afines a su perspectiva personal o colectiva. Ignorar que cambios como la expansión del mercado, la aparición (o reconocimiento) de nuevos actores socioeconómicos, el incremento de acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y la anunciada modificación legal de los términos en que se ejercerán los cargos del gobierno modifican la vida nacional —la cotidiana de la gente y los escenarios del país— es de miopes.
Por supuesto que la continuación de las prácticas represivas y de ilegalización sobre los grupos opositores, comunicadores y juristas independientes señalan que el régimen cubano permanece anclado en el viejo socialismo de Estado, sin siquiera pasar a un modelo autoritario —que supone el reconocimiento por el Estado de una oposición, sociedad civil y prensa no subordinadas— como el que hoy impera en buena parte del Tercer Mundo y en potencias como Rusia.
Pero de ahí a desconocer que hoy las cosas se mueven (con diversos sentidos, no todos perversos), que la vida de la gente y algunos de sus derechos —de viaje, emprendimiento, comunicación— se enrumban por nuevos horizontes y que esto habilita nuevos escenarios para la lucha democratizadora, va un trecho. El mismo que separa a los isleños de nuestro pasado reciente (la denominada Batalla de Ideas, de estirpe fidelista) y del presente de ciertos impresentables amigos de la Habana (Corea del Norte).
Dicho esto, vale la pena retomar el punto de hasta dónde existen hoy en nuestro país condiciones para la existencia y florecimiento de una oposición leal. Sin entrar a discutir ahora la historicidad del concepto —que nos remite a la parsimonia británica o la magistral arquitectura del PRI mexicano, ambos a siderales distancias del modelo cubano— valdría la pena precisar cuáles serán los árbitros (instituciones, leyes) o contenidos (ideológicos, programáticos, operativos) que definirán la lealtad.
En el primer caso, queda claro que un gobierno que sistemáticamente ha administrado —y acotado— no ya el espacio para el disenso sino, incluso, los derechos para el ejercicio de la ciudadanía "revolucionaria" no es ni un árbitro imparcial ni una contraparte que ofrezca el trato recíproco inherente a la condición de fidelidad.
En cuanto a los contenidos de esta, insistir en una idea abstracta de nación —usufructuada por el Estado— como definitoria de lo leal es algo demasiado pobre a nivel conceptual y práctico. Me parece que exigir a la oposición (y al Estado) un comportamiento pacífico, apegado a las leyes vigentes —incluso para las propuestas de su modificación— y en relación con los derechos universalmente reconocidos, así como la no sujeción de sus programas al condicionamiento de potencias extranjeras —lo cual debe ser probado allende las fronteras de la calumnia política— es más que suficiente para superar este espinoso asunto.
Soberanía nacional y soberanía popular
Foros como la recientemente concluida XXIII Reunión Anual de la ASCE son, en muchos sentidos, particularmente útiles; pues operan como puentes entre cubanos artificialmente aislados por los diques de la incomprensión y el recelo mutuos. Pero, para que las actuales reformas no se reduzcan a comer mejor, vivir en la farándula y engordar el bolsillo bajo la atenta mirada de magnate y policías, los intelectuales —de todos los pelajes— involucrados en todo esfuerzo colectivo (como en el foro de ASCE) debemos tener una vocación cívica.
Debemos quebrar la fragmentación inducida de la esfera pública de la Isla a través de acciones específicas de reconocimiento y deliberación intelectuales y políticas, sin que ello signifique diluir las agendas particulares e identidades específicas de los concurrentes, sean individuos o colectivos: yo no tengo que abjurar de mis ideas para reconocer al otro y sus derechos.
Pero también es necesario abandonar, dentro de las instituciones de la Isla, el fin de la complicidad para con las conocidas prácticas de invisibilización, censura, represión (actos de repudio) dentro del gremio y de cara a la ciudadanía. Y, desde la disidencia o la diáspora, el cese de las sospechas absurdas frente a todo aquel que haya tenido un pasado (más o menos reciente) o un presente de militancia en las instituciones oficiales.
Es preciso evaluar las personas a partir de sus posturas e ideas concretas y no de los fetiches que se construyan en torno suyo.
A mi juicio, tal como señalé a mis colegas del panel frente a sus preferencias alternas, se vuelve imperativo defender una doble noción de soberanía (nacional y popular), sin elegir entre una u otra. Pero, sobre todo, es imperativo privilegiar a nivel global la solidaridad ciudadana trasnacional por encima de las políticas y acciones de todo Estado que afecte, de un modo u otro, la vida y derechos de los cubanos: sea el cubano, el estadounidense o cualquier otro poder extranjero.
Además, hay que atender el desarrollo de ciertas aristas negativas de las reformas, como la ampliación de la brecha entre los individuos y grupos favorecidos por estas y los convertidos en perdedores del cambio: trabajadores urbanos y rurales, familias huérfanas de remesa, mujeres, negros y mestizos, ancianos, habitantes del interior del país, a los que el mercado no los acoge mientras que el Estado aún administra y limita sus derechos.
Todo ello de manera que, junto con la apuesta por un mayor desarrollo económico y el empuje hacia una agenda democratizadora, se redefinan, revaloricen y defiendan, simultáneamente, los "viejos temas" de la Justicia Social.
Espero que estos desafíos —y los que vengan— encuentren respuesta, en un futuro cercano, desde los diálogos abiertos entre académicos de las dos orillas.