Ángel Carromero lleva en España más de dos semanas. Salvo una frase de agradecimiento a los periodistas al salir de la cárcel, no ha hablado públicamente. Los políticos del Partido Popular (PP) que lo visitaron en la prisión de Segovia comentaron que lo haría en cuanto ordenara sus pensamientos. Esos políticos se han referido a lo duro del régimen carcelario sufrido en Cuba, pero no han tenido una palabra para el proceso judicial y, mucho menos, para los hechos por los que fuera condenado.
Carromero se mantiene en silencio y sus compañeros de partido evitan hablar de lo ocurrido a Oswaldo Payá y Harold Cepero.
El político sueco Aron Modig eligió hacer silencio mientras su compañero de viaje español se encontraba preso en Cuba. Repatriado Carromero, la única noticia sobre Modig es que no se presentará a reelección como presidente de la Juventud Demócrata Cristiana de su país.
Carlos Payá, hermano del líder fallecido y representante en España del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL), conversó telefónicamente con Ángel Carromero. De ese diálogo trascendieron algunos comentarios sobre las duras condiciones en las que estuviera confinado el joven. Nada acerca del fallecimiento de Payá y Cepero. Nada sobre el proceso judicial. Todo volvió a centrarse en la persona de Carromero, a quien Carlos Payá llegó a calificar de "héroe".
Pese a todo este cultivado mutismo, la muerte de Oswaldo Payá y de Harold Cepero es asunto que está más allá de un partido, de un gobierno o de una familia. Es hora de que lo ocurrido salga de los círculos del PP y de la familia Payá. Es hora de que Carromero y Modig rompan sus silencios, den testimonio y pueda establecerse cuánto difieren los hechos de la versión impuesta por el régimen cubano.
Varios miembros de la familia Payá han abogado por una investigación internacional y han mencionado un mensaje de texto que les avisaba de una colisión por otro auto. A partir de esa prueba, que ha de ser reproducida y no solo referida, los Payá podrán presionar a la opinión internacional para que se abra la investigación que reclaman.
Y, en lugar de arropar el silencio culpable de uno de sus militantes, el PP tendría que exigir a Carromero que haga pública su versión de los hechos. Así lo exige la responsabilidad política contraída, pues fue enviado a apoyar el proceso de democratización cubano y, en nombre de ese mismo proceso, resulta imprescindible esclarecer cuánto sucedió.
Según afirmara el diputado Pablo Casado (PP), la negociación para repatriar a Carromero no incluyó contraprestación alguna y se debió únicamente a un éxito diplomático. Se ha sabido, sin embargo, que el Ministerio de Relaciones Exteriores español buscará en lo adelante "rebajar la tensión" y alcanzar relaciones más apacibles con el régimen cubano. Serían abandonadas, por ello, las peticiones de democratización para Cuba que preveían presentar en el Parlamento Europeo, y se suspenderán los actos con representantes de la disidencia.
En tanto gobierno, el PP haría bien en mostrar que su compromiso con la democracia cubana no ha desfallecido. El encarcelamiento de Carromero en Cuba pudo obligar a complacencias con el régimen de La Habana. Pero ahora, cuando ya no existe motivo de chantaje, continuar con ellas pondría en evidencia el desentendimiento del PP y del Gobierno ante las violaciones de derechos humanos en la Isla. Y si mientras estuvo preso Carromero cabía la muy discutible supeditación de las relaciones exteriores del país a la suerte de un individuo, ¿qué disculpa tendrían ahora?
Ángel Carromero debe pronunciarse ante la opinión pública. El PP, que gobierna España, y del cual Carromero es militante, ha de ser garante de ello. De lo contrario, estarían encubriendo lo que posiblemente haya sido un crimen político.
La sociedad civil cubana espera. Habla, Carromero.