La presidenta brasileña no está dispuesta a cambiar la política exterior mantenida por su antecesor hacia Cuba. Lo dejó claro su canciller, Antonio Patriota, al afirmar que la situación de los derechos humanos en la Isla "no es de emergencia", y la propia mandataria, al declarar que las políticas de derechos humanos deberían tratarse dentro de una "perspectiva multilateral", no haciendo de ellas "un arma de combate político-ideológico", y exigiendo la responsabilidad de todos los países del mundo, incluido Brasil.
La agenda pública de Rousseff estuvo centrada en cuestiones económicas bilaterales: las obras de ampliación del puerto de Mariel, la colaboración alimentaria y biotecnológica, los créditos, y el acuerdo entre el grupo industrial brasileño Odebrecht y el estatal Azcuba, que propiciará inversión en un sector cerrado hasta ahora a las empresas extranjeras: el azucarero.
La resurrección del azúcar en colaboración con Brasil resulta una noticia halagüeña. Desmantelada por el castrismo en una de las decisiones más cuestionadas de su muy cuestionable política económica, la que durante siglos constituyó principal industria del país permitirá que miles de operarios vuelvan a encontrar empleo.
La explotación azucarera junto a Brasil significará una mejoría en la vida de esos hombres y mujeres. Pero, ¿hasta qué punto? ¿Se les impondrá un régimen laboral semejante al de los trabajadores de la hostelería bajo inversión extranjera, o al de los médicos y docentes cubanos en misiones en el exterior? De ocurrir así, la mayor parte de sus honorarios —garantizados por el inversionista foráneo— les será arrebatado por el Estado.
Mientras esos trabajadores no cuenten con derecho verdadero a discutir sus acuerdos laborales, ni siquiera les quedará el recurso de la concertación o la huelga, prohibido por las autoridades. Tampoco existirá para ellos la posibilidad de una pedagogía laboral, imprescindible en una industria reformada: imposible consolidar el respeto por el trabajo cuando los honorarios pactados entre empresarios extranjeros y nacionales terminan burlados.
Lo mismo que los trabajadores de la hostelería, los de la nueva industria azucarera se verán inducidos, como compensación ante las pérdidas sufridas, al hurto y demás ilegalidades en los puestos de trabajo.
Dilma Rousseff aseguró en La Habana que el mayor compromiso y la mayor contribución que Brasil puede ofrecer es "ayudar a desarrollar todo el proceso económico" de la Isla. La exclusión pública del tema de los derechos humanos se justifica con la excusa de que los convenios alcanzados beneficiarán a una franja poblacional mucho más amplia que la de la oposición política.
Cierto. Sin embargo, las inversiones brasileñas, igual que el resto de las inversiones extranjeras en Cuba, acarrearán aun más violaciones de derechos laborales. Y si a juicio del canciller Antonio Patriota la situación no es "de emergencia", la acción económica brasileña contribuirá a empeorar el tratamiento de los derechos humanos en el país.
Pese a lo sostenido por presidenta y canciller de Brasil, la agenda económica y la de los derechos humanos son inseparables.