El pasado 25 de febrero, en una causa seguida por trata de personas, el Tribunal Provincial de Las Tunas reconoció en su Sentencia No. 92 que las jóvenes cubanas "se deslumbran ante la presencia de un extranjero, por ver en ellos la posibilidad de vestir y calzar a la moda y de visitar lugares históricos".
En el juicio resultaron sancionados siete tuneros, cinco de ellos por alquilar sin autorización espacios de sus viviendas a un ciudadano italiano, quien sostuvo relaciones sexuales con cinco jóvenes (dos de 16 años y una de 18 entre ellas), entre 2005 y 2010. De las otras dos implicadas no se menciona la edad.
En junio de 2000, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer invitó al Gobierno a ampliar los programas oficiales para que las cubanas logren su independencia económica y, así, eliminar la necesidad de que recurran a la prostitución.
La acusación inicial en Las Tunas fue por un delito de proxenetismo y trata de personas, aunque sólo tres de los implicados fueron hallados culpables. El resto resultó multado por realizar una "actividad económica ilícita". A los propietarios, que fueron juzgados por la vía administrativa, se les sancionó además con la confiscación de las viviendas.
En ese juicio, los implicados fueron detenidos a finales de marzo de 2010. Semanas después, las autoridades hallaron en la provincia Granma el cadáver de una niña de 12 años, al parecer asesinada. En relación con estos hechos, fueron detenidos tres ciudadanos italianos y al menos doce residentes en el territorio oriental del país.
Tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades desataron un fuerte operativo en Bayamo, concentrado en los residentes de la ciudad que alquilaban sus viviendas a extranjeros, casas que, en su mayoría, resultaron confiscadas.
La investigación preliminar no mencionó a los ciudadanos italianos detenidos apenas dos semanas después, ni vínculos de la niña con extranjeros. Sin embargo, las versiones populares de los hechos apuntan a que la menor visitó una casa de renta donde se realizaba una fiesta con extranjeros, y allí consumió altas cantidades de alcohol y drogas.
En junio de 2010, Estados Unidos reafirmó a Cuba como país en el que se trafica con personas. Antes, en 2003, el gobierno norteamericano había incluido al gobierno de la isla en la lista negra por "no cumplir con los parámetros mínimos para la eliminación del tráfico de personas y no hacer esfuerzos significativos en ese sentido".
Cuba es "principalmente una fuente de niños sujetos al tráfico de personas, sobre todo para su explotación comercial dentro del país". En la legislación penal nacional, se brinda protección especial a los menores de 14 años contra los delitos de proxenetismos y trata de personas; a partir de esa edad, rigen las mismas leyes que para los adultos.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por su parte, también recomendó al gobierno profundizar en las causas de la prostitución y las consecuencias de las medidas de prevención y rehabilitación adoptadas, con el objetivo de hacerlas más eficaces.
Cuba procesa penalmente a las prostitutas, en su mayoría jóvenes, bajo la figura penal de la peligrosidad predelictiva. En la generalidad de los casos, para su reeducación, las somete a trabajo correccional con internamiento en granjas agrícolas. La responsabilidad penal se adquiere en la isla a los 16 años.