El castrismo ha sido siempre un sistema parásito. Su incapacidad de autosostenerse se extrema cuando pierde o entran en crisis sus fuentes externas de recursos. Primero fue la antigua Unión Soviética y el campo comunista, ahora es Venezuela. Son, entonces, momentos de búsqueda desesperada de nuevas fuentes de recursos.
La elite en el poder entiende que el despegue de la economía implica mayores libertades, lo han demostrado cuando se encuentran al borde del colapso, realizando mínimas maniobras para sobrevivir pero evitando transformaciones de calado con sus correspondientes riesgos y costos.
Ya desde los años 90 el régimen puso su foco en aprovechar la riqueza de la diáspora para desentenderse del sostenimiento de millones de cubanos. Usando a las familias como rehenes, el sistema termina canalizando miles de millones anuales a sus arcas. El fenómeno de la emigración conectado al envío de remesas se convierte así en un negocio cerrado que le permite drenar el descontento social y lograr cierta sostenibilidad, sin el riego de transformaciones económicas.
El flujo de las remesas ha ido creciendo desde el orden de los 800 millones en 1996, 1.200 millones en 2002, 1.400 millones en 2008 según datos de la CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo.
El régimen ha buscado atraer más remesas a Cuba a partir de facilitar tanto la recepción de envíos en efectivos como nuevas formas de comercialización de productos y bienes. Las compras online, recargas a cuentas telefónicas han facilitado que los montos al menos se dupliquen en relación a la décadas anteriores.
La urgencia por disminuir la ineficiencia, forzó al sistema a ampliar el llamado cuentapropismo. Para esto necesitaba la inversión de la diáspora, lo cual fue facilitado por la Administración norteamericana anterior al eliminar el límite del dinero a enviar. Con unos impuestos felinos y la obligatoriedad de una cuenta fiscal que mantenga el 65% de los ingresos, el castrismo volvía a garantizar sus réditos y a frenar cualquier crecimiento real de ese sector.
La actual Administración finalmente ha escogido una política de sanciones más estricta que sus predecesoras. La activación del capítulo III y IV de la Ley Helms-Burton hacen de esta política un instrumento más efectivo. En este escenario resultaría incoherente no recortar la entrada de remesas y viajes de ciudadanos norteamericanos sin vínculos familiares en la Isla, teniendo en cuenta que el 90% de las remesas provienen de EEUU.
El establecimiento de un límite de 1.000 dólares trimestrales constituye una cantidad incluso holgada para un individuo. Una cantidad muy superior comparada con la que el régimen remunera a los trabajadores bajo su pleno control.
En pleno momento de transferencia de poder de la decrépita elite a sus herederos, la vieja nomenclatura estará forzada a realizar movimientos como maniobras para el mantenimiento del poder. El escenario político y social se vislumbra con mayor intensidad que de costumbre, la oposición interna necesita todo el apoyo para poder sacudir este tablero tan inerte.
