La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, sostuvo este miércoles que el Gobierno que preside su esposo, Daniel Ortega, es "indestructible" y que los opositores "no pudieron" derrotarlo en el marco la crisis sociopolítica que sufre le país y que se ha cobrado al menos 351 vidas, según la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), reporta EFE.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calculó por su parte 264 muertes.
"Somos fuertes, indestructibles, no pudieron, no pudieron, no pasarán", exclamó la también primera dama en un mensaje a través de medios oficiales.
En su alocución, Murillo dijo que el 18 de abril, cuando estalló la actual crisis, lo que ocurrió fue una "explosión de maldad y de terrorismo".
Acusó a los detractores del Gobierno de vivir en "un mundo egoísta, de perversión, de maldad, y de no vacilar en hacer daño, en hacer sufrir a los más pobres".
"Qué desgracia, qué desatino que haya corazones nublados de odio. Son capaces de haber introducido en una sociedad que vivía ya un proceso de reconciliación... la perversión, el terror, el terrorismo, los crímenes, los secuestros, las torturas", dijo.
Las protestas contra el Gobierno comenzaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social, y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia de Ortega y Murillo, por acusaciones de abuso y corrupción.
El oficialismo no ha dudado en reprimir las manifestaciones con dureza y las víctimas señalan a grupos paramilitares y las fuerzas gubernamentales como responsables de varias atrocidades, entre ellas quemar viva a una familia dentro de su vivienda.
Murillo dijo que su Gobierno se siente "comprometido cada vez más con este pueblo".
"Hay que ver la capacidad que tiene nuestro pueblo para trascender la oscurana, convertirla en claridad", añadió.
Manifestación y paro general
La oposición nicaragüense anunció que intensificará a partir de este jueves su presión contra Ortega, con una manifestación y un paro general. El Gobierno, entretanto, prepara su marcha de "conmemoración revolucionaria" hacia Masaya, la ciudad más rebelde del país, informó la AFP.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reiteró este miércoles su llamado a la marcha y el paro nacional, el segundo durante la crisis.
"Que el pueblo se desborde para obligar a Ortega a renunciar. Si tocan a Masaya, tenemos que protestar. No le podemos permitir que se siga manchando las manos de sangre", dijo la líder campesina Francisca Ramírez, miembro de la Alianza, en rueda de prensa.
El Gobierno anunció para el viernes, día del paro, el llamado "repliegue", una caravana que anualmente encabeza Ortega por estas fechas hasta Masaya para recordar una gesta de la revolución sandinista de 1979.
En las últimas semanas, Ortega, exguerrillero de 72 años, intensificó la "operación limpieza", con policías y paramilitares, para derribar barricadas de adoquines que levantaron manifestantes en las calles, lo que ha incrementado la violencia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este miércoles en Washington, ante el Consejo Permanente de la OEA, el aumento de la "represión contra los manifestantes". Cifró en 264 las muertes en la ola de violencia desatada durante casi tres meses de protestas.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, calificó el informe de la CIDH de "apresurado", "prejuicioso y carente de objetividad".
"No puede confundirse una protesta pacífica con actos terroristas" y "golpistas", dijo.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está "profundamente preocupado" por la "intensificación" de la violencia en Nicaragua, advirtió Naciones Unidas.
"Operación limpieza"
Policías vigilaban el miércoles las entradas de Masaya, 35km al sur de Managua, lo que hace temer una violenta incursión antes de la caravana de Ortega el viernes, en el aguerrido barrio Monimbó.
"No al repliegue", "Jamás nos rendiremos", "Monimbó resiste hoy, mañana y siempre", se leía en paredes y barricadas que reforzaron los pobladores indígenas.
La Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH) exigió este miércoles al Ejercito investigar denuncias sobre uso de armas de alto calibre, como lanzagranadas RPG7 y ametralladoras, por parte de grupos armados ilegales que actúan con la Policía en la "operación limpieza" y para reprimir las protestas.
Existen "evidencias por denuncias de la ciudadanía de utilización de armas de guerra de alto calibre y granadas de demolición de uso exclusivo del Ejército" en algunas ciudades, dijo el secretario de ANPDH, Álvaro Leiva.
El Ejército de Nicaragua afirmó el martes que tiene "control absoluto" de su arsenal y negó cualquier involucramiento en actos de represión a manifestantes.
A fin de encontrar una salida a la crisis, la Iglesia propuso adelantar los comicios de 2021 a 2019 en la mesa de negociación entre el Gobierno y la Alianza Cívica. Pero el sábado, Ortega descartó anticipar los comicios.
Tras esas declaraciones y una violenta incursión el domingo en las ciudades de Diriamba y Jinotepe, departamento de Carazo, que dejó una veintena de muertos, la Iglesia puso en duda la continuidad el diálogo.
Pero el martes decidió seguir como mediadora de las conversaciones, pese a la agresión que sufrieron obispos y sacerdotes en la irrupción de grupos progubernamentales en templos católicos de Diriamba y Jinotepe.
Entretanto, el académico nicaragüense Félix Maradiaga, acusado por la Policía Nacional de organizar bandas delincuenciales, fue agredido en la ciudad de León (noroeste) por 50 simpatizantes del Gobierno, según indicó el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) en una declaración, reportó EFE.
Maradiaga, director ejecutivo del IEEPP, sostenía una reunión con diferentes representantes de la sociedad civil en el momento del incidente.
El activista fue trasladado de urgencia al hospital metropolitano Vivian Pellas, en Managua, ya que los golpes que recibió "fueron muy severos", dijo su esposa, Berta Valle.
La Policía Nacional ha acusado a Maradiaga de organizar grupos para alterar la paz en Nicaragua; sin embargo, el Ministerio Público no ha hecho ninguna acusación.
Según la Policía Nacional, Maradiaga ha organizado estructuras delincuenciales junto con una agrupación denominada Viper, dedicada al crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, asesinato y otros delitos.
Esa estructura —dice la versión oficial— incluye "la contratación de sicarios para la ejecución de asesinatos, tráfico de drogas, armas y municiones, así como terrorismo mediático" y ha operado en el sector de la Universidad Politécnica de Nicaragua, que se mantuvo ocupada por un grupo de estudiantes en protesta contra el Ejecutivo.