El viernes fueron implementadas las normas que el Gobierno anunció en julio pasado para controlar al sector privado, con modificaciones que anunció a última hora el miércoles y que echaron atrás algunas de las más polémicas.
Las 20 normas legales agrupadas en decretos, así como 14 resoluciones complementarias fueron actualizadas el miércoles en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 77.
Para el economista Jorge A. Sanguinetty, consultado por DIARIO DE CUBA, las medidas representan restricciones a la actividad económica más eficiente en Cuba.
Sanguinetty cree, sin embargo, que las nuevas medidas "favorecerán a las empresas estatales que se dedican a la comercialización de algunos productos importados y otros manufacturados en Cuba, como ropa y calzado, ya que se prohíbe la comercialización privada para proteger el comercio estatal".
Como "consecuencia inmediata de estas restricciones", el experto menciona el estímulo a "la producción clandestina de estos artículos, su comercialización en el mercado negro, la disminución de la oferta de los artículos afectados y la natural subida de los precios tanto en el mercado oficial, como en el negro".
Además, opina que "los inspectores del Gobierno a cargo de vigilar las regulaciones tendrán más oportunidades de encontrar violaciones y poner multas y, por ende, de cobrar comisiones o sobornos aumentando los niveles de corrupción del país".
"Las medidas tienen efectos negativos para los emprendedores, pero positivos para los burócratas que pueden cobrar comisiones 'por debajo de la mesa' y para los trabajadores de las empresas estatales que no pueden enfrentar la competencia del sector privado", añade.
Para Sanguinetty, "no hay que olvidar que la empresa privada es aceptada en Cuba de una manera precaria e inestable como una medida de emergencia para liberar empleados que el Gobierno no ha podido emplear en sus empresas".
"Estas regulaciones, en conjunto, revelan más que el apego oficial a una forma fundamentalista y prácticamente enfermiza de marxismo, un profundo temor de los gobernantes a que las libertades económicas de los cubanos más emprendedores conduzcan a la desestabilización política del régimen, con consecuencias impredecibles a los 60 años de férrea tiranía", sostiene.
Recuerda que las nuevas regulaciones incluyen "requisitos de micromanejo empresarial, como dictar especificaciones, mientras los Consejos de Administración Provincial añaden más obstáculos a la economía mediante el control de precios y tarifas de todos los bienes y servicios que los cuentapropistas produzcan".
A la lista de obstáculos, Sanguinetty añade "la falta de garantías legales para las empresas, la imposibilidad de importar lo que necesiten y la carencia de mercados mayoristas".
"Que la envidia de los burócratas hacia los cuentapropistas haya jugado un papel en las regulaciones dictadas no se puede descartar, pero es dudoso que el Gobierno cubano vaya a dejar que se cree un verdadero y costoso nudo gordiano de la economía sobre tal base", sostiene.
El economista se inclina por creer que estas medidas "obedecen a una combinación de inseguridades políticas de algunos frente a la incertidumbre de lo que va a pasar cuando desaparezca Raúl Castro, pura incompetencia administrativa con una absoluta incomprensión de principios de economía, atavismos ideológicos que perduran, más el temor de perder el control del país".
"Puede que sea por eso que la represión parece aumentar en estos días", alerta.
Gran lentitud para reaccionar frente a un error
Acerca de las modificaciones a las regulaciones publicadas pocas horas antes de su entrada en vigor, considera que "los cambios hacia regulaciones menos restrictivas se deben a que algún miembro elevado de la nomenklatura, no se sabe quién o quiénes, se dio cuenta del disparate"
Para Sanguinetty, "la marcha atrás es muy significativa pues pone al descubierto un modo de operar muy errático del aparato gubernamental a cargo de la economía".
"Los funcionarios responsables de los cambios iniciales no saben lo que están haciendo, pero lo que es aún más grave, tampoco sus supervisores".
"Es obvio que el tiempo transcurrido entre el anuncio original de las regulaciones y su revisión denota una gran lentitud del Gobierno cubano para reaccionar frente a un gran error. La demora podría explicarse porque los que ordenaron la marcha atrás no están manejando la economía diaria o regularmente", añade.
Precisa que "podrían ser miembros del Partido, militares o funcionarios retirados que ahora se dedican al trabajo por cuenta propia o familiares y amigos muy allegados que deben haber puesto el grito en el cielo al ver que sus negocitos iban a ser severamente dañados por las nuevas restricciones".
El especialista sospecha que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel "tiene un asidero errático e inseguro de la economía nacional" y cita las siguientes razones: "el presidente no ha podido articular un equipo de trabajo eficiente, no hay economistas capaces en ese equipo o no les prestan atención o predominan los burócratas planificadores intoxicados de ese marxismo fundamentalista".
En opinión de Sanguinetty, "el episodio le resta puntos a la gestión de Díaz-Canel y reduce su credibilidad ante sus superiores".
"En cualquier caso, la marcha atrás es una buena noticia para los que se puedan beneficiar con los nuevos cambios, pero deja al descubierto la proverbial Espada de Damocles sobre las cabezas de los emprendedores cubanos", resume.
Control a un sector que está alcanzando un dinamismo no conocidos en la economía cubana
Consultado también sobre las nuevas regulaciones al sector privado, el economista Elías Amor considera que "toda medida que vaya dirigida a limitar el desempeño de la actividad económica privada es negativa".
"La acción del régimen contra los trabajadores por cuenta propia va más allá de cualquier planteamiento racional y es evidentemente una demostración de poder político, represión y control ante un sector que está alcanzando unas dimensiones y un dinamismo no conocidos en la economía cubana", considera.
Amor coincide con Sanguinetty en que "tratan de aplicar esquemas marxistas e intervencionistas a la actividad privada productiva, lo que acabará provocando su desaparición o transformación hacia la economía sumergida".
Para el economista cubano, radicado en Madrid, "se trata de medidas que no benefician a los cuentapropistas, sino que van contra ellos", pues "no se han negociado, ni se han consensuado".
"Se aplican por la fuerza como una demostración de quién tiene el poder", observa.
Los cubanos relegados
Amor lamenta cómo "durante la última Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2018) se expulsaba a los cuentapropistas del recinto al que iban a interesarse por operaciones con inversores extranjeros".
"El régimen prohíbe expresamente a estos hacer negocios con los cuentapropistas cubanos. No existe el reconocimiento a la empresa privada como tal", lamenta.
Para Amor, "las distintas fórmulas que sortean el concepto de propiedad son marginales y no ayudan al desarrollo de la economía".
"No existe una ley que regule el comportamiento de las empresas privadas. Los mercados mayoristas brillan por su ausencia y en su lugar funcionan las 'mulas' dirigidas por miembros del PCC que sortean los controles en las aduanas e introducen en el país los insumos que venden a los trabajadores por cuenta propia", señala.
"Muchos cuentapropistas no van a poder cumplir los requisitos que se establecen a partir de ahora ni cumplir con las normas bancarias, porque el sistema financiero cubano es pésimo", estima.
El Gobierno dice que algunas de las medidas responden a reclamos de los propios cuentapropistas, y otras apuntan a corregir "desviaciones y violaciones" y la falta de enfrentamiento y solución oportuna de los problemas, entre otras razones. Sin embargo, Amor no lo considera así.
"Los trabajadores por cuenta propia piden al Gobierno justo lo contrario: menos intervención y regulación, más libertad dentro de las normas y menos presión fiscal. (…) Hasta ahora ningún trabajador por cuenta propia ha reclamado medidas contra otros trabajadores por cuenta propia", dice.
El economista cree que "la competencia es sana" pese a la falta de mercados de abasto mayoristas y a que el Gobierno no liberaliza plenamente la prestación de servicios.
Distorsiones entre la actividad privada y estatal
Algunos analistas han considerado las medidas anunciadas en julio como una "venganza" de los burócratas con salarios miserables ante el éxito de algunos negocios privados. Otros creen que, más que regular el sector privado, estas medidas buscan abordar las desigualdades crecientes en la sociedad cubana.
Elías Amor está de acuerdo con que "algo de esto debe haber al respecto" y recuerda que "el salario medio de un trabajador se sitúa por debajo de los 24 dólares y un aparcacoches en La Habana puede llegar a ganar eso en un solo día".
"Existen distorsiones muy grandes entre los resultados de la actividad privada y los sueldos estatales, sobre todo de personal cualificado. El tipo de cambio del peso con el CUC ayuda a ello generando más distorsiones aún entre los cubanos con acceso a las divisas y los que malviven con sueldos estatales. Mucha gente no quiere estudiar en la universidad (…), sino dedicarse a la actividad privada, que exige trabajo, dinamismo y dedicación especial. Nada es gratis", sostiene.
En cuanto a la marcha atrás decretada esta semana, Elías considera que los cambios son significativos".
"Aunque apenas se toca el modelo se liberalizan algunos de los criterios restrictivos que se publicaron en la gaceta en julio. Digamos que se mantiene el enfoque de control y represión, pero los cuentapropistas tendrán algo más de margen para crecer sus negocios", afirma.
También tiene otro punto de coincidencia con Sanguinetty al considerar "que esta marcha atrás obedece al poco poder político de Díaz-Canel y su escasa valentía para hacer reformas".
Por otro lado, cree que también responde "a la grave crisis económica que no permite eliminar lo poco que funciona bien como es el cuentapropismo".