En su novela distópica 1984, George Orwell ilustró la perversión del lenguaje que caracteriza al socialismo real. En el mundo del IngSoc, el Ministerio de la Paz administra la guerra, y la represión y las ejecuciones están a cargo del Ministerio del Amor.
A este capítulo el castrismo había aportado hasta ahora innovaciones muy creativas. Las tareas impuestas por el Gobierno se denominan en Cuba trabajo voluntario, la cartilla de racionamiento se llama oficialmente libreta de abastecimiento y la oficina que autoriza las salidas del país es el Departamento de Inmigración.
Pero nada supera en cinismo y kafkianidad a los dos conceptos acuñados esta primavera para bautizar a la pantomima jurídico-propagandística que el general de ejército y primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) se sacó de la gorra: Constitución y referendo.
¿Cómo llamar Constitución a un código segregacionista urdido con sigilo en un par de semanas por tres docenas de burócratas del PCC y que vulnera derechos humanos reconocidos universalmente? Un documento que luego será glosado y comentado por un aquelarre de súbditos vigilados y temerosos, siempre dispuestos a aplaudir hasta con las orejas, si fuere necesario, y al que se aportarán todos los cambios cosméticos que las autoridades crean oportunos, sin tocar para nada lo esencial del asunto. Reglamento, prontuario o normativa serían nombres más adecuados para el engendro.
Otro tanto podría decirse del método establecido para justificar la promulgación del texto. Referendo o referéndum es, en román paladino, "procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos". En el caso que nos ocupa, la aprobación por "aplastante mayoría" (la mayoría en el socialismo siempre aplasta) se da por descontada.
Aun si un número apreciable de cubanos votara en contra o se abstuviera, el resultado positivo sería el mismo y no dudo de que incluso los porcentajes de participación, abstención y voto afirmativo ya estén decididos en las instancias competentes. Esa repartición se hará siguiendo aproximadamente las estadísticas de las últimas "elecciones" a los órganos del Poder Popular, de manera que parezca menos fraudulenta.
Es muy probable, pues, que vote el 95% del censo electoral, que la abstención y el voto negativo rocen el 5% y que la nueva/vieja Constitución quede aprobada con el 90% de los sufragios. En tiempos del difunto comandante en jefe nada por debajo del 99% hubiera sido aceptable, pero el país ha entrado ya en otra era, que no está pariendo un corazón sino una mojiganga al gusto de inversores europeos y turistas yanquis. Bienvenidos a la política espectáculo, versión Poscomunismo 2.0.
Ante el previsible resultado de la "consulta" actual habrá incluso quien manifieste su satisfacción por el deterioro del apoyo popular con que cuenta el régimen y calcule cuantos años (o siglos) tardaría a ese ritmo la oposición en granjearse la mayoría de los sufragios para —¡por fin!— dar inicio al cambio pacífico y democrático. Como solía decir Unamuno, siempre hay quienes prefieren contar los pelos del rabo de la Esfinge para no tener que mirarle a los ojos.
En junio del año pasado, 12 meses antes de que Raúl Castro anunciara el inicio del proyecto actual, publiqué en estas páginas un texto en el que reclamaba una nueva Constitución para la Isla. (Cuba sí necesita otra Constitución, 2/06/2017). Hice allí un somero análisis de los cambios necesarios, a la luz de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), instrumento del que Cuba es Estado signatario. Sería sencillo realizar una comparación análoga a partir de otros tratados internacionales que el Estado cubano también ha suscrito.
"Cuba necesita un gran pacto cívico", escribí entonces, "que restablezca la concordia nacional y coloque al país a la altura de los tiempos que vivimos. Para que las violaciones de derechos humanos dejen de estar entreveradas en las leyes de la nación, para que las fuerzas productivas puedan generar riqueza, para que los cubanos de dentro y de fuera puedan ir y venir libremente y reconstruir sus familias, para que la patria deje de ser hacienda de unos pocos jerarcas y se convierta en auténtico patrimonio de todos. Para que el Estado deje de ser un quiste histórico y llegue a ser un instrumento de desarrollo, garante de derechos y libertades".
El artefacto elaborado el mes pasado por la comisión constitucional del PCC es precisamente lo contrario de todo eso.
Sería prolijo y cansino detallar todas las contradicciones en que incurre el Gobierno de La Habana con respecto a esta operación de travestismo. Desde mantener el monopolio político del PCC mientras renuncia oficialmente al objetivo de construir el comunismo, hasta babagloriarse de que se ha vuelto tolerante con las religiones, las etnias y las identidades sexuales, mientras discrimina a la mitad de los cubanos por el color de sus ideas o el lugar que han escogido para vivir.
Sin duda los amanuenses que tuvieron a su cargo la redacción del nuevo código ignoran el significado de la DUDH, que en su artículo primero proclama: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", y acto seguido estipula que "Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".
La vulneración de esos y otros principios del derecho internacional, plasmada en el anteproyecto sujeto a comentario, determina la ilegitimidad previa del texto. Ante la perspectiva de colaborar con la pantomima a sabiendas de que nada fundamental podrá cambiarse, buena parte de la población hace caso omiso del asunto y dedica su tiempo a otros menesteres más nutritivos o más placenteros. En un sistema como el castrista, esa es, en realidad, la única actitud lógica y decorosa: darle la espalda al poder ilegítimo y negarse a participar en la farsa.